CCOO y las pensiones: ¿crítica o difamación?

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El voto particular de Miguel Ángel García (MAG), a la sazón director del gabinete Económico de CCOO, a favor del Informe sobre “El factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, elaborado por la llamada Comisión de Expertos, ha destapado la caja de los truenos. Desde la agitación mediática más cercana se ha arremetido contra MAG (ínclito, vendido, neoliberal, defensor de los intereses de los bancos, partidario de planes privados, infiltrado y otras perlas) por suscribir un informe que cuestiona buena parte de lo defendido por los sindicatos en el último periodo; pero también contra CCOO, por permitir que “su representante” actúe al margen de la posición sindical.

Vaya por delante una consideración personal: no encuentro razones para justificar el voto favorable, sobre todo porque el eje central del informe viene a santificar la reforma constitucional pactada por PP y PSOE que antepone el pago de la deuda al mantenimiento, por ejemplo, de pensiones dignas. Para muestra un botón, y no cualquier botón: el informe se carga la revalorización automática de las pensiones según IPC, un derecho legal al que no renunciará CCOO. Yo hubiera votado en contra y, a partir de ahí, hubiera justificado el voto particular.

Sin embargo, no todo lo que emerge en el vasto campo de la reflexión crítica es merecedor de este último término. Hacia MAG y hacia CCOO se han dirigido no críticas sino verdaderas descalificaciones procedentes de personas que han descubierto la rebelión interna en CCOO el mismo día en que advirtieron que las pensiones públicas preocupaban a la ciudadanía. Hasta la fecha, ignoraron manifestaciones, concentraciones, pactos y huelgas para defender un sistema público de pensiones. Pero ha bastado el voto favorable de Miguel Ángel García al Informe de los expertos, algo que resulta inaceptable, para que se active una verdadera cruzada contra CCOO sin otro ingrediente que el derivado de esta posición de voto.

Cierto que estamos ante un hecho relevante, sindical e informativamente, pero no es menos cierto que el sistema público de pensiones debería concitar un debate de mayor rigor y trascendencia. Para buena parte de las personas dispuestas a cortar cabezas por lo sucedido, las pensiones tendrían que ser en todo momento y ante cualquier situación, más altas, con el menor esfuerzo contributivo posible y durante el tiempo que sea necesario. Cuantos cambios maticen este principio serán rechazados. En mi opinión este tipo de actitudes indican el camino más corto a la desaparición del sistema público de pensiones. Los que andan al acecho en bancos y aseguradoras para hacerse con el negocio se frotarían las manos.

Por eso, me parece equilibrada y certera la declaración de la Comisión Ejecutiva y de las secretarias y secretarios generales de CCOO diagnosticando y evaluando los hechos. MAG se equivocó, sirvió en bandeja el malestar y la bronca, se cometió un error al participar “con una persona asociada al sindicato” en una comisión infectada de francotiradores contra el sistema público, para incentivar una reforma que no creemos necesaria. El acuerdo de referencia, el que analiza la salud del sistema y propone los cambios para su viabilidad futura es el de 2011, que ha entrado en vigor hace poco más de cinco meses. A él nos debemos.

Luis María González

La X Cumbre Social apoya las movilizaciones en junio contra la LOMCE y los recortes en educación

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La Cumbre Social, reunida hoy martes, 4 de junio, en su décimo plenario, ha debatido en sesión monográfica la situación de la educación y ha manifestado su apoyo a las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa, en el mes de junio, contra la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impuesta por el Gobierno, también conocida como Ley Wert, y contra los recortes en educación.

Esta Ley es la expresión de una política educativa basada en la involución cultural y democrática y el recorte (los presupuestos de este año ya contemplan un 14,4% menos y la participación en el PIB ha disminuido hasta el 3,9% desde el 5%). España está lejos de alcanzar el 6,1% del PIB que dedican lo países de nuestro entorno en educación. Este es el escenario sobre el que el gobierno ha realizado el diseño economicista del sistema educativo, basado en brutales recortes y sin apostar por una inversión en este campo, como aconsejan los organismos internacionales.

La Cumbre Social manifiesta su total oposición a la contrarreforma educativa que el Gobierno aprobó el 17 de mayo en Consejo de Ministros sin diálogo ni consenso social. Dicho Proyecto de Ley ha sido aprobado con la oposición de la inmensa mayoría de la Comunidad Educativa de todo el país, desoyendo las reiteradas peticiones de nuestra sociedad que exigen su retirada porque ataca el derecho a la educación globalmente considerado y, específicamente, a la educación pública. El resultado del texto es claramente contrario a lo que afirma defender, la calidad educativa.

De ser aprobada la Ley Wert, supondría un retroceso histórico para la educación de nuestro país, porque elimina la igualdad de oportunidades, disminuye las funciones y la participación de la comunidad educativa en el Consejo Escolar; vulnera derechos fundamentales, recogidos en varios artículos y disposiciones de la Constitución Española, por ser discriminatoria en cuanto hace prevalecer la religión sobre cualquier otra materia relativa a valores sociales, culturales y éticos; mantiene los conciertos a centros que segregan por razón de sexo (un obstáculo para promover desde la escuela la igualdad); incluye reválidas o pruebas externas, que establecerán rankings entre los distintos centros, e incorpora nuevos apartados referentes a las normas de convivencia y conducta que, entre otras medidas, pueden acarrear la expulsión temporal o definitiva del centro de los alumnos

Es por esto que la Cumbre Social exige la retirada de esta contrarreforma educativa, rechaza los recortes, entre ellos, la desaparición de becas y la subida de las tasas universitarias, que marginan a muchos estudiantes en el acceso a una educación superior, y exige al Gobierno que rectifique y busque el diálogo y el consenso social en un ámbito tan vital como la educación. Igualmente alerta sobre otra posible vuelta de tuerca ideológica en el sistema universitario español.

La Cumbre reafirma, una vez más, la defensa de una educación pública y universal, garante de la igualdad de oportunidades y de un desarrollo social y económico justo.

Por otro lado, la Cumbre Social realiza un llamamiento a la participación en las manifestaciones que tendrán lugar el 16 de junio en las principales ciudades del país -en algunas capitales, las manifestaciones se celebrarán los días 13 y 14 del mismo mes- y que forma parte de la semana de movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos, para reclamar una Europa más social y democrática.

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