CARMELO JORGE DELGADO

Artículo de Opinión sobre la deuda soberana.

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 05 Octubre, 2011 12:18

Los intangibles de la deuda soberana Parece que la tozudez de la realidad va imponiéndose sobre los dogmas ideológicos y hasta los más recalcitrantes de los ultraliberales empiezan a admitir que a los mercados, las declaraciones de principios y las frases grandilocuentes les dicen más bien poco, que la mejor manera de abordar una crisis de deuda es empezar a pagarla.Incluso, si se desprendiesen de la miopía, podrían ver que a los mercados las revueltas sociales le gustan entre poco y nada, no por humanidad que eso no cotiza en bolsa, sino porque las revueltas se saben como empiezan pero no  como terminan y esas incertidumbres son ¿como decirlo? Inoportunas. La imagen de Grecia no traduce tanto la sensación de un país lleno de golfos y vividores, como la sensación de que las decisiones que se toman en el Parlamento no las va a acatar nadie, que el concepto de soberanía popular se ha usurpado a los griegos y estos se han declarado en rebeldía. Podrán disciplinar al gobierno griego, podrán hacerlo comulgar con ruedas de molino y forzar su suicidio como proyecto político, pero en la medida en la que lo separan de su pueblo, en la medida en la que lo deslegitiman, siembran dudas, mas que razonables, sobre la utilidad práctica de esos compromisos, sobre sus efectos en la cohesión social y por ende sobre la capacidad griega de generar riqueza, elemento imprescindible para pagar la deuda.Distinto sería el panorama si el esfuerzo necesario para abordar la situación hubiese sido pactado con la ciudadanía helena. Probablemente la existencia de un pacto social y político que garantizase el pago de la deuda, conllevaría la extensión de los plazos y la disminución de los compromisos a corto plazo, pero otorgaría a los acreedores una certeza que la vía de la imposición no puede ofrecer nunca. Sin ese pacto, sin ese compromiso expreso de los griegos y de las griegas, no habrá índice que cubra suficientemente el riesgo de la inversión, sin esa disposición a pagar de los deudores, de la inmensa mayoría de los deudores, qué, quien los ha dejado de representar, se comprometa a devolver los prestamos carece de cualquier valor y a los hechos me remito.Aprendamos pues de Grecia y ofrezcamos certezas a los mercados. Certezas surgidas de la voluntad colectiva y mayoritaria de la sociedad española, certezas pactadas y que por tanto nos comprometan a todos sin exclusiones. Hay lugares comunes que pueden aceptarse como base de cualquier proceso de negociación.Por ejemplo, nadie niega que la deuda soberana haya que pagarla. Como es difícil negar la evidencia de que el primer paso para abordar el pago de las deudas es no generar nuevas deudas, es decir hay que sujetar el déficit público para equilibrar y detener la generación de deuda.A partir de ahí, es donde empiezan las graves divergencias que debemos superar desde el dialogo social y político pero también desde la comprobación empírica de la realidad que demuestra que ni los mercados recuperan confianza mediante los sacrificios sociales inherentes e inevitables en el recorte sistemático y generalizado del gasto público, ni siquiera la política de ajuste del déficit sirve para otra cosa que para retraer la actividad económica, reducir los ingresos fiscales y empeorar el déficit.Un ajuste equilibrado de la presión fiscal hasta los límites de la afectación del consumo, junto a una reducción y una redistribución del gasto público, aprovechando los márgenes de mejora de la gestión y la coordinación entre las distintas administraciones públicas, podría servir mejor al equilibrio presupuestario afectando menos a las posibilidades de crecimiento económico y a la generación de empleo.No se trata en estas breves líneas de esbozar los contenidos del pacto social pero si la necesidad de pactar una salida a la crisis para dar a nuestros  acreedores un marco de certezas sustentada en la determinación colectiva de toda la sociedad española, una salida que debe colocar el empleo como prioridad absoluta de la política económica porque el único dogma, la única verdad objetiva que puede aplicarse a la situación actual es que ningún país ha conseguido nunca cuadrar sus cuentas con el veinte por ciento de la población activa en el paro, ni con el cuarenta por ciento de sus jóvenes sin trabajo, ni con casi un tercio de la población activa sin cualificación profesional.Con ese peso muerto no hay economía que levante el vuelo, ni sociedad democrática que legitime sus instituciones, ni futuro para millones de personas que por cursi que resulte recordarlo, tienen una vida única e irrepetible.                                                                        Carmelo Jorge Delgado.                                                           Secretario de Economía y Políticas Sectoriales.                                                                       Comisiones Obreras Canarias.

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Radio autonómica de Canarias.

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 05 Octubre, 2011 12:15

http://www.rtvc.es/television/diferido.aspx?id=7496&fichero=7496_CEP 2 041011.mp3. Ese es el enlace del programa de radio del cuatro de octubre. Saludos.

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programa de radio

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 21 Septiembre, 2011 11:49

http://www.rtvc.es/television/diferido.aspx?id=7496&fichero=7496_CEP2_200911.mp3 Este es el enlace de un programa de radio, en la radio pública de Canarias en el que participo todos los martes a las siete y media de la tarde. Saludos.

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radio en la cope

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 02 Junio, 2011 12:42

http://tenerife.cope.es/audios/audiolocal-el-club-de-la-economia--con-melisa-torres-156743. En este enlace encontrarás la grabación de un programa de radio. "el club de la economía" en el que he participado

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Y ahora que?

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 27 Mayo, 2011 12:02

(Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. J. Sabina) 

Pues por simple que parezca, la vida sigue, y como quiera que todas las cosas por duras que resulten, tienen un lado positivo, deberíamos intentar aprender a vivirla sin mitos ni leyendas.

Existe una leyenda urbana que afirma que la base sociológica de este país es de izquierdas. Siendo así la derecha solo puede ganar las elecciones cuando los errores de la contraparte son tan graves y groseros que le regalan el triunfo.

Puede que el sustrato último de esta aseveración sea cierto, pero en mi modesta opinión, la inmensa mayoría de la gente aunque tenga una cierta tendencia ideológica, no tiene una opinión formada y definitiva sobre su situación en un lado u otro de la trinchera y por lo tanto, se mueve. Puede y subrayo el puede, que la cierta tendencia de la que hablo sea hacía la izquierda, pero es una inclinación suave y por lo tanto poco decisiva, una tendencia que puede invertirse como en el caso actual, como consecuencia de una crisis económica, de una sucesión de decisiones poco afortunadas o simplemente de hipotéticos aciertos de la derecha en sus propuestas y campañas.

Esta situación, que para algunos puede ser una maldición, a mi personalmente, me parece una prueba evidente de madurez democrática y un sano ejercicio de la soberanía popular. Basta con mirar la acción de este último gobierno socialdemócrata, para comprobar lo dañino para los valores de la izquierda, que resulta un partido instalado en el poder, seguro de contar con la base social para seguir gobernando con independencia de lo que haga o de lo que deje de hacer. ¿Hubiera ganado la izquierda las elecciones si el Partido Socialista hubiese tenido un número mayor de concejales y autonomías que el Partido Popular? En mi opinión no. Por el contrario hubiese sido refrendada expresamente en las urnas por la mayoría del electorado, una política económica que consiste básicamente en arrodillarse frente a los mercados y esa política sería a partir de ahora intocable y prácticamente incontestable. El retroceso social y político de la izquierda, de sus valores, habría sido infinitamente mayor y desde luego bastante mas difícil de recuperar que la situación actual.

Porque en efecto si algo ha quedado claro es que la izquierda para ganar necesita contar con su base social. Una base social mucho mas critica y exigente que la base de la derecha, una base que demanda coherencia y coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace, una base social que está definitivamente viva, a tope con su capacidad crítica y dispuesta a movilizarse para construir un proyecto europeo y estatal de progreso y de solidaridad. Esa es la fuerza de la izquierda, la que no ha conseguido barrer el PP y la que ha jugado a debilitar el gobierno Zapatero, con esa base social viva y activa no hay ninguna razón para preveer futuros catastrofistas por mas que nos esperen unos años duros en las instituciones.

La izquierda real, la que pone y quita gobiernos socialistas, la que vive el día a día en la calle, no quiere mas recetas mágicas de marketing, no acepta correr detrás de los nacionalistas para diferenciar a los ciudadanos y sus derechos por comunidades autónomas, no quiere mas rebajas fiscales para adelgazar al estado, quiere abordar y resolver temas como la precariedad laboral, la energía, la vivienda, la educación, la sanidad. Ciertamente puede equivocarse en las formas y parecer que abre la puerta de las instituciones a la derecha, alguno ya se lo ha reprochado a los concentrados en la Puerta del Sol y no deja de tener cierta razón, pero lo cierto por encima de estos detalles es que los valores de la izquierda están ahí, en la boca y en el cerebro de miles de jóvenes que desde la indignación preparan el futuro, anclarse en esos valores y desde ellos echar imaginación y talento para resolver los problemas concretos de los ciudadanos es tarea de quien pretende gobernar desde la izquierda, preparar un programa que sume apoyos desde las fronteras con el Partido Popular hasta la frontera de los que se autodenominan antisistema. Esto es posible, repito, desde la imaginación y el talento a condición de no abandonar los valores, de no renunciar al progreso social, porque la gente de izquierdas no pide el paraíso, pide simplemente que la soberanía radique en el pueblo y no en los mercados, que la economía sea un instrumento al servicio de las personas y no el altar donde se sacrifican vidas y esperanzas y pide una acción de gobierno, una gestión de lo público, eficiente y honesta.

El resultado no es mas que la expresión de que los que se han resignado frente a la crisis, los que han asumido que es imposible repartir las cargas de manera razonablemente justa entre todos, los que pretenden que las próximas generaciones admitan vivir y trabajar peor que sus padres, se han quedado solos y con la certeza absoluta de que con ese discurso no es que no puedan gobernar, sino que su propia supervivencia como proyecto político, está en cuestión.

Puede que no me guste en efecto, el color de la inmensa mayoría de las instituciones de  mi país en los próximos cuatro años, pero sigo esperanzado en la soberanía popular, en la sabiduría y la madurez de la ciudadanía, en la fe y la determinación de los jóvenes y en la vigencia de los valores que defienden. Con todo eso, a nadie pueda extrañar que mas allá de un resultado electoral duro de tragar, que la vida continúe, me parezca una magnifica noticia.

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Propuestas de Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras Canarias, ante el inicio de una nueva legislatura.

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 24 Mayo, 2011 12:18

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Al finalizar esta semana, las ciudadanas y ciudadanos de Canarias, estamos convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el ayuntamiento, el cabildo insular y el parlamento de Canarias. Un triple proceso electoral, enmarcado en una situación de grave crisis económica, política y social con unas cifras de desempleo que rozan el treinta por ciento de la población activa, una situación extremadamente delicada de una parte importante de las administraciones públicas de Canarias y una ofensiva ideológica y cultural contra todo lo público y lo colectivo que va socavando la legitimidad de nuestro propio sistema de convivencia.

 

En estos últimos días, la confederación sindical de Comisiones Obreras Canarias, ha hecho público un informe de situación y una resolución oficial acerca del proceso electoral que enmarca perfectamente nuestra posición colectiva ante las elecciones del próximo día 22 y que podemos resumir en un llamamiento a la participación activa con el voto y una serie de propuestas para acercar el ejercicio del voto a las orientaciones mas rentables para el futuro de Canarias.

El ejercicio de nuestra autonomía sindical y la completa independencia frente al poder político no equivale a neutralidad, no nos da lo mismo un gobierno que otro y  nuestros afiliados y afiliadas, nuestros simpatizantes y la ciudadanía está invitada a participar y a decidir su voto en función de las posibilidades que crea que genera su voto para abrir camino a las propuestas que hemos formulado.

Se cierra una legislatura en la que se ha producido el escenario de retracción económica mas severa que ha vivido la comunidad autónoma y la actuación del gobierno saliente, si bien no ha carecido de ciertas luces al sentarse a negociar y acordar medidas concretas para afrontar la crisis, podemos decir sin temor a exagerar, que ha tenido muchas más sombras al aplicar mal y tarde la mayoría de las medidas pactadas y en especial, al elaborar políticas presupuestarias unilaterales y obsesionadas con el gasto público que no han hecho mas que generar mas déficit, más deuda y mayores recortes de gasto en un círculo vicioso que conviene romper cuanto antes.

En efecto dos criterios igual de dogmáticos, igual de oportunistas, igual de incompatibles con el espíritu y la letra de lo acordado en el Pacto Social por la economía y el empleo, están en el origen del agravamiento paulatino de la situación y de la pérdida de eficiencia de las medidas propuestas en el pacto.

Por un lado la obsesión con la deuda soberana y el gasto público y por otro la negativa radical e infundada a tocar los ingresos públicos mediante las correspondientes medidas fiscales, han originado una severa restricción de la capacidad de las administraciones públicas, ya no para invertir sino para paliar siquiera, los efectos económicos de la paralización del crédito y de la inversión privada. Frente a los discursos rimbombantes de la austeridad en el gasto, la realidad ha venido a demostrar empíricamente que el recorte salvaje del gasto público genera una retracción más severa de la actividad económica y con ella nuevas disminuciones de ingresos que hacen inviable el pago de la deuda e imprescindibles nuevos recortes en ejercicios posteriores.

La justa distribución de la riqueza no es sólo una cuestión ética o moral, o una antigualla marxista como proclaman algunos sacerdotes del ultraliberalismo, por el contrario es la clave de la propia generación de la riqueza y una sociedad con déficits en ese terreno es una sociedad condenada a la pobreza si no es capaz de mejorar en el corto plazo esa situación. Veamos, si no, la situación de Canarias, destruido el treinta por ciento del empleo, disminuida sistemáticamente la carga fiscal y recortado severamente el gasto público, se han cerrado los cauces reales para distribuir la riqueza entre la ciudadanía. De esta forma, miles de personas que tendrían que estar produciendo ingresos fiscales reciben prestaciones sociales que aumentan el gasto, miles de consumidores que tendrían que estar adquiriendo bienes y servicios reducen o aplazan sus compras dificultando la situación de los que aún tienen empleos en la producción de esos bienes y servicios. Miles de estudiantes que deberían estar terminando su formación profesional dotando de capital humano cualquier proceso de diversificación de la actividad productiva, se agolpan en las listas del paro, sin expectativas reales de colocación. En suma, la capacidad colectiva de generar riqueza experimenta un severo retroceso como consecuencia de una incapacidad congénita para distribuirla, para hacerla llegar a todos y todas.

Ese es por tanto en opinión de Comisiones Obreras Canarias, el primer reto del próximo gobierno, la primera exigencia que pondremos sobre la mesa para pactar medidas contra la crisis, la necesidad de mejorar a corto plazo los mecanismos de reparto de la riqueza o los sacrificios frente a la crisis que para el caso es lo mismo, no sólo por una cuestión de solidaridad sino también y especialmente, por la convicción de que esa mejora es imprescindible para volver a la senda del crecimiento, de la generación de riqueza y de empleo en la sociedad de Canarias.

Sin este requisito, el resto de propuestas que presentamos pierden, al menos en parte, su sentido. No es posible plantearse una reforma de las administraciones públicas sin atender tanto al capítulo de la eficiencia en el gasto como al de suficiencia en los ingresos, salvo que lo que se pretenda sea una simple y rasa eliminación de lo público. No habrá transformación del modelo productivo, sin formación, sin investigación y sin innovación y no habrá nada de esto sin la suficiente inversión pública. No habrá empleo sin consumo, ni consumo sin empleo, por lo que la relación entre renta, ahorro beneficios e impuestos deberá equilibrarse para volver al crecimiento económico general.

La confluencia de intereses de pequeños y medianos empresarios, autónomos, asalariados y asalariadas genera una inmensa mayoría social interesada en la reactivación económica como requisito imprescindible para encontrar o continuar la actividad productiva, interesada en la justa distribución de la riqueza, en el abandono de los dogmas ultraliberales que sólo atienden a los intereses del capital financiero. A defender los intereses de esa inmensa mayoría social debe ajustarse el programa de cualquier gobierno que quiera contar con la colaboración de la confederación sindical de Comisiones Obreras.

A continuación iniciamos la presentación ordenada de una serie de propuestas de carácter sectorial elaboradas desde el consenso y la complementariedad de las visiones sectorial y confederal que pretenden convertirse en prioridades en los futuros procesos de negociación que surjan con el próximo gobierno. Para facilitar su explicación, las hemos agrupado en tres grandes bloques que tienen que ver por un lado con los sectores tradicionales de nuestra actividad económica (hostelería, construcción y comercio) por otro lado sectores que consideramos deben tener un papel relevante en el futuro modelo productivo de Canarias (Industria, Energía, Sector Primario) y por último el sector público, por cuya modernización apostamos sin reservas en tanto en cuanto supone el mejor mecanismo para frenar los intentos de reducir hasta la anécdota a todo el sector público.

En cuanto a los sectores tradicionales

TURISMO:

El turismo es junto a los servicios públicos y el comercio el trípode donde ahora mismo se sostiene la economía canaria, enterrada definitivamente cualquier expectativa de un retorno en el sector de la construcción a la etapa anterior. Incluso en la situación actual es el único factor de comportamiento positivo y con mayor índice de crecimiento de nuestra economía. También es, de paso, el sector que probablemente de manera mas rápida puede trasladar la recuperación en los países punteros de la zona euro hasta nuestra situación y con seguridad resultará decisivo en el proceso de salida de la crisis.

Pero más allá de su eficacia instrumental en el corto plazo, la actividad turística se vislumbra también en el futuro como la primera y mas importante de la economía de Canarias. El turismo frente a las descalificaciones sistemáticas que a veces recibe, es una actividad industrial de exportación, cuyo crecimiento en el mundo es sostenido desde hace mas de un siglo y cuyas expectativas deben seguir mejorando en la medida en que grandes masas de población van llegando en los países emergentes a la condición de consumidores globales.

Por ello proponemosInversión en calidad. En un proceso que pasa por la modernización de una parte considerable de la planta alojativa, por la mejora de las infraestructuras públicas, por el aumento de la cualificación y capacitación profesional del capital humano, por la mejora de la conectividad interior y exterior de Canarias y por complementar nuestra tradicional oferta de sol y playa por nuevos modos de hacer turismo que demanda el mercado como por ejemplo el turismo ecológico, el cultural, el gastronómico etc.

En principio se deben mantener en el corto plazo las ayudas a la contratación en el sector pero con la perspectiva que desde inicio del 2012 las plantillas deberán quedar ajustadas a los índices de ocupación que se están registrando de manera que el apoyo público pueda destinarse a mejorar infraestructuras y a la modernización del sector.

El acceso a las ayudas públicas deberá condicionarse al cumplimiento de determinados parámetros que garanticen que la calidad anunciada en la calificación en estrellas del hotel, se corresponda con la calidad y cantidad de sus servicios, la dimensión y adecuación de sus plantillas, además del acceso de los usuarios a la oferta comercial, lúdica o turística de su entorno.

Se potenciará la oferta de ocio nocturno, comercio, restauración para generar turismo joven esencial para asegurar el futuro de la actividad. En este sentido debe regularse el Todo Incluido de manera que no se convierta en un lastre para la actividad limítrofe con la hostelera.

La promoción exterior se hará desde la coordinación de los esfuerzos públicos y privados, con especial cuidado de los mercados tradicionales, de los más cercanos incluyendo el intrainsular y procurando generar sinergias y complementariedad entre las ofertas.

Comercio.

El comercio de Canarias necesita activación, subvención y participación en las decisiones políticas gubernamentales sobre el sector para y por las PYMES, por ser estas las que crean un empleo estable y se están viendo absorbidas por la facilidad de asentamiento que se le está dando a las grandes cadenas y grandes superficies.

La adaptación de infraestructuras y servicios básicos para las zonas comerciales, que las comisiones y el observatorio creado de comercio tengan una función competente y válida para el sector dotando a las partes interesadas de mecanismos de resolución determinantes.

En este sentido consideramos que en la próxima legislatura deben ponerse en marcha procesos de diálogo social para que puedan alcanzarse acuerdos estratégicos sobre cuestiones que resultan clave para avanzar en la mejora del modelo económico y productivo del Comercio y la Hostelería de Canarias.

Que los Planes Territoriales de Equipamientos Comerciales se realicen con debate y consenso con los agentes económicos y sociales y priorizando en un equilibro que garantice la supervivencia de las PYMES frente a las grandes superficies.

Que se creen en los Ayuntamientos mesas de comercio donde se incluyan a las patronales y sindicatos representativos de comercio, que gestionen la promoción comercial del municipio, medidas para crear el empleo atrayendo el consumo a las ciudades, con atractivos, espectáculos, etc.

Que se fomenten las actividades de ocio en los municipios, con participación de las patronales del sector de ocio.Que las aperturas comerciales en domingos y festivos vengan precedidas de la gestión para atraer consumo a las poblaciones.Que la dinamización comercial alcance no solo a los centros de las ciudades, sino que debe extenderse a los barrios para generar actividad económica y empleo. Las subvenciones para estos fines deberán repartirse de manera objetiva y con mecanismos de participación en el control de las mismas que incluyan a sindicatos y patronal.

Que se ordenen los mercadillos y rastros, dando una oferta de artesanía y de artículos de ornato de pequeño volumen, desterrando la competencia al comercio instalado, así como evitando la mercancía robada y falsificada.

 

Construcción.

Que el sector de la construcción no va a volver a la dimensión que tenía antes de 2007 es una obviedad que nos ahorra hasta argumentarla. Que este es un hecho afortunado aunque en el corto plazo nos produzca graves problemas, también es indiscutible. Ni el territorio limitado del archipiélago soportaría muchos más años la presión depredadora del cemento, ni un modelo económico sano puede desarrollarse sobre la generación anual de miles de deudas familiares a más de treinta años vista.

 

Pero eso no quiere decir que el sector de la construcción no tenga lugar en el futuro de la economía de Canarias, ni que deje de ser urgente redimensionarlo y resituarlo en el escenario junto al resto de las actividades productivas.

En efecto una parte del sector deberá seguir dedicado a la actividad de construcción de nuevos edificios, si bien esa fracción de empresas deberá necesariamente ser mucho más reducida y eficiente en la construcción.

Un segundo yacimiento de actividad sería la infraestructura pública que permitiría también una actividad empresarial en torno al concurso y la oferta pública.

Y por ultimo, una tercera pata de ese trípode de actividades tendría que ver con la especialización en rehabilitación residencial y monumental, así como en la instalación y mantenimiento de mecanismos de eficiencia energética, sectores donde se requerirá mano de obra y estructura empresarial más cercana y dedicada al conocimiento y la innovación.

Con todo, la enorme atracción de inversión y mano de obra que en el pasado concentró el sector, motivará que sigan existiendo excedentes de capital humano y de inversión que, en nuestra opinión, deberían ser, con el apoyo público necesario, la base, la masa crítica para el inicio de nuevas actividades productivas en el camino de la diversificación.

Nuevas actividades productivas.

Si buscásemos en el discurso político de las dos últimas décadas de la historia de Canarias la palabra mas utilizada, probablemente sería la palabra diversificación la que encabezaría el hipotético ranking de las más usadas.

 

No compartimos el criterio de que la existencia de dos o tres sectores punteros en la economía de cualquier territorio sea en si mismo negativo. La existencia de muchos sectores económicos conviviendo en un espacio, ni representa por si mismo una garantía, ni ofrece siquiera mayores expectativas de que el crecimiento económico sea mas armónico y mejor repartido. Pensamos por el contrario, que el problema de los sectores tradicionales de Canarias, viene marcado no tanto por su cantidad como por su calidad.

Hemos desarrollado una oferta turística masiva, centrada en factores naturales que poseemos pero que no resultan exclusivos de nuestro clima y como consecuencia de ese proceso de desarrollo, hemos generado un mecanismo de competitividad basado en el descenso del precio y por tanto una mano de obra abundante pero poco cualificada.

No se trata por tanto, de generar una frontera entre las actividades tradicionales y otras supuestas nuevas actividades, las primeras imposibilitadas para diversificar y las segundas condenadas a hacerlo. Si en algún sector tiene sentido hablar de diversificación en el corto plazo, ya que la mano de obra y la estructura empresarial lo permiten es en el sector hostelero.

Diversificar es pues una necesidad transversal de todo nuestro sistema productivo, como lo es incorporar conocimiento, investigación, talento para generar mayor valor añadido a nuestros bienes y servicios.

En nuestra opinión la primera innovación, la prioritaria para abordar con garantías el reto de la incorporación de la innovación y el conocimiento a la actividad productiva es la decisión de variar el patrón de nuestra competitividad desde la simple ecuación de precios bajos a costes bajos,  a la más complicada de la relación entre calidad y precio.

En cualquier caso y  por varias razones que tienen que ver mas con las posibilidades de nuestra economía que con criterios de necesidad esencial, si que existen algunas actividades como la industrial que sin ser desconocidas en Canarias han tenido tradicionalmente un peso tan escaso en el PIB regional que parecen no haber existido nunca.

La industria ha sufrido dos grandes transformaciones en este último periodo desde la denominada revolución tecnológica, por un lado el consumo de territorio y la concentración de trabajadores ocupa un lugar mucho menor y la fábrica tradicional ha sido sustituida en muchos casos, por unidades de producción más pequeñas y mas flexibles. Por otro lado se ha incorporado un porcentaje mayor de innovación y conocimiento en la actividad industrial generando una cultura empresarial y sindical más activa y más dinámica.

Desde esa perspectiva, parece conveniente contar entre los factores que construyen el total del Producto Interior Bruto un porcentaje significativo de actividad industrial, relacionado especialmente tanto con las nuevas fuentes de energía, en cuyas materias primas somos un lugar privilegiado, o las nuevas tecnologías de comunicación, como con el suministro de determinados bienes y servicios al mercado africano. Igualmente deberíamos recuperar actividades que en el pasado constituyeron fuentes de empleo y para las que nuestra situación geográfica es un valor añadido como la reparación naval.

Para poder aspirar a tener cierto desarrollo industrial, al menos dos obstáculos importantes deben salvarse con el apoyo de las instituciones públicas.

Por un lado, la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el doble sentido de buscar una utilidad mayor a los incentivos fiscales a la actividad industrial en Canarias y redefinir la Zona Especial Canaria, cuya capacidad de atracción ha quedado limitada por la escasez de suelo destinado a la actividad industrial que ha generado un proceso especulativo que retrae la inversión. Por otro lado la necesidad de un suministro energético constante y seguro, a precios razonables.

En Comisiones Obreras Canarias, somos partidarios, sin reservas ni disimulos de las energías renovables. Aspiramos a un archipiélago prácticamente autosuficiente en la generación de su energía y con niveles cero de contaminación como consecuencia de ese proceso.

Pero la situación actual es que la inmensa mayoría de la energía que producimos y consumimos es derivada de centrales de fuel-oil, altamente contaminantes y cuyos límites de aportación de energía ha conocido sucesivos fracasos con ceros energéticos tan aparatosos como perjudiciales.

Se trata pues de tomar decisiones en el corto plazo en un escenario que viene marcado por la necesidad de hacer grandes inversiones o bien en actualizar nuestras centrales eléctricas o bien añadir centrales de ciclo combinado a las ofertas energéticas actuales. Cierto que cualquier ciclo de producción eléctrica en la actualidad depende de la quema de combustibles fósiles y que el gas no significa una disminución de la dependencia energética del exterior, pero lo cierto es que es bastante mas barato que el petróleo, su encarecimiento no es,  ni de lejos, parecido al del oro negro y sus efectos contaminantes también son mas limitados. Con todo, esta es una cuestión que debe suscitar un amplio debate técnico, político y social puesto que la puesta en marcha de cualquier proyecto energético conlleva necesariamente el transcurso de unos años que, sumados a los perdidos con el fracaso de la puesta en marcha del PECAN, pueden convertir en obsoleta cualquier tecnología.

En cuanto a la implantación de las energías renovables también debe ser un proceso paulatino en el que debemos incorporarnos tanto en el momento de la implantación como en el proceso previo de investigación y desarrollo de la tecnología, de manera que la cantidad y calidad de nuestras materias primas nos permita no solo abastecernos sino constituirnos en vanguardia del conocimiento científico en este campo de las energías limpias.

PROPUESTA SOBRE LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS.

En opinión de Comisiones Obreras Canarias, es obvio que las deficiencias de funcionamiento de las administraciones públicas de Canarias, es una de las evidencias que todos conocíamos pero que la crisis ha resaltado y agudizado hasta tal punto de poner en cuestión la sostenibilidad global del sistema.

No hay razones en esta situación para renunciar, ni siquiera para reducir en términos absolutos la dimensión de lo público. Los servicios públicos, junto al empleo, son los dos factores mas poderosos de reparto de la riqueza entre los ciudadanos y ciudadanas y una clave esencial del principio constitucional de la igualdad entre todos y todas. Por otro lado, las administraciones públicas pueden ser, y de hecho son, un factor impulsor de la actividad económica, de la generación y transmisión del conocimiento, y en definitiva de la cohesión y el progreso social. De hecho uno de los grandes yacimientos de nuevo empleo y de generación de riqueza del futuro inmediato está situado en el terreno de la atención a las personas tanto desde el campo de la dependencia, como de la educación o la integración social. En cualquier caso nuevas actividades que tienen que ver con el avance de la cohesión social y con el incremento de la calidad de vida de las personas, y por tanto  expansión de las responsabilidades públicas

Naturalmente un proceso de reforma de las administraciones públicas tiene una dimensión estatal que no puede esconderse, pero dentro del ámbito de competencias de la comunidad autónoma y dentro de su peculiar organización territorial, hay medidas y decisiones que tomar para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas, potenciando las sinergias y corrigiendo las ineficiencias.

Partimos desde la realidad actual de profunda crisis económica que ha generado una disminución de ingresos y de los recursos públicos que durante el 2011 debe gestionarse con la prioridad absoluta de salvar en la medida de lo posible, la calidad de las prestaciones públicas y el acceso de la ciudadanía a las mismas, haciendo recaer por tanto los recortes sobre otros aspectos del gasto público, sin que este enunciado signifique la renuncia a plantear un incremento moderado de la presión impositiva que permita suavizar o diferir los sacrificios.

El acuerdo que proponemos sería por tanto un acuerdo global entre administraciones, instituciones, partidos, sindicatos y patronales, que aunque urgente no parece conveniente mezclar con la campaña electoral por lo que deberá ser abordado en la siguiente legislatura como eje esencial de la acción de gobierno en el corto plazo.

Esta reforma debería hacerse sobre los siguientes principios:

1)     El ciudadano o ciudadana en cualquiera de sus vertientes, empleador, parado, estudiante, paciente, es el centro de la actividad de las administraciones públicas y el indicador fundamental de la calidad de los servicios.

2)     Los servicios públicos deben ser un factor de cohesión y vertebración social pero también un mecanismo eficiente de apoyo y estimulo de la actividad económica y la mejora del tejido productivo.

3)     Se debe reforzar la profesionalidad de las administraciones públicas, limitando el ejercicio de la libre designación y abandonando viejos conceptos falsamente igualitarios que impiden incentivar el compromiso profesional y por el contrario generan desmotivación y desapego por las responsabilidades individuales.

4)     La eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia ética irrenunciable que debe formar parte del sustrato cultural de las administraciones públicas.

5)     El adecuado reparto de competencias y de los recursos entre las administraciones, sí ya es un valor en si mismo, adquiere una trascendencia especial en un territorio fragmentado como el nuestro, donde existen realidades tan diversas y en la que necesariamente, habrá servicios públicos deficitarios puesto que el volumen de población hace inviable rentabilizar, ni social ni económicamente, las inversiones.

6)     La evaluación de los resultados debe ser una constante de todos los agentes implicados en la gestión de lo público. Para ello la gestión participativa por objetivos, la implicación de los empleados públicos en la determinación de los mismos y el establecimiento de incentivos relacionados con su cumplimiento son una valiosa herramienta de implicación de los profesionales, de los responsables políticos y un baremo público con el que la ciudadanía puede medir el desempeño de cada uno y el del conjunto.

 SECTOR SERVICIOS

 Entendiendo por sector servicios, aquéllos prestados por las distintas Administraciones Públicas al conjunto de los ciudadanos, y siendo concientes de la situación de crisis por la que atraviesa nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de agilizar y mejorar y reducir los costes de la prestación de los servicios y en el ánimo de facilitar los trámites administrativos y  asesoramiento y con ello ayudar desde las administraciones  al conjunto de la ciudadanía, queda patente la necesidad de abordar una serie de medidas que modernicen,  mejoren y reduzcan gastos reordenando y optimizando los servicios públicos.

Por todo esto, desde CCOO Canarias proponemos las siguientes medidas:

-. Desde CCOO Canarias proponemos la elaboración de un mapa del conjunto de las competencias de cada una de las administraciones, para, posteriormente, elaborar un estudio de viabilidad que concentre competencias con el fin de reducir gastos, mejorar la gestión de las mismas y optimizar los recursos humanos destinados a ejecutarlas, amén de la agilización de la prestación de los servicios.

 

-         Constitución de una comisión de carácter institucional, en el seno de la Concertación Social, en donde estén representadas las distintas corporaciones locales (municipales y cabildos), organizaciones sindicales más representativas y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de elaborar el mapa de competencias y en consonancia con este el mapa de los recursos humanos, que pueda viabilizar  la redistribución para lo optimización de los efectivos humanos entre las distintas administraciones.

 

-         Constitución de una comisión de carácter institucional en el seno de la Concertación Social en donde estén representadas las distintas corporaciones locales (municipales y cabildos), organizaciones sindicales más representativas y el Gobierno de Canarias, para el estudio del coste de los inmuebles utilizados para ubicar al conjunto de las administraciones, con el fin de explorar la reducción de gastos en alquileres y la búsqueda de soluciones alternativas, incluida la de compartir ubicaciones entre distintas administraciones y el traslado de aquellas que no prestan servicio directo al ciudadano a la periferia de las distintas ciudades, abaratando notablemente los costes de alquileres.

 

-         Revisión de los distintos protocolos de actuación en los distintos ámbitos de actuación del conjunto de las administraciones en la búsqueda de acciones innecesarias que aumentan los costos de las mismas sin redundar en la eficacia y aumentando sin embargo el gasto público, no sólo en lo que se refiere en materia de personal sino en la utilización de materiales, dependencias etc.….

 

-         Revisión de los distintos Convenios de colaboración para la prestación de servicios de las distintas administraciones Públicas con empresas privadas, con el objetivo de contrastar que dichos convenios no han quedado desfasados y/o no obedecen a las necesidades reales actuales y/o dicha prestación está fuera del precio de mercado.

 

- Desarrollo de la Ley de la Función Publica Canaria, que se ajuste al EBEP y por mandato del mismo, ya que la actual no responde a la realidad  y está significativamente obsoleta, implicando en su elaboración y desarrollo a todos los grupos parlamentarios y las organizaciones sindicales e intentar el mayor consenso posible por la relevancia de la misma.

Esta forma de actuar nos está llevando a un camino involucionista que genera un empeoramiento de las condiciones de trabajo, destrucción de empleo en nuestra comunidad, deterioro de la enseñanza a todos los niveles, la divergencia entre los intereses de los diferentes agentes implicados en la comunidad educativa, y un sinfín de situaciones que se pueden escapar al control de los poderes públicos pudiendo ser el principio de la generación de daños irreparables en nuestro sistema educativo.

El modelo educativo por el que trabajamos en CC.OO. ha de partir del derecho a la educación de todas las personas y debe desarrollarse en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Ha de basarse en la solidaridad y en la compensación de las desigualdades sociales en una educación no sexista, laica, científica, crítica, participativa e impulsora de valores como el de la paz, la integración, el respeto, la no violencia, la igualdad, la conservación de la naturaleza e integrada en nuestra realidad sociocultural.

Todo ello hace que concibamos la educación en primer lugar como un derecho básico de todo ciudadano. Y en esa medida creemos que debe haber un servicio público educativo de calidad que garantice que todas las personas puedan acceder al mismo en igualdad de condiciones, en la medida que entendemos que la educación es un elemento imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades, la compensación de las desigualdades sociales y territoriales y el pleno ejercicio de la condición de ciudadanos y ciudadanas.

Al mismo tiempo, debemos considerar la formación y en general la educación como factor de eficiencia tanto social como productiva. Es la cumbre de Lisboa 2000 la que marca un nuevo objetivo estratégico de la Unión con el fin de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de una economía basada en el conocimiento, más competitividad y dinámica en el mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.

Este reto obliga a nuestra Comunidad a hacer una apuesta estratégica por la formación en su sentido más amplio y global, adaptar nuestras infraestructuras, nuestros servicios, nuestro tejido productivo y nuestro capital humano al objetivo de la comunidad del conocimiento, con protección social y empleo de calidad. Ello exige, entre otras cosas, un gran esfuerzo colectivo en materia de educación, formación e investigación.

Todo esto nos lleva a plantear nuestro apoyo al diseño de estrategias de actuación que permitan intervenir activa y positivamente en la construcción de nuestro sistema educativo, sostenido en un amplio consenso político y social, y dirigido a:

§     Políticas de equidad basadas en la compensación de desigualdades;

§     La mejora del clima de convivencia en los centros educativos;

§     La integración e interacción de todos los sectores de la comunidad educativa. Incrementando la participación de todos los agentes implicados (personal docente, no docente, directivos, alumnado, padres y madres, etc.) en la construcción de las políticas educativas;

§     La mejora de los resultados educativos, aumentando los recursos y reduciendo el número de abandonos prematuros del sistema educativo que permita aumentar los índices de calidad.  

§     El equilibrio entre todos los centros sostenidos con fondos públicos;

§     El Fomento  del diálogo y la negociación;

§     Una educación de calidad de todos y todas para todos y todas, implementando las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias en cada momento y situación;

§     La potenciación de los servicios educativos y complementarios a prestar por los propios centros educativos, gestionados directamente por el ente público;

§     La apuesta por políticas socioeducativas;

§     La implantación de centros integrados de Formación Profesional, ampliando la oferta de plazas para dar respuesta a la demanda.

§     La defensa de centros de referencia de Formación Profesional sobre todo en materias sectores como el turístico, el marítimo-pesquero, el astrofísico y el relacionado con las nuevas fuentes de energía y las energías renovables.

§     La impartición de la formación adecuada dirigida a las actividades con empleo cierto, pero también hacia las actividades emergentes hacia las que se estimule el crecimiento en la perspectiva del perfeccionamiento del modelo económico.

§     El apoyo y la colaboración en la adecuación de nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES);

§      La promoción del acceso público y libre a las universidades públicas Canarias, mejorando considerablemente las ayudas a los estudios de grado y master, así como la movilidad de la comunidad universitaria en concordancia con la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior;

§     El establecimiento de una oficina autonómica de movilidad europea para los alumnos y trabajadores de las universidades públicas Canarias debidamente financiada, con especial atención a las clases sociales más desfavorecidas;

§     La mejora de las condiciones de salud laboral y seguridad en el desarrollo del trabajo, exigiendo protocolos de actuación en caso de emergencia, de acoso laboral, cuadro de enfermedades profesionales, etc.

 

SANIDAD.- Un nuevo contrato social por el sistema sanitario.

Basado en:

·       En la suficiencia en términos de prestaciones y dispositivo.

·       En la sostenibilidad medida por su nivel de gasto, y  por la  capacidad de racionalizar el Sistema.

·       Preservar y ampliar la equidad y la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso. Esta equidad hay que preservarla tanto entre ciudadanos de Canarias como entre estos y los del resto de  España.

·       Racionalizar el sistema en cuanto a la información interna, la planificación estratégica participativa por objetivos medibles y la satisfacción del paciente/usuario/cliente.

·       La gobernabilidad en la toma de decisiones,  incorporando el liderazgo profesional, la cooperación entre administraciones, a los usuarios y  proveedores,  arrinconando la dictadura burocrática.

Resumiendo:

1.      Suficiencia

1.      Implantación de la Red de atención a la Urgencias Extra Hospitalaria.

2.      Fortalecimiento de la continuidad asistencia! entre atención primaria y especializada.

3.      Categor�a: Recomendaciones . Comentario: (4). Retroenlaces:(0). Enlace

Impuestos y democracia

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 23 Mayo, 2011 12:35

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En 1750 un pastor protestante norteamericano Jonathan Mayew, decía que sin representación democrática no podía haber impuestos, en una alusión a los impuestos tiránicos que la corona inglesa imponía a los colonos norteamericanos y que veinte años después, culminaban con la conocida como revolución del te, porque se inició tirando al mar un cargamento de te destinado a pagar impuestos al soberano inglés.

Los hechos han venido a darle la razón y lo cierto es que el sistema impositivo directo, el que se determina en función del nivel de renta del contribuyente, se ha desarrollado en torno a las formulas democráticas de organización del estado, las dictaduras renuncian a la recaudación fiscal directa y sólo las instituciones democráticas elegidas por los ciudadanos, tienen legitimidad para implantar un sistema fiscal basado en la imposición directa.

Pero la conocida frase de Mr. Mayew, tenía también un mensaje de vuelta que hoy, casi trescientos años después, cobra vigencia ante el acorralamiento que desde los poderes financieros se realiza contra las instituciones democráticas. En efecto, tan cierto como que sin legitimidad democrática no puede haber impuestos, es que sin impuestos tampoco es posible la existencia de legitimidad democrática.

Vivimos una ofensiva, ideológica, cultural, mediática que desde los sectores más duros y más ortodoxos del capitalismo ultraliberal se ha desatado contra todo lo que se parezca a representación democrática, a participación social a derecho colectivo, a justicia social e igualdad.

Podría parecer que la crisis ha desatado la ofensiva, pero lo cierto es que la ofensiva empezó hace treinta años y que no sólo no esta motivada por la crisis sino que está en el propio origen de la crisis. El deterioro de lo público, de lo democrático, de lo social, de lo colectivo forma parte inseparable del origen moral, jurídico y legal del descontrol político de la actividad financiera y cada vez que un ideólogo ultraliberal descalifica la intervención pública sometida a “intoxicaciones demagógicas” fruto del carácter elegible de los cargos públicos, frente a la supuesta neutralidad tecnocrática del poder económico, está generando el caldo de cultivo de esta bacanal de intereses bastardos, de miopía ética, que puede llevarse por delante procesos tan complejos como la construcción europea y gran parte de los derechos que generaciones tras generaciones de seres humanos construyeron con dosis enormes de sacrificio y generosidad personal.

Hoy se han quitado la máscara sin pudor, seguros de la condición de inevitable de su victoria, pero hace muchos años empezaron con aquella campaña de ataque a los impuestos, en la que importantes sectores de la izquierda participaron para ganar un proceso electoral, demonizando el instrumento con mayor capacidad de generar igualdad social y de equiparar las oportunidades de quienes nacen sin nada y los que lotienen todo antes del primer llanto. Se entró así en una dinámica perversa en la que bajar los impuestos llegó a ser considerado progresista por algún estadista socialdemócrata tan embobado en las encuestas como alejado de la vida cotidiana de los ciudadanos, pero también una dinámica perversa en la que los ciudadanos primamos a quien bajaba mas las cargas impositivas, cambiando nuestra tranquilidad nuestra seguridad y los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos, por un incremento de nuestra capacidad de consumo inmediato.

Con el dinero que dejamos de cobrarles en impuestos, han comprado nuestra deuda, la misma que se generó por la reducción de los ingresos y ahora el dinero que sería de todos, se lo debemos. Para prestárnoslos nos ponen condiciones cada día más dolorosas y más insoportables, que destruyamos el sistema sanitario, el educativo, que nos jubilemos mas tardes, que trabajemos en precario y sin derechos y cualquier día, descubrirán lo cara que es la democracia y lo inútil que resulta.

Señalan como posesos hacía el gasto público, hacía la inversión productiva, hacía el gasto sanitario o el educativo, sin hacer una sola referencia a la sucesiva disminución de las cargas impositivas, mayor cuanto mayor eran las rentas afectadas, y al efecto que estas decisiones han tenido sobre el equilibrio de las cuentas públicas.

Por eso los defensores de lo público deben retomar el discurso de la defensa del sistema impositivo directo, de la fiscalidad derivada directamente de los ingresos y de las posibilidades del contribuyente y los ciudadanos primar electoralmente a quienes se comprometen con lo público, a quienes tengan el valor de enfrentarse no a la mayoría social sino a la minoría antisocial, que instalada en el poder económico, político y mediático, lleva décadas deteriorando nuestros instrumentos para la convivencia, trocando el progreso colectivo por el beneficio individual, generando una casta de miopes, avaros y megalómanos adictos al poder y a una riqueza tan desmesurada, tan desvergonzada, tan indecente, que ni siquiera se ruboriza con el hecho indudable de que para perpetuarse está limando los derechos y la vida de millones de personas, que vuelven a situarse en los límites de la pobreza extrema dentro de nuestro primer mundo, al lado de casa, tan cerca que si no nos defendemos ya, nos alcanzará a todos sin excepción y se llevará derechos y conquistas sociales que tardamos siglos en alcanzar.

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Una estrategia para la revisión del Pacto social por la economía y el empleo

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 30 Marzo, 2011 17:28

Una estrategia para la revisión del Pacto Social por la

Economía y el Empleo.

Han pasado casi dos años desde la firma del pacto social que a mediados de 2009 firmamos, patronales canarias, sindicatos, y administraciones públicas, en un intento por afrontar desde el consenso y la colaboración, la durísima crisis, financiera, económica ysocial que todavía hoy estamos atravesando.

No es nuestra intención iniciar ahora un balance del grado de ejecución de las medidas del pacto, ni del resultado de su aplicación, para hacer este último análisis sería necesario contar con una especie de laboratorio donde pudiésemos valorar el estado actual de las cosas de no haber existido el pacto.

En cualquier caso si podemos afirmar que la primera intención del pacto, la de consensuar las grandes líneas de la política económica no ha sido posible, debido fundamentalmente, a la permanente vocación del gobierno de no debatir su política presupuestaria y de poner encima de la mesa sus decisiones como hechos consumados.

Desde el punto de vista de la protección social, también podemos afirmar que no ha existido una mejora de los mecanismos de protección social y que por el contrario la relación entre recursos y necesidades ha seguido desequilibrándose hasta niveles preocupantes. La recuperación de sectores de la población para la formación reglada tampoco ha merecido ningún esfuerzo por parte de las administraciones y de hecho se han producido sucesivos recortes en la oferta de formación profesional aunque el incremento constante del paro y de las dificultades para encontrar empleo han devuelto a las aulas a un pequeño porcentaje de las personas en paro.

Por otro lado, las bonificaciones a la seguridad social que se propusieron como incentivadoras del empleo, ante la falta de criterio para su utilización ni han servido para incentivar el empleo ni para contribuir en la protección social, de hecho las partidas presupuestarias que en un inicio fueron criticadas por insuficientes nunca se llegaron a gastar en su totalidad.

En resumen, gran parte de las potencialidades de los contenidos del pacto han sido desaprovechadas por el gobierno y las derivadas en si mismas de la existencia del acuerdo se han mantenido mas por el sentido de la responsabilidad y la voluntad de preservar el acuerdo, de las que hemos hecho gala las organizaciones sindicales que por la práctica del gobierno.

Pero las razones que nos llevaron a firmar el pacto siguen ahí, Seguimos en medio de una crisis sin precedentes, con trescientos mil parados, con las cuentas públicas en una situación preocupante, con los límites de endeudamiento agotados y con los mismos rancios problemas de la economía canaria lastrando cualquier posibilidad de recuperación.

Por eso es imprescindible recuperar el valor del acuerdo en torno al pacto social, porque la situación no solo es grave, sino que nadie sensato puede negar la posibilidad de un escenario aún peor en el caso de que los precios de las materias primas sigan evolucionando al alza o el Banco Central Europeo decida subir los tipos de interés.

En ese sentido, de realzar el valor del acuerdo, conviene resaltar la magnifica acogida que ha tenido en la sociedad canaria actuaciones como las tenidas en el sector de la limpieza de los centros educativos, con la aplicación de la reducción pactada de la jornada como alternativa a la destrucción de empleo.

Sería un factor de estimulo para la economía canaria, que los firmantes del pacto social fuésemos capaces de relanzar el pacto, revisando su cumplimiento, impulsando las medidas que se han demostrado eficaces y corrigiendo las que han mostrado claramente que deben ser mejoradas para servir a los fines que motivaron su inclusión en el pacto, como las bonificaciones a la cuota de seguridad social.

Este esfuerzo debería ser simultaneo a un proceso de reforma de las administraciones públicas con el doble objetivo de mantener la cantidad y calidad de las prestaciones y el empleo público de manera que las administraciones no realicen su ajuste a la nueva situación en términos ni de empleo ni de derechos ciudadanos sino en términos de eficiencia y de reducción de la burocracia y el gasto superfluo.

Por ello, las organizaciones sindicales firmantes del pacto social por la economía y el empleo, proponemos como líneas prioritarias de actuación dentro del pacto, las siguientes:

- Aplicación en el sector hotelero de un ratio pactado de personal en función del número de turistas alojados por debajo del cual las empresas perderían el derecho a la bonificación de sus contrataciones.

- Aplicación de la priorización en la bonificación de los contratos en las personas que provengan de unidades familiares sin ingresos.

- Se podría estudiar la posibilidad de incrementar incluso la bonificación o el tiempo de percepción en el caso de planes concretos de actuación en zonas especialmente deprimidas, de manera que la contratación de residentes de esas zonas pudieran tener una bonificación mayor o más larga que las pactadas.

- Las bonificaciones a la contratación deberán ligarse al mantenimiento del empleo anterior de manera que se evite la sustitución de trabajadores e igualmente deberán tener un límite de edad mínimo en torno a los 18 años, para evitar propiciar un nuevo éxodo desde las aulas hasta puestos de trabajo de baja cualificación.

- Impulso de la aplicación de la reducción de jornada como alternativa a la destrucción de empleo, tanto en el sector de hostelería ligado a la renovación de la planta, como en otros sectores como podría ser las empresas concesionarias de servicios públicos afectadas por los ajustes.

- Establecer objetivos numéricos en la recuperación para la formación reglada o en su caso para la cualificación profesional de jóvenes menores de 33 años.

- Impulso de la aplicación comarcal del acuerdo, implicando a patronales locales, ayuntamientos y sindicatos. Revisión del papel de los agentes de desarrollo local.

- En cuanto a las reforma de las administraciones públicas además de los términos globales de preservación de la cantidad y calidad de las prestaciones y del empleo público deberían centrarse en:

- Profesionalización de la gestión pública con la limitación expresa de los cargos de libre designación.

- Negociación de Planes de Ordenación de Recursos Humanos que introduzcan nuevos elementos de flexibilidad e incentivación.

- Mejora de la coordinación y de las herramientas de coordinación entre las administraciones públicas de Canarias.

- Priorización de las medidas encaminadas a potenciar los servicios estratégicos como el educativo y el sanitario, a los relacionados con el impulso de la actividad económica o a los esenciales para mantener la cohesión social y el consumo privado.

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UN BUEN ACUERDO

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 07 Febrero, 2011 12:54

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Al final, el proceso de dialogo social, retomado después de los cambios producidos en la dirección confederal de la patronal y en el ministerio de trabajo, ha culminado con un acuerdo económico y social que supone un punto de inflexión en la gestión de la crisis económica que ha realizado la sociedad española.

 

En efecto frente a la crisis financiera internacional y la brusca explosión de nuestra burbuja inmobiliaria, que había sostenido el espectacular crecimiento anterior, la sociedad española, sus instituciones democráticas, sus gobernantes y sus agentes sociales, reaccionamos tarde y mal. Claro que no todos con el mismo grado de responsabilidad, pero lo cierto es que unos por incapacidad para verlo, otros por el interés en ocultarlo, y otros por la incapacidad para hacerlo ver, entre todos, hemos contribuido para acumular los errores que nos han traído hasta aquí. Resulta insultante para la inteligencia de los ciudadanos pretender que estamos en esta situación sin haber errado o que la culpa de los errores es de todos, menos nuestra.

 

Los primeros meses de crisis financiera internacional los pasamos discutiendo si eran galgos o podencos, si era una verdadera crisis o una suave desaceleración. Visto desde ahora es obvio que manteníamos ese surrealista debate, mientras estábamos en caída libre y aunque sus efectos más brutales no habían aparecido, lo cierto es que los márgenes de beneficio ya habían desaparecido y los contratos temporales que vencían ya no se renovaban.

 

Luego estuvimos durante meses afrontando la crisis con políticas keynesianas de incremento de gasto público que, sin el recurso de la devaluación monetaria para financiarlo, se demostraron suicidas. Personalmente, creo que la adopción de políticas de inversión pública en situaciones como esta, es una solución mejor que las alternativas conservadoras de reducir los impuestos y la protección social. En mi opinión, son mas eficientes para reactivar antes la economía y para paliar los efectos sociales de las etapas de crisis, además de mas justas y equilibradas a la hora de repartir sus cargas.

 

Pero la política de incrementar los gastos mientras se reducen los ingresos, genera una deuda que hay que financiar, bien mediante la exportación de bienes y servicios o bien mediante el recurso del crédito, generando ese concepto tan de moda que es la deuda soberana. Nuestro país como es notorio tiene un déficit notable de la balanza de pagos es decir una diferencia considerable entre lo que importa y lo que exporta y no contamos con el recurso de devaluar la moneda para aumentar las exportaciones.

 

Por lo tanto las políticas de expansión del gasto o se toman en el seno de la Unión Europea o se hacen insostenibles en el marco de las políticas estatales y mas rápidamente insostenibles, cuanto menor sea la capacidad exportadora del estado en cuestión.

 

De esta manera llegamos a mediados de 2010 cuando agobiado por la dificultad creciente para colocar la deuda soberana en los mercado, el gobierno tiró por la calle del medio y entró a saco en una política de recortes sociales que le ha enfrentado a la mayoría social y le ha generado el mayor desgaste político que ha conocido ningún gobierno de la democracia exceptuando quizás el último gobierno de Suárez.

 

Redujeron el salario de los empleados públicos, la inversión estatal y la financiación autonómica y municipal, impulsaron una reforma laboral confusa que solo ha generado inseguridad y temporalidad además de un conflicto social pendiente de cerrar. Dinamitado el dialogo social y retirada la prestación destinada a evitar la exclusión social de centenares de miles de personas, ahora amenazaban con reformar unilateralmente el sistema público de pensiones, la negociación colectiva y la política energética.

 

Hemos pasado de la duda al error y del error a la imposición y al conflicto social. En el proceso nos hemos colocado en una situación en la que tenemos dificultades para afrontar la financiación de nuestro gasto corriente, cuatro millones largos de parados y graves problemas de formación de capital humano.

 

Ese es el contexto en el que hemos afrontado esta negociación y en ese contexto, la negociación ha conseguido limar los aspectos mas regresivos de la reforma de las pensiones, propuesta por el gobierno y equilibrar sus efectos sobre los distintos colectivos y realidades que conviven en el seno del sistema público de pensiones, hemos rescatado la prestación de cuatrocientos euros para las personas sin derecho a otras prestaciones, hemos puesto a salvo los aspectos esenciales de la negociación colectiva, desviando además el foco desde las pretensiones asilvestradas de la patronal y los expertos a sueldo del ultraliberalismo, en torno a la vigencia y efectividad de los convenios colectivos, hasta las posibilidades ciertas que, una reforma seria de la negociación colectiva. puede abrir en la competitividad de las empresas españolas.

 

Pero además de los contenidos concretos, lo cierto es que este acuerdo devuelve a patronal y sindicatos, al centro de las relaciones laborales y deja como responsabilidad compartida entre ambos, encontrar una fórmula de reforma de la negociación colectiva. La recuperación del dialogo social, del camino del entendimiento es probablemente la mejor noticia que podría recibir la sociedad española tanto desde el punto de vista del sentimiento colectivo abrumado por tanta calamidad como de la fiabilidad como nación ante el exterior.

 

En economía, existen intangibles como la confianza, la seguridad, que son imposibles de objetivar, pero que tienen una influencia decisiva que se incrementa exponencialmente en etapas de crisis. Los agentes sociales, las instituciones democráticas, los partidos políticos, mantenemos una deuda con la sociedad española, porque la mejor defensa contra los ataques especulativos contra nuestra deuda, el mejor antídoto contra la erosión de la confianza del dinero en la sociedad española, está en el acuerdo colectivo, en el pacto entre todos para afrontar la situación. En este terreno la firma de este acuerdo sobre pensiones, negociación colectiva, políticas activas de empleo y política industrial es un paso importante y para decirlo en términos de lógica académica, es una condición necesaria pero no suficiente.

 

Porque siendo un buen acuerdo, siendo una magnifica noticia, no bastará con este acuerdo, para salir de la crisis ni para abandonar definitivamente el borde del abismo de la financiación de la deuda. Para empezar ya deberían incluirse en el texto reformas igual de decisivas para afrontar la situación como la reforma fiscal o la reforma de las administraciones públicas.

 

Pero además necesitamos abordar con urgencias reformas en el sistema educativo, en el sistema sanitario público, en el modelo productivo, en la política energética, en los servicios públicos de empleo. En definitiva, una gran cantidad de reformas estructurales que deben permitir básicamente, la evolución desde un modelo de competitividad basado en los precios, hacía un modelo más centrado en la calidad y la innovación.

 

Ese es el camino del que pretendieron excluir al sindicalismo y a los trabajadores y trabajadoras de este país, los que dentro y fuera del gobierno pretendieron imponer sus recortes a la mayoría social. Ellos son los grandes derrotados de este acuerdo, contra ellos se manifestó clara y rotundamente la sociedad española el 29 S, pero ni han desaparecido ni están desarmados, volverán a la carga porque en estos momentos la disyuntiva no es si necesitamos o no las reformas, ese debate nos lo ha resuelto brusca y súbitamente la crisis económica, la diferencia está entre hacer las reformas hacía adelante, mejorando la cohesión social y territorial de España, o volver al pasado desregulado y salvaje que algunos nos venden como el futuro. 

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analisis Presupuestos Generales del Estado

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 15 Noviembre, 2010 18:01

Informe_PPGE_2011_MITYC.pdfInforme_PSEC_Avanza2.pdfAdjunto dos archivos que creo que tienen mucho interés. Se trata de un analísis detallado de las previsiones de los presupuestos generales del estado para el terreno de la investigación y la innovación. Saludos. Carmelo

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Hay partido

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 26 Octubre, 2010 12:09

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Ha pasado la huelga general y empiezan a notarse los primeros efectos que demuestran mejor que cualquier argumento, que la movilización de una inmensa mayoría social, que supone en la práctica el soporte electoral del actual gobierno –sin que eso signifique que acepte, en el gobierno, un supuesto carácter de izquierda que ahora no pretendo debatir pero que en todo caso niego- Bien, pues esa movilización ha producido ya cambios y va a seguir produciéndolos en las próximas semanas, pero en mi opinión, pecaríamos de miopía si nos conformásemos con ganar el día de la huelga general, o las semanas después de la huelga, e incluso si nos cegase la euforia ante la caída de alguno de los enemigos mas acérrimos de la huelga.

 

Es obvio y cada día se verá con mayor claridad que la paralización del país con motivo de la convocatoria del 29-S fue prácticamente total, igual que ha sido innegable la participación masiva de la ciudadanía en los actos de protesta que se hicieron aquel día y que quienes soñaron con el inicio del fin del movimiento sindical volvieron a despertar una mañana de ejemplar ejercicio del poder sindical.

 

Pero tan cierto como el éxito indiscutible de la huelga, lo es que todavía no hemos ganado  nada que no sea el derecho a seguir batallando, que por otro lado y en esta situación es el máximo posible que se podía obtener con una convocatoria de huelga general.

 

En efecto, la crisis económica y sus efectos sobre el tejido productivo, la cohesión social, el balance de las cuentas públicas y sobre la vida de millones de compatriotas siguen ahí pendientes de solución. Los intereses económicos y políticos que nos han llevado a esta situación siguen contando con un peso mayor incluso que el de los estados e incluso las uniones multiestatales. El poder político, en Europa o bien forma parte de ese entramado o bien se ha plegado a su ofensiva y un porcentaje importante de la ciudadanía considera los recortes sociales como inevitables debido al constante bombardeo mediático sobre la insostenibilidad del modelo social europeo.

 

En el terreno de la batalla ideológica la estrategia de salida de la crisis tampoco va nada bien para los valores que defendemos. Pasado el primer efecto de retirada, que simboliza aquella extraña propuesta del expresidente de la CEOE, el Sr. Durán Ferrer, de suspender temporalmente el capitalismo, recuperada la sostenibilidad mediante la recepción de miles de millones de euros de fondos públicos, ahora se trata de mutilar al estado de bienestar, se trata de generar un sistema mundial de competitividad basado en reducir los costes del factor trabajo.

 

Ni siquiera es cierto que exista una estrategia mundial de salida de la crisis mediante el ajuste en torno a la deuda. Sólo la Unión Europea ha adoptado esa estrategia de salida, mientras EEUU y gran parte de los países emergentes, han optado por políticas de corte socialdemócratas cuyos resultados están por ver, pero cuya eficacia a la hora de paliar los efectos sociales de la crisis son indiscutiblemente mejores. Por otro lado, países como China compiten con el manejo artificial de su moneda como estrategia anticrisis.

 

No es casual que los mercados exijan y los gobiernos acepten, sólo en Europa, que la salida de la crisis suponga un brutal recorte del gasto público, que puede hacer inviable el modelo social que caracteriza a la Unión. En el mundo-aldea en el que vivimos, los propios procesos de deslocalización, consistentes en trasladar la producción allá donde los costes son menores, han llevado también el modelo social europeo para convertirlo en referencia de los anhelos de cientos de millones de personas que ya saben que existe la sanidad o la enseñanza gratuita.

Incluso dentro de la Unión, las diferencias de trato entre situaciones como la irlandesa o la griega, demuestran hasta que punto son los intereses de los mercados los que se sobreponen al interés colectivo. Mientras la Unión intervino las cuentas griegas con urgencia ante el creciente interés de la deuda griega, en Irlanda no se hará preciso intervenir hasta que, a base de endeudar al estado irlandés, éste no ponga a salvo a sus entidades bancarias.

 

Es decir, despilfarraron miles de millones de euros procedentes del esfuerzo de millones de pequeños ahorradores, que luego con sus impuestos tuvieron que tapar el agujero que se había creado en el sistema financiero. Ese esfuerzo económico, junto con los sobrecostes que para el gasto público han representado los efectos sobre la economía real de la crisis financiera, generaron una deuda en las cuentas públicas que financiaron con el dinero público que recibieron para evitar la quiebra.

 

En un mundo con valores, se habrían quedado ahí. Habrían obtenido un interés razonable por financiar esa deuda, interés que hubiese contribuido a su sostenibilidad y la crisis hubiese tenido un epilogo doloroso pero útil para el futuro.

 

Pero este es un mundo sin valores y ahora para seguirnos financiando la deuda que nos generó su trapisonda, nos exigen que recortemos nuestra calidad de vida, que retrasemos la edad de jubilación, que paguemos una parte de los servicios públicos hasta hoy gratuitos, que nos dejemos despedir, que dejemos hacer al patrón, que nos olvidemos de lo que hemos conquistado.

 

Frente a esta monstruosa demostración de cinismo, la Comisión Europea, los gobiernos nacionales, las instituciones democráticas lejos de representar a los ciudadanos se pliegan a las pretensiones de los mercados generando un clima de conflictividad social en todo el continente.

 

En este escenario algunos consideran que el movimiento sindical es la última trinchera por superar sin plantearse siquiera que detrás de la última trinchera puede haber un abismo al que conviene no asomarse siquiera.

 

El movimiento sindical forma parte de la esencia del modelo social europeo, pero ni es el modelo social europeo, ni siquiera se puede decir con propiedad que este sea una conquista, en exclusiva, del movimiento sindical.

 

Este modelo social construido entre todos y enriquecido por las aportaciones surgidas con las nuevas incorporaciones que ha sufrido a lo largo de la historia la Unión, forma parte del núcleo duro de la legitimidad, no sólo del proyecto europeo sino de las propias democracias nacionales que lo componen.

 

Cuando los ciudadanos ven como los Estados corren presurosos en ayuda de los bancos mientras recortan las ayudas a los mas necesitados, cuando en lugar de fijar reglas para terminar con la especulación financiera, los gobiernos imponen restricciones a los derechos de los ciudadanos, cuando la gente que necesita ayuda no la encuentra mientras continua el burdel de las primas a los directivos, las jubilaciones de platino, cuando la política y la democracia se arrodillan ante los mercados, quienes se deterioran son la política y la democracia, abriendo peligrosas puertas por las que la frustración y el desencanto con la democracia, acompañan al crecimiento de la extrema derecha, la aparición de presiones xenófobas, la criminalización del disidente. En suma nada que no este ya en la historia de Europa, cuya situación antes del inicio de la construcción de este modelo social no precisa comentarios.

 

¿Nos corresponde pues a los sindicatos la defensa de la esencia de la democracia? No, afortunadamente no nos corresponde esa enorme responsabilidad, no en exclusiva al menos. La democracia es una conquista ciudadana, civil, arraigada en la cultura europea y es a los ciudadanos a quienes corresponde la responsabilidad de su evolución, los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones, en su condición de integrantes de la ciudadanía toman una parte de esa responsabilidad. En todo caso convendrá hacer un esfuerzo por mejorar los aspectos sociopolíticos de nuestra actividad y nuestra relación con el reto del tejido organizativo de la sociedad civil.

 

Pero el trabajo de los sindicatos debe ser el que está siendo. En Grecia, en Portugal, en Francia, en España el movimiento sindical mantiene viva la resistencia mientras se inicia la reacción de la ciudadanía que tanto en Francia como en España supera las mejores expectativas previstas.

 

Es imposible saber el resultado de esta batalla entre ciudadanía y especuladores, entre democracia y mercado pero ya si se puede decir que la habrá y que se librará en el marco de la Unión Europea. No habrá desmantelamiento del Estado de Bienestar sin conflictividad social, la ciudadanía europea no se dejará arrebatar sus señas de identidad mas preciadas sin rechistar.

 

En España el 29 de septiembre, los trabajadores y las trabajadoras nos ganamos el derecho a seguir batallando porque quienes pensaron en doblar el espinazo de los sindicatos con un fracaso de la movilización se equivocaron, porque pasado ese día y ganada esa batalla, muchos que pensaban que era imposible se animarán a participar, porque mas temprano que tarde el gobierno tendrá que rectificar su modelo de reforma laboral, porque todos los días se suman movilizaciones y conflictos en otros paises de Europa. Por todo eso el día 29 de septiembre los trabajadores y trabajadoras españolas nos demostramos a nosotros mismos y a nuestros adversarios, que habrá conflicto social, que no está ganado de antemano y que pese a que con el ruido que hicieron parecían con ventaja, la huelga general nos ha demostrado que esa ventaja no existía y que, para decirlo en términos futbolísticos, hay partido y aunque no será fácil ganarlo nos hemos ganado el legitimo derecho de intentarlo.

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EN PRIMERA PERSONA

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 18 Octubre, 2010 12:21

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Hay determinadas ocasiones en la vida en las que nuestra participación en proyectos colectivos no puede ocultar la carga de decisión personal que existe en nuestras opciones y en la que, frente a los ataques desmedidos de los sectores próximos a la ultraderecha, uno tiene que responder en primera persona para dejar claro el orgullo que le produce haber tomado determinadas decisiones y vivir coherentemente con ellas y la legitimidad que sustenta ese orgullo, para no hacerlo pecado capital.

En efecto soy un liberado sindical y lo soy desde hace más de veinte años. Para empezar puedo decir que esta afirmación me supone un sacrificio personal, que consiste en desconectar de la profesión que vocacionalmente elegí y con la que me siento plenamente identificado. Soy enfermero de un hospital público y mi actividad profesional conllevaba el doble privilegio de ganarme la vida cuidando a otros seres humanos y además hacerlo sin distinción de condición entre ellos. Era un igual cuidando a mis iguales y haciéndolo siempre por igual.

 

Lo he hecho voluntariamente y no tengo ningún derecho a la queja, pero nadie va a hacer que acepte que hacerme cargo de una responsabilidad en el sindicato, dedicar la totalidad de mi tiempo a defender los intereses que defiendo es una válvula para escapar de una profesión a la que todos los días sin excepción, echo de menos.

En cuanto al volumen de trabajo realizado, pues supongo que unos días será menor y otros días mayor, exactamente igual que cuando hablamos de ocupar un puesto en una plantilla de mas de dos mil enfermeros, pues en el puesto que te tocó, unos días el volumen es mayor y otros menor que la media de la plantilla. Lo cierto es que en este trabajo, en el sindical, el descanso total no existe. Cuando estás en casa, en el ambiente mas personal, los problemas, las decisiones, los conflictos, no se quedan en el centro de trabajo, viven contigo todos los días y todos los minutos de tu vida. Repito que no me quejo, pero tampoco aceptaré que estoy liberado para trabajar menos porque llevo más de veinte años cargando problemas y responsabilidades que en el trabajo cotidiano no existen.

 

Ni huyo por tanto de una profesión a la que por otro lado amo, ni me he cargado de trabajo buscando trabajar menos, no tengo en consecuencia, nada de lo que avergonzarme, por el contrario solo tengo motivos para estar orgulloso de lo que hago y de la gente con quienes lo hago y de la gente para quienes lo hago.

En primer lugar orgulloso de deber mi condición de liberado a quienes se las debo, que no son ni las administraciones, ni la patronal, ni los medios de comunicación. Los liberados son o bien fruto de acuerdos de acumulación de horas o bien de acuerdos globales alcanzados en función de la representatividad de las partes. En cualquiera de los dos casos, son los trabajadores con sus votos los que deciden que organizaciones sindicales disponen del crédito horario suficiente para liberar compañeros y cuales se sientan en los foros de negociación por su condición de representativas.

Son los votos de los trabajadores y las trabajadoras los que otorgan las liberaciones y es en primer lugar a esos votos a los que debo mi condición de liberado y en consecuencia, mi primera gratitud.

Claro que esos votos no se producirían sin el trabajo abnegado de miles de compañeros y compañeras que representan al sindicato en cada una de las empresas, que resuelven los problemas y combaten las injusticias cotidianas, que asesoran rápida, precisa y puntualmente, que visitan servicios y personas necesitadas de ayuda, que acompañan a las sedes a las personas que vienen la primera vez a solicitar los servicios del sindicato, que preparan las candidaturas, realizan las campañas y ganan las elecciones sindicales convocatoria tras convocatoria. Sin ellos tampoco estaría liberado y a ellos tengo que agradecérselo especialmente.

 

Esos compañeros y esas compañeras son los sindicalistas de verdad, los que mantienen viva y en marcha a la organización y los que obtienen la mayoría de los recursos de los que disponemos. Yo soy sólo un secretario a los que estos compañeros han elegido para que les busque argumentos, para que les ayude en la elaboración de sus propuestas, en definitiva un apoyo logístico encargado de que el sindicalista en la empresa tenga argumentos y bagaje para ejercer mejor su labor.

Naturalmente me gusta mas el trabajo en la empresa, el cuerpo a cuerpo cotidiano, pero me han elegido para hacer este trabajo y lo hago lo mejor que se, con la mejor voluntad de la que dispongo y pleno de orgullo por que los compañeros y las compañeras piensan que puedo resultarles útil.

También sé que si puedo hacer este trabajo es porque otros liberados junto con personal asalariado del sindicato, me prestan una colaboración imprescindible sin la cual estaría perdido por lo que considero que también una parte de mi liberación es mérito de quien coopera conmigo para hacer el trabajo que se nos ha encomendado.

Por último sé, que debo mi liberación a generaciones anteriores de sindicalistas que en tiempos infinitamente mas duros que estos, ganaron para mí este derecho y eso aparte de ser un motivo de orgullo, es también una razón para entregarse a este trabajo con pasión y con el compromiso de preparar nuevas conquistas para las siguientes generaciones.

Estos son los motivos que sustentan mi orgullo, soy un profesional de trabajo sindical porque me han designado para ello mis iguales, lo he hecho voluntariamente pero sin que eso signifique que no hay renuncias personales en la decisión y pese a esas renuncias si volviese a nacer volvería a hacerlo, aunque sólo sea por el legitimo orgullo de trabajar para tus iguales, no tener nada que no sea tuyo en exclusiva, pero tampoco deber nada a nadie que no sea un trabajador o una trabajadora exactamente igual que yo.

Parece que ahora que los vientos soplan en contra y que los voceros de la dictadura patronal y del pensamiento único se han desbocado, es buen momento para hablar de estas cosas en primera persona y recordarnos a nosotros mismos que lo mejor de este mundo, los derechos, las libertades, la igualdad, lo hemos construido nosotros y lo hemos hecho contra ellos, por encima de ellos  y a pesar de ellos.

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Observatorio Social.Un punto de luz en la red

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 20 Julio, 2010 23:04

Hoy quiero recomendarles una página que considero especialmente útil, tanto para los cuadros sindicales de todas las ramas y los territorios, como para todas las personas que deseen sustentar y contrastar sus opiniones con los datos, los trabajos y las opiniones del equipo multidisciplinar de profesionales que componen el Observatorio Social, bajo la dirección del Dr. Vicente Navarro, conocido y apreciado investigador del terreno social.

En el apartado del Links del blog, tienen el acceso directo que les recomiendo que utiizen con frecuencia, me lo agradecerán. Saludos. Carmelo Jorge

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EL FALSO DEBATE DE LA DEMOGRAFÍA Y LAS PENSIONES

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 19 Julio, 2010 10:44

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Estamos asistiendo, una vez mas, a ese debate que periódicamente se repite acerca del estado de salud de nuestro sistema público de pensiones.

Lógicamente haberlo planteado hace tres años, cuando la caja de pensiones mantenía un superávit anual por encima de los diez mil millones de euros y se había acumulado un fondo de reserva de más de sesenta mil millones, hubiera parecido temerario.

Hoy las cosas han cambiado y aunque, pese a tener cerca de cinco millones de parados, el sistema mantiene su equilibrio presupuestario, ya pueden los voceros del mercado, aprovechando la crisis, plantear sus debates científicos y sus irrebatibles soluciones.

Sostienen, a modo de resumen, que como la esperanza de vida media se ha prolongado, y la edad de incorporación al mercado laboral se ha retrasado, no hay mas alternativa que retrasar la edad de jubilación hasta los setenta años, ha propuesto por último la Comisión Europea, que lejos de las presiones demagógicas y populistas de la democracia y de la elección de los órganos de gobierno, puede mostrar una docilidad ante el poder económico que los gobernantes locales tienen que disimular mejor.

¿Pero es o no es cierto que la esperanza media de vida se ha alargado? Pues la verdad es que si, espectacularmente si comparamos las medias a lo largo del siglo XX con el final del mismo. Claro que si limitamos el calculo a los últimos cuarenta años, cuando se implanta el estado de bienestar y se excluyen del calculo las dos guerras mundiales y el periodo de hambruna de entre guerras y la del periodo inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial, tendremos un panorama bastante mas científico y una comparación mas certera de la esperanza media de vida. Si además incluimos en el calculo, que la esperanza media de vida de los asalariados es inferior a la de los no asalariados y limitamos el calculo a la esperanza de vida de los trabajadores y trabajadoras, que son los beneficiarios del sistema de pensiones, pues comprobaremos que limitar el análisis a la esperanza media de vida, sesgada además con niveles de mortalidad como los tenidos durante las guerras mundiales y extendidos como si todos viviésemos y muriésemos igual, nos lleva a conclusiones tan interesadas que delatan que estaban predeterminadas desde antes del análisis de unos datos que han sido recogidos y seleccionados para justificar la tesis previamente establecida.

Vamos por tanto a intentar aportar una visión sobre el futuro del sistema hecha desde parte, y por lo tanto con renuncia previa y declarada a la imparcialidad, una aportación hecha desde el compromiso indudable con el sistema público de pensiones, con el sistema de reparto establecido en nuestro país, con el modelo de gestión a través del Pacto de Toledo que ha dotado de estabilidad y fiabilidad al sistema.

Precisamente esa visión parcial e interesada, esa sensación de que en este tema, todos nos jugamos una parte importante de nuestro futuro, me parece la mejor garantía de que no intentamos hacernos trampas en el solitario, de que no ocultaremos los problemas porque somos los primeros interesados en detectarlos y corregirlos, porque no nos jugamos en este debate, tener o no tener razón, nos jugamos la calidad de vida de los años que tenemos tras dejar de trabajar, ahora que hemos cometido la imprudencia de alargarlos en exceso.

El primer paso, para medir exactamente aquello de lo que hablamos, nos debe llevar a contemplar el sistema público de pensiones, más allá de su estricta dimensión de derecho social, o de mecanismo de protección para la vejez.

El sistema público de pensiones es un poderoso instrumento de reparto de la riqueza, desde las rentas del trabajo y del capital hacía los sectores inactivos de la población, pero además es un factor de cohesión territorial y ciudadana al extender la solidaridad entre activos y pensionistas, entre generaciones distintas que se cubren las unas a las otras, hasta el punto, de que si podemos concluir sin un ápice de demagogia, que una generación que descuida la formación de sus hijos pone en riesgo su pensión de jubilados.

Además en una sociedad envejecida como la que nos describen los agoreros del Apocalipsis, la retribución por jubilación tiene un efecto estabilizador sobre el consumo y la demanda interna que resulta esencial para la economía de cualquier territorio.

Por lo tanto, el sistema público de pensiones cumple una función múltiple de solidaridad, cohesión y estabilidad económica que obliga a considerarlo un elemento estratégico en el marco del denominado estado de bienestar, de cuyas prestaciones se constituye como un pilar fundamental.

A breves rasgos, el sistema funciona mediante cotizaciones que los trabajadores en activo realizan para pagar las pensiones de los jubilados de ese momento, con la esperanza y el compromiso de que la próxima generación de activos cotice para pagar la suya.

Este sistema, aparentemente tan sencillo, genera una serie de interrelaciones necesariamente equilibradas,  entre factores que vamos a intentar enumerar y en la medida de lo posible explicar las relaciones entre unos y otros.

La primera relación que debe guardarse es el equilibrio entre ingresos y gastos. Es evidente que si el pago de las pensiones supera el total de las cotizaciones, o incluso si se prevé que eso puede pasar en un futuro predecible, se deben tomar medidas para corregir ese desequilibrio, para poder mantener en el futuro el sistema. En todo caso este equilibrio del que hablamos lo referiremos como estructural para evitar confundirlo con algún periodo de desequilibrio coyuntural que puede producirse en cualquier mal año y que se corregiría con una aportación puntual desde los Presupuestos Generales del Estado.

Para mantener este equilibrio estructural entre ingresos y gastos, es necesario en primer lugar mantener una proporción razonable entre cotizantes y pensionistas de manera que la capacidad de generar cotizaciones de los primeros no sea inferior a las necesidades de los últimos. He usado el término razonable porque los teóricos del fin del mundo intentan presentar esta relación como un problema estrictamente aritmético cuando la realidad como siempre es algo más compleja y sutil.

En esa proporción razonable influye desde luego tanto la prolongación de la esperanza media de vida como los descensos de las tasas de natalidad, así como el retraso en el acceso al mercado de trabajo de las generaciones jóvenes. La prolongación de la vida y los descensos de natalidad producen un envejecimiento de la población autóctona pero incluso está relación tan numérica, tan plana, tan falta de perspectiva, es corregible con la incorporación de población inmigrante, que como regla general, al menos en la primera generación, ocupa los puestos de trabajo abandonados por los originarios del país, eleva el índice de natalidad y equilibra la relación numérica entre cotizantes y pensionistas.

Igualmente hay que mantener una cierta proporción entre los años cotizados y los años de percepción de las prestaciones del sistema y evidentemente este equilibrio se ha visto afectado en los últimos años por los procesos ya descritos. Las personas se incorporan al mercado laboral mas tarde y luego cobran la pensión durante mas años, siendo obvio además, que este desequilibrio no se corrige con la llegada de población inmigrante.

Probablemente ese desequilibrio haga necesario, en el corto plazo, tomar determinadas medidas correctoras, orientadas hacía la extensión del periodo de cómputo que se utiliza para determinar el importe de la prestación, pero además debe hacernos revisar el tope máximo de las pensiones que tenemos establecido, de manera que se haga atractivo cotizar por encima de los límites que dan acceso a ese tipo de prestaciones, debe incluir medidas voluntarias que permitan alargar la vida laboral a cambio de incremento de las prestaciones. En definitiva la gestión de un sistema público tan complejo y tan interrelacionado con la economía obliga a vivir ajustándolo permanentemente.

Pero esas reformas deben tener un denominador común que constituye la esencia del consenso político y social sobre el sistema de pensiones, la necesidad de preservarlo, de transmitirlo a las siguientes generaciones, alejándolo de los fondos de inversión privada que pretenden acceder a la enorme tarta de las cotizaciones sociales, para retroalimentar su espiral loca de especulación financiera.

No se puede hablar del equilibrio financiero de la caja de la seguridad social, sin citar siquiera el modelo productivo. Nos dicen que alrededor de 2030 se producirá el desequilibrio de la caja si no tomamos esencialmente una medida, retrasar con carácter general la edad de jubilación antes hasta los 67 pero ya hablan de los 70 años. Como si no nos hubiesen contado ya la misma milonga en 1990, eso si, poniendo en el 2005 la fecha de la quiebra del sistema.

Lo cierto es que a esos análisis deliberadamente sesgados que abordan la relación entre cotizaciones y pensiones como un problema aritmético, carecen de sentido si no se incluye en el análisis que tanto las unas como las otras, son cantidades numéricas también susceptibles por tanto de alterarse. Para poner un ejemplo sencillo, si aumentase el número de cotizantes y disminuyese, como pretende la patronal, la cuantía de las cotizaciones, el resultado final sería que en la caja estaría entrando la misma cantidad.

En consecuencia la fórmula adecuada para expresar la ecuación de enésimo grado que los “expertos” pretenden colarnos como una suma o como una resta, sería el actual sistema de pensiones será deficitario a partir de 2030, si no se incrementa la tasa de natalidad, no para de crecer la esperanza media de vida, no se recibe población inmigrante, si nuestros jóvenes se siguen incorporando al mercado laboral con empleos precarios y pésimamente retribuidos, si la productividad media del país no creciese en veinte años ni una décima, si la inmensa mayoría del empleo creado es de baja cualificación, si el centro de la actividad económica siguen siendo actividades demandantes de mano de obra intensiva y poco preparada, si nuestro patrón de competitividad en la globalización sigue siendo la reducción de los costes y el ajuste en el precio, si no realizamos una profunda reforma de nuestro sistema educativo, si no incrementamos la eficiencia de nuestras administraciones públicas.

Porque la sostenibilidad del sistema depende mas de las decisiones colectivas que tenemos que tomar que de los equilibrios aritméticos que siempre aparecen rotos en las predicciones de los agoreros.

En ese sentido la decisión primordial, la esencia del meollo que diría Serrat, estriba en el empleo, en la cantidad y calidad del empleo que seamos capaces de generar. Una sociedad cercana al pleno empleo, con niveles razonables de temporalidad, con la suficiente aportación de talento, conocimiento y creatividad, con un sistema educativo contemplado como la inversión colectiva mas rentable y con un modelo productivo moderno y participado, es una sociedad con capacidad para mantener su sistema público de pensiones indefinidamente, capaz de corregir con la mayor generación de riqueza los desequilibrios demográficos, capaz de asegurarnos que los años de nuestra vida dedicados al ocio, a los nuestros, a nosotros y nosotras, sean mas y mejores. Que nadie nos haga creer que se trata de una pretensión descabellada y menos con cuentas tan ridículas, como el supuesto rigor científico de sus voceros.

 

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Retroceso en la reunión de la Comisión de Trabajo sobre Absentismo y Economía Sumergida.

carmelo-jorge.canarias.ccoo.es | 23 Junio, 2010 21:04

Hoy nos hemos vuelto a reunir la Comisión de Trabajo Nº2 de la Concertación Social sobre Absentismo Laboral y Economía Sumergida.

Como era previsible la reunión se zanjó, no ya sin avances en la negociación, sino incluso con un retroceso con respecto a la posición inicial. Lo cierto es que las posiciones de las patronales canarias, ancladas en posiciones maximalistas con mayor carga ideologica que resultado práctico, ha supuesto que todos los integrantes de la Comisión hayamos decidido reiniciar la negociación desde la casilla de salida.

Esto significa que los documentos que se habían intercambiado las partes y el trabajo de sintesis realizado desde la administración quedan invalidados, puesto que resulta sencillo entender que a una evolución hacía el acuerdo de las propuestas sindicales debería responderse con una evolución similar por parte de las patronales.

Lo cierto es que cada nueva propuesta de la patronal significa una nueva vuelta de tuerca en la estrategia de confundir ámbitos y competencias, en exceder los límites de cualquier posible negociación relacionada con la concertación social canaria y en mostrar un sesgo represivo frente a la incapacidad laboral y otro mas comprensivo frente al fraude fiscal y laboral.

Colgaremos a lo largo del día las propuestas patronales y sindicales para que se constate como evolucionan las unas y las otras, así como la inclusión de joyas entre las propuestas empresariales que llegan a relacionar el fraude fiscal con la progresividad de los impuestos o con las ineficiencias de la administación pública.  

 23 de junio de 2010. Carmelo Jorge.

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