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La Dependencia quebrada

rflores.and.ccoo.es | 20 Abril, 2012 12:29

Desde CCOO de Granada valoramos muy negativamente la cercenadura que pretende llevar a cabo el Gobierno Central sobre la implantación del Sistema de Dependencia. Asimismo, manifestamos nuestro más profundo rechazo a las políticas de recortes que el Gobierno del PP ha propuesto a través de los Presupuestos Generales del Estado, con la pretensión de ahorrar 27.300 millones de euros para cumplir con el 5,3% del déficit para 2012.

 

En particular, a CCOO nos parece inadmisible que, mediante estas políticas mezquinas, se ponga en peligro el proceso de implantación de la Ley de Dependencia, no sólo por el hecho de que se está negando un derecho subjetivo de los ciudadanos españoles con discapacidad y se renuncia a una importante conquista social, sino porque con ello se anula uno de los pocos yacimientos que, aun a pesar de la crisis, ha mantenido la creación de empleo. Es decir, justo en los tres años (de 2009 a 2011) de mayor intensidad de la crisis económica que sufre nuestro país, en la que prácticamente todas las actividades productivas han destruido más de un millón de empleos, los servicios de atención a la dependencia han generado más de 191.000 nuevos puestos de trabajo. Con todo, el Sistema de Dependencia todavía no ha alcanzado el techo de posibilidades que puede alcanzar en términos de empleo. La última etapa de implantación del Sistema de Dependencia, que culminará en el año 2015, podría generar todavía cerca de 200.000 nuevos puestos, 62.544 en Andalucía, ahora en jaque por el recorte estatal.

 

Considerando la importancia socioeconómica de la Ley de Dependencia,  CCOO ha realizado, en enero de 2012, una propuesta sindical para el relanzamiento de la implantación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).  Ésta ha sido redactada según los efectos de la moratoria de un año en la implantación del derecho a la protección de la dependencia, a los beneficiarios valorados con Grado I (dependencia moderada), que el Gobierno Central ha decretado en la Ley 20/2011 de 30 de diciembre. A fecha 1 de enero de 2012, son más de 305.000 las personas valoradas que, con derecho a prestación, no reciben todavía ningún tipo de ayuda efectiva. Además, el hecho de renunciar a atender a cerca de 33.000 nuevos dependientes moderados supondrá perder la oportunidad de crear hasta 6.200 nuevos empleos en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

 

Muestra una clara cortedad de miras el hecho de que el Gobierno, pese a los evidentes beneficios económicos que presenta la puesta en marcha del SAAD, pretenda ahorrar la ridícula cantidad de 283 millones de euros. Esta cifra es ridícula en comparación con los 75.000 millones que el Gobierno podría recaudar, según los inspectores de hacienda, si en vez de amnistiar a los defraudadores fiscales so pretexto de recaudar 2.500 millones de euros, intentara ingresar lo que por ley, como al resto de ciudadanos, les corresponde pagar a las grandes fortunas. Además, el pretendido “ahorro” en el gasto de esta moratoria será realmente bajo y en ningún caso parece justificar una quiebra del principio de igualdad de las personas dependientes en su derecho al acceso a las coberturas del Sistema de Dependencia.

 

En realidad, el recorte que plantea el Gobierno en su proyecto de presupuestos es también la ruptura del modelo de financiación, pues la mengua presupuestaria se hace en el “nivel acordado de financiación” con las Comunidades Autónomas,  lo que en la práctica supondrá el incumplimiento del compromiso de financiación que al Gobierno Central le corresponde por ley. A su vez, ello provocará la renuncia del Gobierno a exigir el compromiso de co-financiación de las CCAA mediante los correspondientes Convenios que desarrollan este nivel de financiación.

 

Ante esto, solo cabe denunciar y lamentar que el Gobierno del Partido Popular entienda el Sistema de Dependencia como un mero “gasto” en lugar de como una verdadera “inversión” para la reactivación económica y la creación de empleo. Hemos de valorar la rentabilidad social y el hecho de que la inversión en la implantación del SAAD y la consecuente creación de empleo supone adicionalmente importantes retornos económicos a las arcas públicas en forma de recaudación fiscal por actividades económicas, cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos trabajadores contratados, impuesto sobre el valor añadido (IVA)... Todo ello, además de la injusticia social que supone hacer recaer los ajustes en el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia.

 

Desde CCOO creemos que es necesario relanzar la implantación del SAAD porque es una cuestión de justicia social para con los más débiles de la sociedad (las personas mayores y quienes sufren discapacidad prioritariamente, pero también las mujeres que, en gran medida, son quienes se ven directa o indirectamente obligadas a atenderlas sin recursos de apoyo). En este sentido, se hace especialmente necesario abrir un proceso de reafirmación del compromiso político y social con el desarrollo de la Ley de Dependencia y la implantación del SAAD, mediante un nuevo acuerdo social y político que venga a garantizar la mejora de la protección social y su papel en la dinamización de la actividad económica y la creación de empleo. Se han de operar los instrumentos que faciliten la necesaria garantía de sostenibilidad y suficiencia financiera del Sistema de Dependencia. Los esfuerzos han de concentrarse no en estudiar cómo paralizar la implantación del Sistema como fórmula de reducción de gasto, sino en asegurar su eficiencia social y económica, y en resolver los importantes retos que el futuro nos depara.

 

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