Luca Caballero

Al cómico italiano Beppe Grillo las cosas le fueron bien en las recientes elecciones italianas. Un 25% de los votos, fuerza decisiva para la gobernabilidad del país y una nueva forma de entender la política, o lo que sea. Se aprovechó como nadie de la crisis institucional italiana; arremetió por igual contra la derecha y la izquierda; jaleó aquello de todos son iguales; y ocupó con innegable éxito el vacío ciudadano ante el fuerte descrédito de la política.

Ya están en las instituciones que tanto criticaron. Ya forman parte del juego democrático. Ya pueden exhibir ante el país entero su nueva forma de hacer política. ¿En qué consiste? En primer lugar en hacer posible la cuadratura del círculo: Grillo proclamó con insistencia que el Movimiento que representa no es ni de izquierdas ni de derechas y, por tanto, no apoyará ni a Bersani ni a Berlusconi. Pero entonces, ¿a quién o qué apoya Grillo? Porque ahora, no vale la fácil retórica de la crisis del sistema, de la política, de Italia y del mundo. Te han votado 9 millones de ciudadanas y ciudadanos italianos para que intervengas en el Congreso y en el Senado y contribuyas a solucionar los problemas de la gente. Contra todo se vivía mejor, pero ha llegado el momento de explicar lo que quieres hacer.

De repente se acabó la fábula. El feliz hallazgo de la política sin alma, del programa sin ideología debe pasar una dura prueba, y no hay excusas que valgan. O permites gobernar a Berlusconi, o facilitas el gobierno del vencedor de las elecciones, el líder de la izquierda moderada, Bersani. Claro que, también, puedes mantener en vilo a Italia y a Europa y provocar nuevas elecciones, quizás el principal objetivo de Grillo.

Pero no le va a resultar tan sencillo. Hace unos días conoció las dificultades de la política en democracia. Se votó la presidencia del Senado. Dos candidatos, uno de la izquierda -un magistrado de honestidad probada-, y otro de la derecha, un hombre próximo a la mafia. Grillo pidió encarecidamente que el Movimiento 5 estrellas se abstuviera, lo que hubiera significado el triunfo de la mafia; pero una digna rebelión de 14 de sus senadores, propició la elección del candidato de la izquierda. La primera reacción de Grillo fue proponer la expulsión de estos 14 senadores. Muy propio de la política que tantas veces denostó.

Y es que los experimentos con gaseosa. Expulsar a los corruptos de la vida pública, sí. Airear la democracia y renovar la vida interna de los partidos también. Reformar las leyes electorales y fomentar la democracia participativa, sí. Endurecer la legislación contra quienes acuden a la política para blindar su persona y sus negocios, también. Pero depositar nuestra confianza en quienes, al calor de esta situación, arremeten contra todo y contra todos, en aquellos que niegan la ideología, despotrican contra la política y prometen proyectos imaginarios y nihilistas, puede conducirnos a un desastre mayor. Porque como advirtió un grupo de intelectuales italianos, Grillo ha venido a ocupar un vacío para seguir dejándolo vacío.

Luis María González

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Es el precio del rescate. El que nos impone Bruselas. El que servilmente acepta Rajoy. Y eso que no fuimos nosotros los presionados sino los que presionamos a los dirigentes comunitarios para que se activara “un rescate sin condiciones”. Sea como fuere, asistimos a la mayor estafa política desde la transición democrática, porque no solo se recortan derechos y prestaciones hasta límites desconocidos; estamos ante un nuevo proyecto de sociedad desarticulada, insolidaria, atenazada por el miedo, asentada en principios y valores hostiles con la democracia, incompatibles con la Constitución. Es un programa de gobierno que surge de una agenda oculta que no se sometió al veredicto de las urnas.

 Cuando el presidente del Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados, su enésimo plan de recortes, sorprendió su radical contenido antisocial (menos prestaciones para las personas en paro, drástico recorte salarial y más jornada para los empleados públicos, que se quedarán sin paga de Navidad, nuevo golpe a las pensiones, confirmación del recorte a la dependencia, imprudente subida del IVA, irresponsable bajada a los empresarios de las cotizaciones sociales), su renuncia a generar actividad económica y empleo; la fuerte vocación centralizadora y antidemocrática frente a ayuntamientos y comunidades autónomas; la privatización de las empresas públicas; y el desmantelamiento del Estado; pero no menos grave fue la puesta en escena del plan: un presidente sonriente anunciando recortes por doquier mientras la bancada popular aplaudía con entusiasmo.

 El tono de su intervención se vuelve irritante cuando para justificar el plan de recortes se acuerda de las personas en paro “lo único que realmente me preocupa”. El dramaturgo británico y amigo de Tomas Moro, John Heywood, ya advirtió que “es más fácil elogiar la pobreza que soportarla”, una reflexión muy oportuna para tanto proveedor de ideología conservadora dispuesto a elevar la impostura a categoría política.

 Fraude a la ciudadanía

 El 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular ganó las elecciones.  Las ganó por mayoría absoluta. Poco después formó gobierno, echando mano de mujeres y hombres sabios, con largo expediente académico y dilatada experiencia. Transcurridos siete meses, cabe decir aquello de que no sabían tanto. Su curriculum apenas sirve para tapar su abrupta ineptitud, y su capitán de barco navega a la deriva haciendo honor a su pasión por la pereza. Eso sí, fieles escuderos del liberalismo rampante no han dudado en poner el país patas arriba, quebrando la convivencia, arruinando el Estado de bienestar, subvirtiendo la democracia. Como paradigma del nuevo discurso corporativo, sustentado en el decreto, ajeno a la participación de la ciudadanía, y hostil con la democracia, el ejecutivo conservador está consumando un espectacular fraude de ley, sacándose de la manga un programa de gobierno que negó tres veces en el proceso electoral. No es que se sienta incómodo con el ideario que inspira la obsesión por el déficit o el adelgazamiento del Estado;  pero anda perdido por no poder administrar a su antojo los tiempos de ejecución.

 El Ejecutivo de Rajoy se burla de la democracia, y en esto no conviene frivolizar. Lleva siete meses gobernando mediante decretos. Ha arruinado el diálogo social y político –salvo algunos pinitos con Rubalcaba-. Huye como de la peste del debate de ideas. Acrecienta el poder coercitivo del Estado para tratar de neutralizar la respuesta social. Impulsa la subalternidad de las instituciones democráticas. Agranda su figura de marioneta del lobby conservador europeo. Hace añicos su contrato electoral con la ciudadanía. Levanta un muro entre la sociedad y la política. Acaricia el elitismo corporativo en su relación con los grandes empresarios y banqueros del país. Exhibe un contumaz desprecio por el mundo del trabajo y los sindicatos. Consolida un modelo discriminatorio de relaciones sociales. Estimula la comunicación sectárea frente al pluralismo y la reflexión crítica. Y todo ello va minando el crédito de la política y la democracia en beneficio de populistas y ultraconservadores a los que la cultura democrática les sobra.

 En este contexto, adquiere una dimensión singular la propuesta del movimiento sindical de celebrar una consulta el próximo otoño para que trabajadores y ciudadanas se pronuncien sobre los sucesivos paquetes de recortes sociales y laborales que está aplicando el Gobierno. Los sindicatos están cargados de razón al explicar esta consulta como consecuencia de la estafa que supone solicitar el voto para un programa y gobernar con otro. Insisto, no estamos ante una quiebra de su ideario, porque sería tanto como decir que el PP en el fondo no cree en la desregulación de los derechos y la inutilidad del Estado. Lo que sucede es que ya no gobierna los tiempos y entonces precipita la acción ilegítima de gobierno.

 Después del verano, por tanto, nos espera un calendario de intensa actividad. De movilización y reivindicación para hacer frente a un plan de agresiones sin precedentes. De movilización y propuesta para pedir a la ciudadanía el pronunciamiento sobre la política del Gobierno. Del resultado podría desprenderse la posibilidad de exigir nuevas elecciones porque este Gobierno ya no estaría en condiciones de seguir engañando a la gente.

 Luis M. González

(*) Artículo publicado en Nuevatribuna

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Es el precio del rescate. El que nos impone Bruselas. El que servilmente acepta Rajoy. Y eso que no fuimos nosotros los presionados sino los que presionamos a los dirigentes comunitarios para que se activara “un rescate sin condiciones”. Sea como fuere, asistimos a la mayor estafa política desde la transición democrática, porque no solo se recortan derechos y prestaciones hasta límites desconocidos; estamos ante un nuevo proyecto de sociedad desarticulada, insolidaria, atenazada por el miedo, asentada en principios y valores hostiles con la democracia, incompatibles con la Constitución. Es un programa de gobierno que surge de una agenda oculta que no se sometió al veredicto de las urnas.

Cuando el presidente del Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados, su enésimo plan de recortes, sorprendió su radical contenido antisocial (menos prestaciones para las personas en paro, drástico recorte salarial y más jornada para los empleados públicos, que se quedarán sin paga de Navidad, nuevo golpe a las pensiones, confirmación del recorte a la dependencia, imprudente subida del IVA, irresponsable bajada a los empresarios de las cotizaciones sociales), su renuncia a generar actividad económica y empleo; la fuerte vocación centralizadora y antidemocrática frente a ayuntamientos y comunidades autónomas; la privatización de las empresas públicas; y el desmantelamiento del Estado; pero no menos grave fue la puesta en escena del plan: un presidente sonriente anunciando recortes por doquier mientras la bancada popular aplaudía con entusiasmo.

El tono de su intervención se vuelve irritante cuando para justificar el plan de recortes se acuerda de las personas en paro “lo único que realmente me preocupa”. El dramaturgo británico y amigo de Tomas Moro, John Heywood, ya advirtió que “es más fácil elogiar la pobreza que soportarla”, una reflexión muy oportuna para tanto proveedor de ideología conservadora dispuesto a elevar la impostura a categoría política.

 Fraude a la ciudadanía

El 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular ganó las elecciones.  Las ganó por mayoría absoluta. Poco después formó gobierno, echando mano de mujeres y hombres sabios, con largo expediente académico y dilatada experiencia. Transcurridos siete meses, cabe decir aquello de que no sabían tanto. Su curriculum apenas sirve para tapar su abrupta ineptitud, y su capitán de barco navega a la deriva haciendo honor a su pasión por la pereza. Eso sí, fieles escuderos del liberalismo rampante no han dudado en poner el país patas arriba, quebrando la convivencia, arruinando el Estado de bienestar, subvirtiendo la democracia. Como paradigma del nuevo discurso corporativo, sustentado en el decreto, ajeno a la participación de la ciudadanía, y hostil con la democracia, el ejecutivo conservador está consumando un espectacular fraude de ley, sacándose de la manga un programa de gobierno que negó tres veces en el proceso electoral. No es que se sienta incómodo con el ideario que inspira la obsesión por el déficit o el adelgazamiento del Estado;  pero anda perdido por no poder administrar a su antojo los tiempos de ejecución.

El Ejecutivo de Rajoy se burla de la democracia, y en esto no conviene frivolizar. Lleva siete meses gobernando mediante decretos. Ha arruinado el diálogo social y político –salvo algunos pinitos con Rubalcaba-. Huye como de la peste del debate de ideas. Acrecienta el poder coercitivo del Estado para tratar de neutralizar la respuesta social. Impulsa la subalternidad de las instituciones democráticas. Agranda su figura de marioneta del lobby conservador europeo. Hace añicos su contrato electoral con la ciudadanía. Levanta un muro entre la sociedad y la política. Acaricia el elitismo corporativo en su relación con los grandes empresarios y banqueros del país. Exhibe un contumaz desprecio por el mundo del trabajo y los sindicatos. Consolida un modelo discriminatorio de relaciones sociales. Estimula la comunicación sectárea frente al pluralismo y la reflexión crítica. Y todo ello va minando el crédito de la política y la democracia en beneficio de populistas y ultraconservadores a los que la cultura democrática les sobra.

En este contexto, adquiere una dimensión singular la propuesta del movimiento sindical de celebrar una consulta el próximo otoño para que trabajadores y ciudadanas se pronuncien sobre los sucesivos paquetes de recortes sociales y laborales que está aplicando el Gobierno. Los sindicatos están cargados de razón al explicar esta consulta como consecuencia de la estafa que supone solicitar el voto para un programa y gobernar con otro. Insisto, no estamos ante una quiebra de su ideario, porque sería tanto como decir que el PP en el fondo no cree en la desregulación de los derechos y la inutilidad del Estado. Lo que sucede es que ya no gobierna los tiempos y entonces precipita la acción ilegítima de gobierno.

Después del verano, por tanto, nos espera un calendario de intensa actividad. De movilización y reivindicación para hacer frente a un plan de agresiones sin precedentes. De movilización y propuesta para pedir a la ciudadanía el pronunciamiento sobre la política del Gobierno. Del resultado podría desprenderse la posibilidad de exigir nuevas elecciones porque este Gobierno ya no estaría en condiciones de seguir engañando a la gente.

 Luis M. González

(*) Artículo publicado en Nuevatribuna el 13 de julio

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Salieron desde varios puntos de Asturias, Castilla y León y Aragón en el transporte más seguro para llevar sus reivindicaciones a Madrid: andando. Son mineros y no quieren dejar de serlo. Han sido homenajeados por cuantos pueblos han pasado. No les ha faltado comida, bebida, y algo parecido a un descanso digno. En la Comunidad de Madrid, el recibimiento ha elevado, si cabe, el tono de entusiasmo y apoyo a sus reivindicaciones. En la urbanización “Rosa Luxemburgo” de Aravaca, la emoción subió enteros con el concierto simbólico organizado por la Asociación del barrio y que tuvo como invitados de excepción a Víctor Manuel, Aute y Luis Pastor. Era la noche del 9 de julio. Un día después, Toxo y Méndez volvieron a encontrarse con los mineros -si es que alguna vez dejaron de hacerlo; todos los mineros y mineras de la marcha están afiliados a CCOO o UGT, pese a ciertas ‘crónicas de aventura’ de algún medio de comunicación, en las que estas siglas no existen- poco antes de iniciar su etapa final y hacer su entrada en la capital en medio de una multitudinaria manifestación. Una hora antes, los rectores de las universidades Complutense y Politécnica les ofrecieron sus instalaciones y les dieron la bienvenida.

 Llegados a Moncloa siguieron el mismo itinerario que una semana antes había elegido la selección española de fútbol, tras conseguir su victoria en la final de la Eurocopa. “Esta es nuestra selección” le gritaban las decenas de miles de personas que en la noche madrileña les recibieron pacientes y solidarios. Sin duda, es el mejor lema que se podía corear a los hombres y mujeres de la mina que hacen honor a su historia de coraje y talento. La selección de fútbol ganó un título y fue aclamada y generosamente recompensada. Los mineros pueden perder su empleo y su condición de ciudadanos y el Gobierno les ignora y les humilla. No necesitábamos más ejemplos de indecencia, pero este último del ejecutivo español, resulta incalificable.

 Hoy miércoles, la lucha de los mineros ha concluido con otra manifestación para recordar. Cerca de 50 mil personas tomaron la Castellana de Madrid y arroparon a los mineros en sus reivindicaciones. De nuevo, emplazaron al ministro de Industria para que de las decenas de miles de millones de euros que se dedicarán a las entidades financieras, se aparten apenas 200 para la industria del carbón. Pero Soria no sabe, no contesta. Lo que sí sabe es que los mineros y sus familias no se callarán y continuarán la lucha. Cuentan, como no, con el firme apoyo de sus sindicatos.

 Luis M. González

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Salieron de Asturias, Castilla y León y Aragón el 22 de junio y ya están en Madrid. El 10 de julio se encontrarán en la capital de España las dos columnas que forman esta marcha negra y en medio del masivo recibimiento ciudadano sus integrantes se fundirán en un abrazo, que expresa mejor que cualquier otro gesto la unidad de los mineros para defender las minas, el empleo, el futuro de sus hijos, la dignidad. Son mineros en su mayoría de CCOO y UGT y cuentan con el firme apoyo de estos sindicatos en todas sus reivindicaciones. Toxo y Méndez han estado con ellos en sendas etapas de su particular tour minero. El Gobierno de Rajoy echó la culpa a Zapatero para justificar su decisión de recortar las ayudas al sector del carbón; incluso echó mano de la Unión Europea para huir de sus responsabilidades. Pero lo explicó bien el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Felipe López: “Los argumentos que esgrime el Gobierno para justificar el recorte de más del 60% en los presupuestos del Plan del Carbón 2006-2011 son falsos. Contrariamente a lo que afirma de que se trata de una imposición europea, sabemos que la decisión es competencia exclusiva del Ejecutivo español”.

 No lo va a tener fácil Mariano Rajoy y su ministro de Industria, Soria. Su hierática actitud, confundiendo cifras con personas, choca con gente curtida en mil batallas. Miles de ciudadanos y ciudadanas han mostrado su apoyo y simpatía a los mineros por cuantos pueblos y ciudades han pasado. En Madrid, el recibimiento ha sido el que se merecían, y el 11 de julio, serán otra vez decenas de miles los que se manifestarán con ellos hasta llegar al Ministerio de Industria. Pincha en hueso el Gobierno. CCOO y UGT, que son sus sindicatos, forman una sólida y solidaria familia con los mineros. Su causa es la de pueblos enteros que viven de la mina. Algún que otro analista o dandy de la política ha sugerido que el carbón no tiene futuro, y que daña el medio ambiente. “Hace tiempo que debieron apostar por otra industria”, dicen. Queda bien en una charla académica, pero la vida sigue su curso y la de los mineros no está para lindezas de este tipo. Si hubo que activar otros sectores productivos, no es una responsabilidad de quien se juega la vida cada instante en las galerías de la mina.

 Algunos medios de comunicación, interpretando temerariamente el conflicto, destacan cada día “la violencia de los mineros”. Desprecian la posibilidad cierta de un futuro sin empleo, con la familia destrozada y la mina cerrada. Un futuro negro para comarcas enteras. Juegan con fuego, porque la paciencia tiene un límite y no está la cosa para juzgar con frivolidad. Los sindicatos y los mineros sabrán pelear por lo que es justo. El Gobierno debe tomar nota. Va siendo hora de que empiece a pensar en las personas y deje de obsesionarse con tanto número.

 Luis M. González

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Hace unos días, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo interpretaba las reiteradas negativas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reunirse con los dirigentes de CCOO y UGT, como una posible patología de alergia a los sindicatos. Creo que tiene razón Toxo. La pasión por la pereza que practica el presidente no es compatible con el engorro de tener que alterar su ánimo con estos sindicatos empeñados en defender los derechos de los trabajadores en pleno siglo XXI.

 Dicen que el gato pierde los pelos solo en presencia de gente alérgica. Desconocemos si la alergia ha de ser cutánea, pulmonar, ocular, digestiva. La de Rajoy es una alergia muy común en los gobernantes, especialmente en aquellos vinculados al ideario liberal. Cabría clasificarla como una ‘alergia intelectual’ al mundo del trabajo, que en tiempo de crisis pasa a tener síntomas de acusada gravedad. Me preocupa, en este sentido, la precipitada alopecia de algunos sindicalistas. Rajoy puede asistir a encuentros con la Conferencia Episcopal, con la CEOE, con las grandes empresas,  con la industria farmacéutica o con el Consejo General del Poder Judicial; pero le cuesta recibir a los sindicatos. Vamos que no los quiere ver ni en pintura.

 Hace seis meses que llegó a la Presidencia del Gobierno. Seis meses de dura crisis, de recortes, de ajustes, de eliminación de derechos, de paro sin límites, de parados sin prestación, de sanidad deteriorada, de educación pública maltratada, de colapso financiero, de primas con riesgo, de rescate impronunciable, de salarios a la baja e incompetencia desbocada. Pues el hombre, a camino entre Madrid y Berlín, no ha encontrado una hora para departir con los dirigentes sindicales. Para tomar un café y hablar de lo mal que está el mundo. Incluso en el descanso de algún partido de fútbol o de tenis. No ha sido posible.

 Me asaltan las dudas sobre la capacidad de este gobierno para hacerse con las riendas del país. Nos abrumaron con su enorme saber y abundantes masteres. Pero se echa en falta sentido común en medio de tanto curriculum.

 Todo cuadra. Rajoy ha puesto en marcha una verdadera cruzada antisindical. Se siente cómodo ante la cacería abierta contra los sindicatos por el aparato mediático que le apoya. Y no es de extrañar que a lomos de esta orgía contra los sindicatos de los medios de comunicación conservadores, Rajoy levante una barricada de leyes antisociales para tratar de erosionar la acción de los sindicatos. Allá él. La historia confirma que los gobiernos pasan y los sindicatos perduran. Y no será suficiente ni su carisma ni su energía para cambiar el curso de la historia.

 Luis María González

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A la cita contra Syriza no faltó nadie. Parece que consiguieron su objetivo: la derecha de Nueva Democracia ganó las elecciones y gracias al particular sistema electoral griego podrá gobernar con el apoyo de cualquiera de las organizaciones que arengaron contra la formación de izquierdas. La prensa europea califica de europeísta a la derecha griega y proclama que su triunfo es un  alivio para el euro.

 Triste paradoja. La derecha que el domingo consiguió, por escaso margen, ganar las elecciones, es la misma que renegaba de Europa no hace mucho tiempo. En la cruzada contra Syriza no ha estado ausente el KKE (comunistas) mucho más cerca de Stalin que de Marx. Ni tampoco los socialistas o los verdes, estos últimos incapaces de cruzar la línea roja que separa las políticas progresistas de las conservadoras. Una alianza política y financiera, institucional y económica, de mercados y voceros del liberalismo. Y ahí están, dispuestos a tranquilizar a la canciller Merkel, aunque sea a costa de una nueva vuelta de tuerca contra la ciudadanía helena.

 Rajoy no faltó al contubernio. Proclamó desde México (acude a la cita del G20) su satisfacción por los resultados en Grecia y coreó la canción de Eurovisión: son buenos para Grecia, para España y para Europa. Pero ni la letra ni la música tienen mucho que ver con la realidad. Los mercados solo entienden de negocio y de dinero, y al día siguiente del ‘éxito griego’, nuestra prima de riesgo batió récord y la bolsa miró al suelo.

 La moderna inquisición

 En su declaración tras las elecciones griegas, CCOO denunció la lamentable injerencia de los responsables de las instituciones europeas y de muchos gobiernos en la vida interna del país heleno para impedir por todos los medios “que una opción de izquierdas, Syriza, pudiera ganar las elecciones. Una campaña antidemocrática que se ha basado además en una mentira: Syriza siempre expresó su apoyo a la permanencia en el euro y en la UE. Solo centró su propuesta electoral en la petición de renegociar las condiciones del rescate”.

Entonces ¿a qué viene tanta calumnia? A la fuerte devaluación de la democracia y de la política en beneficio del poder económico y financiero. Si un proyecto político osa cuestionar el discurso liberal recibirá la visita de la Santa Inquisición.

 Y sin embargo, Grecia para salir del hundimiento económico y social, al que tanto han contribuido las políticas impuestas por la troika (Comisión Europea, BCE y FMI), de las que se vanagloria Ángela Mérkel, necesita con urgencia renegociar las condiciones de  rescate y recibir un plan especial de ayuda, como propone Syriza. Todos los analistas, al menos los que no son propagandistas, advierten que si se siguen imponiendo, sin  más, las condiciones de su plan de rescate, Grecia continuará en la depresión y nunca podrá devolver los préstamos.

 Pero eso no importa. Como denuncia CCOO, los responsables políticos de la UE han aplaudido que las elecciones griegas las ganaran los conservadores de Nueva Democracia “el partido que cuando estuvo en el Gobierno, falsificó las cuentas públicas de Grecia con la ayuda del banco norteamericano Goldman Sachs, cuyo vicepresidente para Europa era, en ese momento, Mario Draghi, el actual presidente del BCE”. Por cierto Goldman Sachs es también el banco al que ha recurrido Guindos para tasar Bankia, tras su nacionalización.

 Son las cosas de la degradación moral de algunos dirigentes políticos y responsables institucionales (Almunia en vanguardia), dispuestos a convertir su cobardía ante los mercados (si no su complicidad) en oficio inquisitorial liberalismo en mano. Que nadie impugne sus profecías. Hacen honor a lo que son. Por eso la mentira es la única verdad en la boca del necio.

Luis María González

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“No existe pasión más poderosa que la pasión por la pereza”, recordó el escritor irlandés Samuel Beckett. La duda está en saber si resulta soportable en un gobierno sumar a la pasión por la pereza  el atrevimiento de la ignorancia. Lo que iba a ser el equipo mejor formado, el de los mejores, está ofreciendo un espectáculo bochornoso, solo al alcance de unos pocos.

 Es conocida la afición a la pereza del presidente del Gobierno. Atesora saber, pero no tiene tiempo de aplicarlo. A veces, puede más un buen puro que una gestión política. O un partido de fútbol, o de tenis. Mención especial a una prueba ciclista. Y siendo comprensible y hasta saludable, que Mariano Rajoy participe de las preocupaciones y debilidades del común de los mortales, convendría no confundir las cosas.

 Fue un comentario generalizado, la poca solvencia del Gobierno de Zapatero para enfrentar tiempos de crisis, inactividad económica y paro. Se  acusó al presidente de incapacidad y hasta de falta de ‘expediente académico’.  Entre sus detractores, destacaron dirigentes de la derecha española y sus proveedores mediáticos. Muchos censuramos el radical cambio de rumbo de su política económica; pero viene a cuento la impugnación conservadora porque el tono soez de su crítica al anterior ejecutivo alcanzó cotas insospechadas.

 Camino de récord

 Casi un semestre de acción de gobierno y este grupo de ministros capitaneados por Rajoy ya aspiran a entrar en el Libro Guinness de los Récords. Un libro que registra los “logros humanos y del mundo natural”, y que en este caso debería referirse a la capacidad ilimitada de malograr en el menor tiempo posible una gestión de gobierno. Ministros que han confundido la educación con el racionamiento; la cultura con la bolsa; la sanidad con la contabilidad; la economía con la dieta de adelgazamiento; el turismo con los toros y el cemento; el medio ambiente con el mal ambiente; la justicia con la ley de dios; el trabajo con la prima de riesgo; los derechos con la amnistía fiscal; la industria con un manual de historia; las ciudadanas y ciudadanos con súbditos; la democracia con un mal trago; y la siesta con la pereza.

Va siendo hora de que cada palo aguante su vela. He leído y escuchado las palabras de la ministra de Sanidad, Ana Mato,  explicando en rueda de prensa sus logros en el ministerio, y aún creo estar contemplando a una estudiante en un examen oral que no había preparado. Es la ministra de Sanidad, la que cuida de nuestra salud y su galimatías verbal es digno de un trabalenguas. Pero, claro, no olvidemos que hablaba sanidad universal, directivas comunitarias, prestaciones farmacéuticas, personas en paro  sin prestación y pensionistas a los que daba la bienvenida al sistema nacional de salud. Patética exhibición, si no fuera porque sus recortes en este campo afectan, y esta vez de verdad, a la salud de la ciudadanía.

 Quizás el hartazgo ante tanta temeridad e indolencia llegó el pasado sábado, 9 de junio, cuando el eurogrupo “decidió aceptar la petición del Gobierno español de un préstamo de hasta 100 mil millones de euros para sanear el sistema financiero de nuestro país”. El país estaba en la UVI, la prima de riesgo desbocada (y ahí sigue) y la economía maltrecha. Y Rajoy haciendo las maletas para viajar a Polonia al partido de la selección española. Compareció Guindos. A su manera explicó lo inexplicable y evitó pronunciar la palabra rescate, porque era “una línea de crédito”.

 Todo un presidente del Gobierno guardando silencio en palacio. En tiempos de dificultad y decisiones comprometidas para todos, Rajoy vuelve a hacer mutis por el foro y delega en el ministro de Economía, “que fue el que asistió a  la reunión por videoconferencia del eurogrupo”.  El escándalo fue mayúsculo, la censura de los medios de comunicación muy generalizada y el malestar de la gente en aumento. Por eso, al día siguiente compareció el presidente para decir que todo estaba encauzado y que se iba a Polonia a ver a la roja.

Una semana después, encauzado, más bien encauzado, no parece que esté. El chantaje de los mercados no cesa y la prima de riesgo no para de subir. A este Gobierno le sobra pereza y le falta sangre. La colección de masteres no es suficiente para vencer la ignorancia.  Y lo malo de la ignorancia es que va adquiriendo confianza a medida que se prolonga.

Luis María González

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Artículo publicado en NUEVATRIBUNA

La crisis de la economía y de las finanzas que sufre Europa, y de manera singular España, está alumbrando un verdadero paraíso de charlatanes. Y no quiero asociar esta afirmación a un simple ejercicio de frivolidad. Estamos ante una peligrosa ofensiva del ideario liberal y conservador contra la política y la democracia. Y como siempre, al frente de este pelotón de charlatanes encontramos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Los dirigentes del PP, en su carrera hacia la Moncloa, se presentaron en sociedad como listos, solventes y sobradamente preparados. Nos agobiaron con títulos, masteres y especialidades diversas. Creyeron que su sola presencia en palacio tranquilizaría a los insaciables mercados y que los índices macroeconómicos se estabilizarían. El único problema era la deuda recibida, pero un buen gobierno puede con todo.

 Vamos camino de los seis meses de ejecutivo conservador  y las numerosas reformas, recortes y su larga nómina de damnificados  demuestran que tanta acumulación de saber no ha sido suficiente para enderezar el rumbo. Por el contrario asistimos a una gigantesca exhibición de insensibilidad, improvisación y malas artes. El rescate financiero se nos echa encima. Se desboca el paro y el drama personal y familiar trasciende a las estadísticas. El Estado de bienestar camino del malestar. Arrasan con todo. Hasta la democracia se resiente.

 Políticos contra la democracia

 La economía especulativa, el capitalismo de casino y sus valedores políticos nos metieron de lleno en la crisis hace cuatro años. Una crisis que contagió la economía productiva y disparó el desempleo, sobre todo en los países del sur de Europa. En España, la crisis se cebó con los asalariados y los sectores más desfavorecidos, a los que el Gobierno de Rajoy no ha dejado de golpear con una agenda plagada de recortes económicos, sociales y laborales. La crisis les envió al desempleo y Rajoy los remató.

 Por si la incertidumbre no era suficiente, la derecha, que ya hace poco más de un año había pactado con Zapatero la eliminación de las Cajas de Ahorro y su precipitada bancarización, irrumpe cual elefante en cacharrería y activa una siniestra operación en el sistema financiero, de la mano de los banqueros más poderosos. España, dicen, no da para cuatro grandes grupos. Bankia debe pasar a la reserva, gestionada por leales y en el futuro debidamente subastada. Y para esta conspiración que no falten recursos: 24.000 millones de euros a un equipo gestor encabezado por Goirigolzarri, el mismo de la fusión de BBV-Argentaria, el de los 64 millones de pensión de este banco fusionado, el amigo de Guindos. Y si el regulador público (Banco de España) resulta incómodo, se contrata a un banco privado de inversión estadounidense (Goldman Sachs) para tasar Bankia.

 Y en esto llega la campaña de los políticos del PP -no todos- contra la política, contra la democracia. Sobran concejales, diputados, representantes de la ciudadanía. “Necesitamos más emprendedores y menos políticos” (pura retórica, porque los llamados emprendedores empiezan a estar hartos de tanta mentira). La derecha no pierde el tiempo y aprovecha el descrédito de una banda de representantes públicos (en política como en la vida, la insolvencia y la corrupción están presentes) para hacer liberalismo académico y arremeter contra las instituciones democráticas. Juega al despiste y conscientemente confunde el huevo y el fuero. Ya se sabe que la demagogia no necesita razones, bastan ocurrencias, pero ojo a alguna de ellas.

 El jueves, 7 de junio, la presidenta de la CM, Esperanza Aguirre, ufana y con su habitual desparpajo bajó salarios a las empleadas y empleados públicos y propuso reducir a la mitad el número de representantes en la Asamblea de Madrid. Al día siguiente, el aparato mediático ultraconservador jaleó la iniciativa y elogió el alivio que supondría para el erario público. Sin ignorar el golpe al pluralismo político, quiero resaltar la miserable y peligrosa ideología que hay detrás de la medida. Exigir limpieza, transparencia y honestidad a los representantes públicos no puede derivar, en ningún caso, en la subversión del valor de la democracia.

 Hace tiempo que vengo denunciando (y lamentando) la derrota de la política a manos de la economía. Ahora, algunos insignes representantes de la derecha española envuelven la derrota en papel oficial. La izquierda no puede andarse por las ramas. Debe rechazar rotundamente el populismo de los charlatanes. Se alude con desprecio a “la ocupación de los políticos”, pero es la legitimidad de la democracia la que está en juego. No cedamos al impacto de los gestos -que tanto gusta también a UPyD- y defendamos sin ambages la política y las instituciones democráticas. 

Luis María González

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Eran listos, solventes y sobradamente preparados. Disponen de títulos, másteres y especialidades varias. Entre estos y los de antes no hay color. El solo hecho de que Rajoy y los suyos llegaran a la Moncloa, tranquilizaría a los insaciables mercados y los índices macroeconómicos  se estabilizarían. El único problema era la deuda recibida, pero un buen Gobierno puede con todo.

 Han pasado cinco meses y medio, numerosas reformas y recortes, y una larga nómina de damnificados/as. Nadie sabe como ha sido, pero lo cierto es que tanta acumulación de saber no ha sido suficiente para enderezar el rumbo. Más bien asistimos al efecto contrario: una monumental exhibición de insensibilidad, improvisación y malas artes.

 Rajoy y Guindos no han dejado títere con cabeza. El gasto les tiene maniatados. Recortes por aquí, recortes por allá. Empezaron recortando salarios de empleadas y empleados públicos. Siguieron con la reforma laboral, para que el empresario tuviera manos libres en despido, contratación, salarios, jornada. Empujaron a las autonomías a meter mano en los servicios públicos. Acabaron con la atención a la dependencia. Cambiaron la ley de RTVE para convertir la información en propaganda. La dejaron sin recursos. Lo mismo que con las RTV autonómicas. Simularon compromiso con los pensionistas, pero lo que no le quitaron con la congelación, se lo restaron con creces con el llamado ‘repago’ farmacéutico. La sanidad hecha unos zorros. La educación menos pública, más concertada, de peor calidad. El Estado de bienestar camino del malestar. El sistema financiero con mala salud y cada vez más opaco, aunque siempre podrá contar con Guindos. Y si no que se lo digan a Bankia, ayer exigida, hoy sobreprotegida, con los trabajadores y trabajadoras en alarma permanente. Les sobra gasto. Desprecian los ingresos. Nada de reforma fiscal según la renta. Mejor actuar, sin ponderar, contra la nómina. Arrasan con todo. Hasta la democracia se resiente con tanto conservador haciendo de ‘ultraliberal’.

 No eran tan listos. No sabían tanto. No eran tan solventes. El expediente académico, no siempre con certificado público, lo pusieron a prueba con la realidad y el papel no resistió las cifras. Se echaron en brazos del poderoso. Se licenciaron en ‘mercado sajón’ y rindieron cuentas a la canciller. Ahora ya saben que no saben tanto. También que estamos hartos. Y no vamos a parar de hacérselo saber.

Luis M. González

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Los predicadores de la información están que trinan porque a estos de la izquierda (primero fue la Izquierda Plural y luego se sumó el PSOE -con más pena que gloria, si tenemos en cuenta que su vicepresidenta Fernández de la Vega puso a la iglesia en casa-) no se les ha ocurrido otra cosa que proponer una iniciativa institucional para que los representantes de Dios en la tierra (al menos, parte de ellos) paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles por sus locales en propiedad. Dicen informadores y tertulianos de mayoritario perfil conservador, aunque no han faltado ocurrentes comunicadores de liberal familia, que si tiene que pagar la iglesia católica, porqué no van a pagar también partidos y sindicatos su IBI correspondiente? La respuesta es sencilla: porque ya lo pagamos (al menos CCOO).

 Ayer mismo, un propagandista de Dios, la patria y la rectitud agitaba en las ondas su sermón de la montaña. Calificaba de ridícula la campaña de los socialistas (afirmaba él) contra la iglesia católica y arremetía, aprovechando la ocasión, contra los sindicatos a los que exigía que “ellos también paguen el IBI”. La semana pasada, algún tertuliano de perfil diverso en una radio de progresismo itinerante, decía compartir la idea de que “los sindicatos no queden exentos del pago del IBI”. Así batían récords de objetividad y paz interior, aunque hicieran añicos la deontología profesional.  Triste espectáculo.

 Este intento de convertir la defensa de la iglesia de Franco, Pinochet y el ex embajador del Gobierno de Zapatero ante el Vaticano, Paco Vázquez (hay otra iglesia de los pobres, que ocupa menos espacio en los medios de comunicación), en un ataque a los sindicatos revela, como ayer denunció CCOO, que cualquier información es útil –aunque sea falsa- para minar el crédito del adversario, en este caso, del movimiento sindical. Hubiese bastado una simple llamada de  estos insignes informadores y/o contertulios a los departamentos de Comunicación de los sindicatos para preguntar si pagamos el IBI o nos lo perdonan como a la santa madre iglesia. Pero no. Han preferido disparar antes de apuntar.

 Por si fuera poco, muchos locales de la iglesia católica son realquilados a instituciones y empresas, obtienen sustanciales beneficios y no pagan IBI. El negocio es redondo. Cierto portavoz de la cúpula episcopal advirtió que “si tenemos que pagar el IBI, se resentirá la actividad de Cáritas”. Patética ecuación; sobre todo sabiendo lo que la iglesia recurre a Cáritas con lo poco que le gustan algunas de sus actividades.

 CCOO paga el IBI de todos los locales de su propiedad. Algún propagandista de la fe conservadora, quiso indagar en el IBI de los locales que son propiedad del Estado y que los sindicatos tenemos en ‘cesión de uso’. Este IBI no lo pagamos porque sería ilegal hacerlo. Ahora bien, si el Gobierno de España tiene a bien convertirnos en titulares de los mismos, lo haríamos con abierta satisfacción. Yo creo que después de tantos años renovando nuestra condición de sindicato ‘más representativo’ nos lo merecemos.

 Del aparato mediático conservador no esperamos sino maledicencias y mentiras. Sin embargo,  como decía Jean Paul Sartre, “lo más aburrido del mal es que a uno lo acostumbra”, y convendría no acostumbrarse a tanta calumnia.

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Pocas son las personas que, a estas alturas, no conocen la voluntad de Esperanza Aguirre de poner el Ente Público RTVM en el mercado.  Lo lleva diciendo desde que llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero desde entonces no ha perdido el tiempo. Con o sin crisis, procedió a ocupar la empresa, asumir la gestión, controlar la redacción, cambiar la programación y convertir los espacios informativos en ‘santo y seña’ de la cultura popular. Hace unas semanas entonó el alirón de las autonomías por cumplir con el déficit. Ahora, con la nariz alargada,  un paquete de facturas no declaradas ha convertido a la CM, junto a la valenciana -otra perla del modelo popular- en campeona del desequilibrio de las cuentas públicas. Y ya se sabe, cuando falla el gestor, paga la ciudadanía, pero antes, el personal asalariado de las empresas públicas, que paga dos veces: como trabajador y como ciudadano.

 El viernes 18 de mayo, el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, comunicó a los sindicatos la decisión del ejecutivo autonómico de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Ente Público RTVM sin concretar el número de trabajadoras y trabajadores afectados. Unas horas más tarde, fuentes de la Comunidad hablaron, aproximadamente, de la mitad de la plantilla. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué televisión quieren hacer? ¿A qué grupo se la venderán cuando  haya sido, aparentemente, saneada? ¿O acaso, la solución pasa por externalizar actividades sin límite?

 Por supuesto, su voluntad es negociar con los sindicatos el ERE anunciado. Y si no fuera posible el acuerdo, actuar en consecuencia. Faltaría más.

 La salud de Telemadrid

 Las cosas en Telemadrid no van bien.  La audiencia se estanca a la baja, los gastos suben y los ingresos merman. Los actuales gestores de la televisión pública, al igual que sus mentores políticos, no dudan en explicar esta situación por la desproporcionada plantilla del Ente Público (1.170 personas) y sus elevados salarios. Pasan de puntillas por su responsabilidad en la gestión. No seré yo el que niegue las dificultades de Telemadrid para seguir haciendo televisión en las condiciones actuales. Y aunque el precio que cada ciudadano/a con residencia en Madrid  tiene que pagar por la televisión pública se encuentra en la parte baja de la tabla de las televisiones autonómicas, no es menos cierto que las izquierdas y los sindicatos siempre nos hemos quejado de la escasa capacidad de Telemadrid para competir en el actual mercado audiovisual. No se trata de pelear con el duopolio televisivo (Antena 3-Telecinco) en la franja horaria de mayor audiencia y con fuertes inversiones en entretenimiento y ficción, simplemente porque no hay dinero. Pero las televisiones públicas no pueden ser, de no desaparecer,  lo que las privadas  quieran: contenedores de documentales,  ensayos e informativos marginales, con estructuras raquíticas, sin ingresos comerciales y audiencias por debajo del 5%.

 Lo peor de todo esto es que el PP que hoy gobierna -en España y en Madrid- comparte con las privadas el destino de las públicas: las televisiones autonómicas, dicen, suponen un gasto inaceptable para la ciudadanía y no pueden seguir siendo financiadas con dinero del contribuyente. En algunas comunidades, la propia derecha se resistirá a liquidar la televisión autonómica, no tanto por su sensibilidad ante el hecho informativo plural y público, sino porque son conscientes de la trascendencia de una herramienta de comunicación de estimable impacto social. Pero, las contradicciones de los conservadores, más instrumentales que políticas, no pueden despistarnos. Estamos ante una ofensiva sin precedentes contra toda actividad impulsada, gestionada o participada por la Administración central autonómica o local, y en este contexto, el medio de comunicación de titularidad pública que quede en pie desarrollará su función con códigos, objetivos y órganos de administración ajenos a la cosa pública y a sus representantes. La reforma de RTVE marca el camino.

 Necesitamos un debate abierto, plural y riguroso sobre las televisiones públicas. Su titularidad y naturaleza jurídica, su dimensión, su cometido, su modelo de gestión, de programación, de financiación. Es imprescindible ordenar la cadena de inversión y gasto,  optimizar los recursos de las televisiones autonómicas - revitalizar el papel de la  FORTA-, para competir en este escenario de brokers de la comunicación. Si así fuera, no faltaríamos a la cita y orientaríamos todas nuestras energías a buscar fórmulas de viabilidad de las televisiones autonómicas. Ahora bien, si se pretende elegir un escenario de liquidación de las televisiones públicas, animado por la contundencia de la crisis, en el que la primera decisión pase por meter el bisturí a la plantilla, para más tarde sanear balances y presentar credenciales en el mercado, como parece que es el caso, nos tendrán enfrente.

 Luis María González

(*) Publicado en Nuevatribuna

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Siempre tiene uno la tentación de creer que cuando se gobierna con un programa radicalmente distinto al que difundió en campaña electoral, o incluso al que agitó desde la oposición, es debido a la dimensión, nunca imaginada, de una crisis que empezó siendo ajena y acabó quebrando nuestra economía. Es un mal de la política y de toda actividad colectiva, cargar sobre las espaldas del adversario la responsabilidad del desastre. Un cálculo suicida, si tenemos en cuenta que, en ocasiones, la cruda realidad te obligará a enfrentarte a todos los males que negabas tan solo unas semanas atrás. El ejemplo español es tristemente paradigmático: el PP creyó que valía todo para acelerar el deterioro del PSOE y precipitar la convocatoria electoral que le condujera al gobierno del país. Ya en el gobierno, uno duda de estar ante mentirosos compulsivos y conscientes de lo que hacen o ante gestores de pacotilla, en apariencia solventes, pero incapaces de tomar una medida que no haya supervisado Merkel y las instituciones financieras. Lo cierto, como ya sabemos, es que “la gran diferencia entre un gato y un mentiroso es que el gato tiene apenas nueve vidas”.

 Porque efectivamente, han bastado tan solo unos meses para comprobar que estamos ante una combinación perversa de las dos hipótesis anteriores: la derecha que nos gobierna, además de mentir con inusitada facilidad, y de exhibir una patética sumisión al poder del dinero, tan bien representado por Merkel, se ha puesto manos a la obra para eliminar las conquistas sociales y servirse de la crisis –realmente existente- a fin de construir un descarnado proyecto de involución democrática, cuyo principal rostro es el que deriva de transferir ingentes recursos públicos a la iniciativa privada  y a las rentas más altas de la sociedad española. La consecuencia más dramática de esta conducta y del proyecto que la acompaña salta a la vista: 1,7 millones de hogares que ya no tienen a ninguno de sus miembros activos con empleo, justo cuando la red de protección social que podría aliviar su drama está siendo saqueada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

 Esperando alguna verdad

 Nadie debe convencerme de la delicada situación por la que atraviesa la economía española. Años antes de que Zapatero negara tres veces el impacto de la crisis,  participaba del análisis de CCOO que alertaba, en plena bonanza, de un modelo de crecimiento con pies de barro. En más de una ocasión leí informes del Gabinete Económico que advirtieron con terquedad que la crisis de la economía financiera y especulativa, con origen en Estados Unidos, acabaría contagiando la economía productiva, y destruyendo todo el empleo y más que, de forma precaria, se creó en  la España de la burbuja inmobiliaria. Entonces, los medios de comunicación, cómplices de la política de escaparate, participaron de la subasta bipartidista y rara vez se detenían en lo que se nos venía encima. Preferían, según su alineamiento ideológico, valorar las políticas del Gobierno –aun  con poso crítico- o censurarlas. ¿Qué importaba lo que podría ocurrir en unos meses, si ahora de neutralizar al otro se trataba?

 Cuando el modelo de crecimiento sostenido en la etapa de bonanza se derrumba con la crisis y afecta a la cohesión social; o cuando la intensa destrucción de empleo pone de manifiesto los desequilibrios en la distribución de la renta que impactan en mayor medida sobre los colectivos más vulnerables, los propagandistas de turno peleaban por reivindicar la ortodoxia de Bruselas o los parabienes de Merkel, Sarkozy y los mercados. Así, socialistas y conservadores, abrazaron la patria del liberalismo, unos para justificar el giro radical que emprendieron en su política económica; otros para acusar a los primeros de la mala gestión de la misma. Ambos sin detenerse a considerar la única oferta de sentido común que había sobre el tablero: la propuesta por el movimiento sindical para que los poderes públicos, las fuerzas políticas y las organizaciones sindicales y empresariales negociaran un Pacto para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social como mejor antídoto frente a la crisis.

 El actual Gobierno ya no sabe que hacer. Ni siquiera sabe que cosas de las que hace tienen que ver con su programa electoral. Lo importante es resistir, aunque sea a costa de sacrificar el modelo de convivencia que surgió en la transición. Quieren acabar con todo. Pero deben al menos intentar, en esta huída hacia el abismo, aplicar aquella máxima del escritor francés Jules Renard: “De vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes”.

Luis María González

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Los balances de las entidades financieras atraviesan por una situación difícil. Y si el Gobierno se lo propone, la cosa puede empeorar. Hace unas semanas, el Banco de España aprobó el informe que avalaba el estado de las cuentas de Bankia y su proyecto de futuro. El ministro de Economía, Luis de Guindos, sin embargo, ignoró al Banco de España; estaba ya en otra operación. Sesudos estrategas de la banca y las finanzas han decidido que en España solo caben tres grandes grupos financieros. Con más poder que seso, quienes llegaron a esta conclusión, no eran marcianos; formaban parte del selecto grupo de banqueros que habitualmente despachan con el ministro Guindos. Y cuando se trata de negocios millonarios, no hay obstáculo que se resista, ni siquiera el  que suponía el todopoderoso ex vicepresidente del Gobierno de Aznar y hombre fuerte del PP, Rodrigo Rato. La ‘operación hospital’ estaba en marcha.

 Rato fue obligado a dimitir, Goirigolzarri fue elegido nuevo presidente de Bankia y el banco matriz del grupo, el BFA, fue nacionalizado. La ‘operación hospital’ fue activada. Al enfermo, de similar patología a la del resto del sistema financiero, no se le dejó curar en casa; se le inyectó pánico en vena y se le trasladó al hospital. Allí se le aplicará el tratamiento pactado -bisturí incluido a trabajadores y oficinas-; se depurarán balances y números hasta equilibrarlos según manda la ingeniería financiera; de acuerdo con los estrategas del triángulo de las Bermudas (Santander, Bilbao y Barcelona), el negocio de Bankia será debidamente reestructurado; y finalmente, en palabras del ministro Guindos, una subasta pública lo pondrá en manos privadas y convenidas.

 Por lo leído y oído tras la ‘crisis de Bankia’, la única herramienta para moderar la voracidad de mercados y tiburones, es la representación sindical, los sindicatos. Liberales y conservadores se han echado en manos del Gobierno, a la vez que arremeten contra el Gobernador del Banco de España, el mismo que mereció los elogios de PP y PSOE en tiempo de ataque al gasto social, los servicios públicos, los salarios y los derechos laborales. El PSOE se debate entre el populismo de nuevo cuño o la coherencia con lo hecho por su Gobierno en la anterior legislatura -suya es la reforma que inició la bancarización de las cajas de ahorro-. Y en la dirección federal de IU, a duras penas se aclaran entre nacionalización, banca pública y procedencia de los recursos del Estado. Pero, ¿y los 24.000 trabajadores y los 12,3 millones de personas que tienen sus ahorros en Bankia? Para defender sus intereses, fundamentalmente los de los trabajadores, confío en los sindicatos, aún sabiendo que en el actual paisaje normativo, sus competencias son limitadas.

Luis María González

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Algunos partidos se presentan a las elecciones con una abultada agenda oculta que desempolvan cuando gobiernan. Incluso hacen algo peor. Conseguido el gobierno ponen en marcha políticas que dijeron “jamás aplicarían”. Son códigos de conducta que devalúan la calidad de la democracia y su relación con la ciudadanía.

En los casi cuatro meses que lleva el PP en el Gobierno, no ha dejado títere con cabeza. De las iniciativas que ha aprobado, las más relevantes no las anunció en campaña electoral. Bueno las citó, pero para proclamar su oposición. El PP creó una “Melodía de seducción” inspirada en una oferta de Merkel y los mercados “que no podía rechazar”.

 Atendió a la banca, perdonó a los ladrones del fisco, eliminó derechos sociales y laborales, golpeó los servicios públicos, frenó la inversión, deprimió la economía, ignoró el empleo, amenazó los derechos civiles, renovó su amor a la iglesia y volvió a los instrumentos corporativos de acción política. Con estas credenciales, el Gobierno y su aparato mediático mostraron su sorpresa por la convocatoria de una huelga general el 29 de marzo, tan solo unos meses después de empezar a gobernar. Lo de menos para estos propagandistas es la gravedad de las medidas y el plazo en aplicarlas. ¿Cómo es posible que acusen a los sindicatos de no esperar 100 días para responder a las políticas del Ejecutivo si en unas semanas se ha cargado el derecho del trabajo y el Estado de bienestar de la democracia?

 Aparentemente, el Gobierno reacciona con prepotencia e indiferencia a la huelga general y al creciente malestar ciudadano. Que tenga cuidado. El anterior presidente, tras la huelga general simuló entereza, pero cambió el Gobierno y después perdió las elecciones. Nadie recibe confianza eterna de la ciudadanía. Incluso, algunas encuestas hablan de un incipiente rechazo a las medidas aprobadas por parte de sectores conservadores. Las actuaciones contra los trabajadores y el ataque al Estado de bienestar no han caído en saco roto. Son como lluvia fina que va minando el crédito de los gobernantes.

 Hace unas semanas, los electores dieron su primer aviso. El PP cosechó menos votos de los previstos en Andalucía y Asturias. Algo habrán tenido que ver los recortes sociales y la eliminación de derechos. Tanto el presidente como sus ministros proclamaron su fe en el discurso liberal y advirtieron que no rectificarían. Me temo que una cosa es lo que dicen y otra lo que piensan. Nadie puede gobernar impunemente contra los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad.

Luis M. González

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