La condesa moderna y el sindicalismo antiguo
dbueno.murcia.ccoo.es | 02 Mayo, 2012 12:47
No deja de sorprenderme la solvencia con que la Condesa de Murillo y Grande de España, Esperanza Aguirre, a la sazón -y por efecto y defecto de la democracia- Presidenta de la Comunidad de Madrid, insiste una y otra vez en la obsolescencia del movimiento sindical. Esta mañana afirmaba en la Cadena SER que los "sindicatos están anticuados y tienen que cambiar", para después repetir, de nuevo, que "van a caer como el muro de Berlín".
Hagamos memoria: los titulos nobiliarios arrancan en España del siglo VIII, con la reconquista que inició Pelayo -cruzada religiosa-, y en sucesivos siglos se mantiene, vinculada a los beneficios de una casta que, por ser nobles -sobre todo los Grandes de España- no pagaban impuestos, tenían grandes extensiones de tierras que trabajaban sus siervos, y tenían un trato diferenciado en materia de justicia, por no decir que ellos estaban al margen de la justicia que se les aplicaba a los plebeyos -me recuerda un caso de actualidad "real"-.
En concreto, nuestra Condesa de Murillo -esposa del Conde de Murillo y grande de España, Fernando Ramírez de Haro y Valdés- ostenta un titulo nobiliario que le fué concedido a esa familia en el año 1692, y no conocemos ninguna declaración de nuestra Condesa atinente a la obsoleta y caduca la nomenclatura nobiliaria a la que ella pertenece.
Los "anticuados" sindicatos son la expresión organizada del proceso de industrialización operado a principios del siglo XIX, exigiendo reivindicaciones tales como: jornada laboral, salario digno, tiempos de descanso -todo ello tan vigente hoy, Sra. Condesa- y otros aspectos tan revolucionarios como sufragio universal.
Espero que tras las palabras de la Sra. Condesa no esté queriendo insinuar que también son anticuadas las reivindicaciones del movimiento obrero, y que por tanto hay que dejar de tenerlas en cuenta y volver a la sociedad medieval, pasar de ser ciudadanos a ser plebe, y someternos a la magna inteligencia y modernidad de una sociedad clasista gobernada por nobles y Grandes de España. Bueno, ya gobiernan algo, como la Condesa de Murillo que gobierna la Comunidad de Madrid, o... ¡vaya, que el caza-elefantes Jefe del Estado español es también un noble de linaje que arranca en 1317!
En fin, que cada uno juzgue según su propio criterio y a la luz del conocimiento de la realidad. Pero sería malo que los plebeyos nos sintieramos cerca de los sentimientos de los nobles. Nunca han mirado por nosotros. ¿Por qué habrían de hacerlo ahora?
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Un gran fraude
dbueno.murcia.ccoo.es | 26 Abril, 2012 14:37
El análisis de lo que acontece en nuestro país me lleva, una y otra vez, a una sola palabra representativa de la situación que estamos viviendo: fraude.
Fraude desde el punto de vista económico, pues aquellos que se han lucrado mediante la especulación, atesorando ingentes cantidades de riqueza, bienes y acciones, trasladan el coste de la recesión económica al conjunto de la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras, en activo y parados, a la juventud, a los pensionistas, a las personas dependientes, a los inmigrantes… en definitiva, a la mayoría de la sociedad.
Y mientras se nos pasa factura por algo que escapa a la responsabilidad de la mayoría, los gestores del desastre económico y social siguen en sus sitios, bien sea en la gestión de las administraciones públicas o de las empresas, y con toda solemnidad nos hablan de un gran esfuerzo para salir de la crisis económica, cuando lo que dicen en realidad es un gran esfuerzo de “vosotros”, no un esfuerzo equilibrado y justo.
El fraude fiscal no existe por designio divino o natural, sino por la falta de controles y mecanismos de inspección, y por la existencia de una legislación fiscal que permite eludir la fiscalidad en relación directamente proporcional al volumen de riqueza que se atesora: cuanto más dinero se tiene, mayores posibilidades de elusión fiscal.
El combate a ese fraude, en la versión del Gobierno del Partido Popular, es una amnistía fiscal a los defraudadores, mientras que a la par se incrementan impuestos y precios a la mayoría, y ahora se incrementa el pago o copago por la utilización de servicios públicos esenciales para nuestro bienestar, como la sanidad, mientras que se recortan prestaciones y calidad.
Pero también existe un fraude desde el punto de vista político, un fraude asumido acríticamente en numerosas ocasiones por la ciudadanía, que ha visto como desfilan políticos de todo signo por los tribunales, tras haberse enriquecido por diversos mecanismos “gestionando” el dinero público –nuestro dinero, nuestros impuestos-, y después salen de los tribunales con condenas ligeras, sin restituir al erario público lo defraudado, penas en la mayoría de los casos de inhabilitación –sólo faltaba que los dejasen seguir ejerciendo funciones públicas- y en no pocos casos indultados después por el bien de… ¿en nombre de que bien superior se indultan a quienes se lucran en el ejercicio de funciones públicas?
Un fraude que se extralimita del ámbito de la gestión política y que atañe a los cimientos propios del contrato ciudadano que suponen los procesos electorales. Las promesas electorales sólo sirven como un espacio de marketing para captación de clientes, pero después los productos que recibimos no tienen nada que ver con lo que nos habían “vendido” con antelación.
El PP no iba a abaratar el despido –según González Pons, Sáenz de Santamaría, Rajoy, Cospedal, Arenas, por citar algunos-, “el PP no es partidario del copago” –Rajoy, Valcárcel-, “yo le voy a meter la tijera a todo salvo a sanidad y educación”-Rajoy-, “la línea roja el Partido Popular ha dicho bien claro donde está: en la sanidad y en la educación”-Cospedal-. ¿Cómo pretende la clase política granjearse la confianza ciudadana si una vez que pasa el acto electoral se redibujan todas las propuestas en sentido contrario a los planteamientos que les llevaron a tener ese respaldo social?
Ese error estratégico en clave política le supuso al PSOE obtener los peores resultados de su historia en las pasadas elecciones autonómicas, locales y generales, -espero que se haya tomado buena nota- y en la misma medida le puede ocurrir al Partido Popular en futuras citas electorales, como ya ha sucedido con un cambio de expectativas muy importante en las recientes elecciones en Andalucía y Asturias.
Frente a esa política del fraude, en lo económico y en lo político, la mayoría de la sociedad española está dando una respuesta democrática, con el ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga y el de manifestación, expresando el rechazo a las reformas “estructurales” y exigiendo un cambio de rumbo en el proceso de desmantelamiento acelerado de derechos laborales, sociales y democráticos que se está inflingiendo a nuestro modelo social de Estado.
Desde cierto punto de vista, podríamos incluso hablar de un golpe de Estado constitucional, pues amparándose en las reglas democráticas se está tirando por tierra el estado de bienestar, protección social y servicios públicos que dibujaba nuestra Constitución de 1978.
Hay que reaccionar. Hemos de reaccionar antes de que sea demasiado tarde, confluyendo el tejido social organizado en la defensa de las instituciones básicas de nuestro Estado social –sanidad, educación, pensiones, derechos- y evitando que el fraude económico al que nos han sometido acabe convirtiéndose en un gran fraude social para la mayoría.
El 29 de abril tenemos una cita contra los recortes en sanidad y educación, el 1 de mayo tendremos una nueva jornada de protesta para exigir la rectificación de la injusta reforma laboral aprobada, y seguiremos protestando y manifestándonos contra esta inmensa tropelía contra nuestros derechos.
Trabajo, dignidad, derechos, es el lema del 1 de mayo, y creo que sintetiza bien la exigencia y las alternativas que hemos de plantear frente a este gran fraude en el cual las víctimas se cuentan por millones en nuestro país y pretenden seguir incrementando su número. ¡Ya está bien!
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29 de marzo: democracia y responsabilidad
dbueno.murcia.ccoo.es | 23 Marzo, 2012 10:00
El próximo jueves 29 de Marzo tendrá lugar en nuestro país una Huelga General para exigir al Gobierno un cambio de rumbo en la reforma laboral y en los recortes sociales que está poniendo en marcha. Convocada por CCOO y UGT, a la que se han sumado numerosas organizaciones sindicales y sociales, representativas de un amplio espectro de nuestra sociedad, pretendemos con la Huelga General dar una contestación democrática a las imposiciones, exigiendo diálogo y negociación, pues sólo desde el entendimiento es posible atender los enormes problemas laborales y económicos de nuestro país.
El Partido Popular recibió el pasado 20 de noviembre la confianza de los electores para conformar un Gobierno, en base a la mayoría absoluta obtenida en el Congreso de los Diputados. Pero tener mayoría no puede interpretarse como un cheque en blanco para la actuación política, que debe requerir, tal y como establece nuestra Constitución, la intervención de otros actores en asuntos diversos, especialmente de los interlocutores sociales, organizaciones patronales y sindicales más representativas, en las políticas económicas y laborales.
El Gobierno ha evitado el debate y la negociación con CCOO y UGT, ha impuesto por la vía de urgencia una reforma laboral que supone el mayor retroceso de derechos laborales que haya existido en nuestra todavía joven democracia, medidas incardinadas en un discurso más amplio, de cuestionamiento de los legítimos controles sociales de la acción de gobierno, limitando la participación democrática de la ciudadanía de nuestro país al acto electoral.
El discurso del odio, amplificado por medios de comunicación en manos de la extrema derecha española, negando derechos democráticos y legitimidad social a las organizaciones representativas de intereses colectivos, como somos los sindicatos, se presenta como la antesala del desmantelamiento de más derechos sociales, de los servicios públicos, de las conquistas sociales que tanto esfuerzo y tiempo ha llevado consolidar en nuestro país.
Se pretende eliminar cualquier contestación a la acción del Gobierno, que la ciudadanía se resigne ante retrocesos inaceptables desde cualquier punto de vista, recortes basados en la creencia de que para crecer económicamente tenemos que rebajar colectivamente tanto el salario directo –nóminas y condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado- como el salario diferido –la educación, la sanidad, la atención a la dependencia, las pensiones y el resto de prestaciones sociales y servicios públicos-.
Los recortes sólo acarrean más pobreza y deterioro de la economía, como ha venido sucediendo con los recortes aplicados en los dos últimos años, que han hecho que nuestro país se encuentre en recesión económica y camino de los 6 millones de parados, según datos del propio Gobierno. Pero sobre todo, la reforma laboral y el resto de recortes sociales y laborales, lo que conllevan es más desigualdad.
El 29M es un día importante para cambiar la orientación de las políticas del Gobierno. Para realizar un ejercicio colectivo de democracia y responsabilidad. Y para que cada persona reflexione y se comprometa. Sólo hay dos opciones: comprometerse con la lucha por que nuestro país siga consolidando, pese a las dificultades, un modelo social de estado del bienestar, o renunciar a la defensa de las conquistas sociales y asumir el retroceso de derechos laborales y sociales, que afectará formidablemente a las generaciones más jóvenes, y a aquellos que todavía no conocen la existencia del mundo del trabajo.
Es tú responsabilidad. Es nuestra responsabilidad.
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#19F, NO a la reforma laboral.
dbueno.murcia.ccoo.es | 15 Febrero, 2012 14:25
El Gobierno del Partido Popular no dice la verdad: negaron el abaratamiento del despido más de tres veces antes de "cantar" victoria en las elecciones. Y a partir de ahí están gobernando en sentido contrario a lo que habían dicho González Pons, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o el propio presidente Mariano Rajoy.
El Gobierno del Partido Popular se contradice: afirman que esta reforma laboral va a crear empleo. Con esta reforma no se va a crerar empleo, se va a sustituir empleo estable y de calidad por empleo precario. Al mismo tiempo el Presidente Rajoy, y los Ministros de Economia y Hacienda dicen que se va a seguir incrementando el paro en 2012. La reforma sólo sirve para despedir más barato, más rápido y sin traba alguna.
El Gobierno del Partido Popular recibe el mayor aplauso sobre su reforma de la Primera Ministra Alemana, Angela Merkel, y de la Union Europea: en nuestro país se está gobernando mirando a Europa y dando la espalda a 5.300.000 parados. Pero de las agencias de calificación, acaba de recibir un enorme bofetón: exigen mayor sacrificio social, como inaceptablemente han hecho con Grecia.
La reforma laboral pone a todos los trabajadores, independientemente de su edad, condición, y años en la empresa, en disposición de ser despedidos por causas objetivas, con la CAÍDA DE INGRESOS durante tres trimestres consecutivos. En época de crisis y recesión, como la actual, la inmensa mayoría de las empresas vienen teniendo caídas de ingresos de forma continuada. La eliminación de la tramitación del despido colectivo (ERE) por parte e la autoridad laboral competente, imposibilita la negociación y el acuerdo en empresarios y trabajadores para determinar los ajustes temporales o las extinciones de contrato, y confiere un poder omnímodo al empresario para hacer lo que quiera con su plantilla. Elimina garantías de los trabajadores y le da impunidad a los empresarios.
El Gobierno el Partido Popular ha aprobado una reforma profundamente desequilibrada, donde el poder de los empresarios se amplia en detrimento de los derechos de los trabajadores. La posibilidad de realizar modificaciones sustanciales de la condiciones de trabajo, incluidos los salarios, por encadenar dos trimestre de CAÍDA DE INGRESOS es una atentado a los derechos laborales colectivos de los trabajadores. Quieren que volvamos a la etapa predemocrática, en la que el patrón ordenaba y el obrero callaba.
El Gobierno del Partido Popular rompe las bases constitucionales de la negociación colectiva, volcándose a favorecer la acción unilateral de los empresarios, facilitando el descuelgue de las empresas en la aplicación del Convenio Colectivo de sector, y dándole prevalencia al pacto de empresa frente al convenio de sector, pudiendo ser el pacto de empresa inferior en condiciones salariales y laborales al de sector.
El Gobierno del Partido Popular va a incrementar las desigualdades entre los trabajadores, sin mejorar las expectativas de empleo de los parados, que quedan condenados a trabajar a tiempo parcial o, en el mejor de los casos, con un nuevo contrato indefinido que se puede rescindir sin causa ni coste alguno dentro del primer año de duración.
Además, va a provocar profundas discriminaciones en el acceso al empleo de quienes no tienen trabajo. Tendrán más posibilidades quienes estén cobrando prestaciones, mientras que los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, que ya tienen una tasa de paro de casi el 50%, verán restringidas sus opciones de empleo.
En definitiva, la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular es un atropello a los derechos de los trabajadores de nuestro país, un fraude para las expectativas de empleo de los 5.300.000 de personas paradas. Un guiño a la UE y a los mercados que estos han devuelto con una nueva bofetada de las agencias de calificación, rebajando la valoración de la deuda española.
Por todo ello nos vamos a movilizar el #19F:
Para exigir que se corrijan los graves desequilibrios y desigualdades que supone la reforma laboral. Es un error para la situación del empleo y la economia española, y se encamina a abaratar la destrucción de empleo prevista para este año: vamos a llegar a 6 millones de parados con despidos en peores condiciones para los trabajadores y sin expectativas para quienes ya están en el paro.
Nos movilizamos para informar a todos los trabajadores y trabajadoras de los efectos de la reforma. Sabemos la dificultad y el temor que padecen millones de trabajadores y trabajadoras, y queremos invitarlos a participar en las movilizaciones para evitar que esta reforma sea la espada de Damocles que pende sobre las cabezas de todos.
Es momento de FORTALECER LA UNIDAD, entre las organizaciones sindicales, y también con todo el tejido social organizado y la ciudadanía para evitar que la crisis acabe con derechos laborales, sociales y ciudadanos, para acabar con el sometimiento de las democracias europeas a los mercados financieros y a las imposiciones interesadas de los gobiernos alemán y francés.
Las movilizaciones no pueden ser una carrera de 100 metros lisos, sino que atravesamos un escenario que de forma prolongada significarán más ataques a los derechos laborales, sociales y ciudadanos. Por ello, los escenarios de movilización irán in crescendo, y debemos articular una gran respuesta social, laboral y ciudadana. Sólo juntos seremos capaces de evitar la involución social que predican los mercados y ejecutan los gobiernos.
Como Dijo Antonio Machado, "Está el hoy abierto al mañana. / Mañana, al infinito./ Hombres de España: ni el pasado ha muerto/ ni está el mañana,/ ni el ayer escrito"
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Donde dije digo...
dbueno.murcia.ccoo.es | 31 Enero, 2012 14:29
Ventura Martínez, Presidente de CSIF en la región de Murcia, afirmaba el 10 de febrero de 2011: "la negociación ha permitido avanzar, ya que con este acuerdo se pone fecha de caducidad a esta Ley, el 31 de diciembre de 2011, y a partir de entonces se recuperarán derechos que antes de aceptar este acuerdo eran para siempre".
ANPE, a través de su portavoz Clemente Hernández, aseguraba el 15/02/2011 en rueda de prensa que "es la primera ley que nace con fecha de caducidad". Y añadía ANPE en su web: “En particular, durante el ejercicio 2011, quedarán suspendidos, en lo que resulte contrario a esta ley los siguientes pactos y acuerdos sindicales. Cualquier especulación que se pueda hacer sobre este texto no obedece a ningún criterio objetivo y podría estar mediatizado por otro tipo de condicionantes que sobrepasan el ámbito profesional y laboral."
El responsable de SATSE, José Antonio Blaya declaró el día 10/02/2011 que "las bajas que se han producido en la sanidad se deberán recuperar y los gerentes que se han colgado la medalla del ahorro tendrán que desandar lo andado y volver a contratar a los trabajadores que fueron despedidos". SATSE afirmaba en un comunicado el 11/02/2011: La ley tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2011.
El Sindicato Independiente de Docentes (SIDI), afirmaba en una carta el 14/02/2011 lo siguiente: "Hay personas contrarias al acuerdo, que dicen que es un retroceso la jornada de 36,5 horas semanales, pero lo que no dicen que gracias a la modificación de la Ley este aumento solo estará vigente hasta el 31-12-2011, y que sin el acuerdo este aumento podía durar indefinidamente."
El Sindicato Médico CESM afirmaba el 14/02/2011 que "La Ley de Medidas Extraordinarias caducará el próximo 31 de diciembre de 2011, por lo que los acuerdos previos a su publicación quedan suspendidos temporalmente y no derogados"
¿Qué dijo CCOO?
¿Qué dicen ahora CSIF, ANPE, SATSE, CESM, SIDI?
Francisco Miralles, del Sindicato Médico CESM, calcula con la nueva jornada los médicos verán reducirse su salarios una media del 3% y supondrá un recorte de la plantilla en el Servicio Murciano de Salud de 700 trabajadores.
Juan Miguel López, de CSIF: «No estamos de acuerdo ni antes (sic) ni ahora con ampliar la jornada laboral, pero sí estamos dispuestos a negociar»
SATSE: silencio. ANPE: silencio. SIDI: silencio.
¿Qué dice CCOO?
CCOO: La Ley de Medidas Extraordinarias "no sólo no fue derogada el 31 de diciembre de 2011, como ya advirtió en su momento CCOO, sino que se ha prorrogado, y a peor, con la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2012".
¡Que malas pasadas juegan las hemerotecas!
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