Blog de PEDRO COSTERAS

Según los datos de la policía local el tráfico en la capital grancanaria se redujo durante la jornada de huelga general de ayer un 75% en las horas de la mañana. Una cifra muy similar a la cifra de seguimiento de la huelga general en Canarias, un 77%. Lógicamente este seguimiento se produjo de una forma muy irregular. En la pequeña empresa, donde a tenor de lo que manifiestan muchas trabajadoras y trabajadores (incluso lo refleja la prensa) parece que suelen entenderse con toda crudeza las consecuencias de ejercer el legítimo derecho a la huelga, la incidencia, lógicamente, es menor. Aún así, la manifestación de la tarde, histórica, demuestra algo más que las carencias de la Delegación del Gobierno para recontar manifestantes, demuestra la enorme simpatía de la población trabajadora con la convocatoria de la huelga general, algo que debería causar en la patronal de Las Palmas, al menos, respeto.

En una ciudad portuaria como Las Palmas de Gran Canaria, cuya actividad económica depende en gran medida del puerto, tener paralizada la actividad portuaria al 100% por efecto de la huelga, marca la actividad del día. El seguimiento del 100% del transporte regular de viajeros, marca la actividad del día. Que solo llegaran el 50% de los vuelos por efecto de la huelga, marca la actividad del día.

A pesar de que el Gobierno de Canarias impusiera unos servicios mínimos que garantizaran la apertura de los centros escolares, cosa que no sucede los domingos, solo asistieron a las clases un 15% de los alumnos y las alumnas. Este dato rebela que el alumnado canario de enseñanza media y universitaria ha comprendido perfectamente el contenido de la reforma laboral que les condena al paro y a la precariedad. También rebela que la mayoría de las madres y los padres del alumnado de infantil y primaria decidieron secundar la huelga y quedarse en sus casas. Por eso se justifica también la bajada del 75% del tráfico en la capital justamente el día en el que más se tendría que haber utilizado el coche privado para ir al trabajo con normalidad, ya que el transporte público funcionaba solamente con servicios mínimos del 20%.

Que la patronal de la provincia de Las Palmas manifieste que la huelga general ha sido un fracaso[sic], no es solo una desfachatez (lamento que en nuestro idioma no puedan acentuarse dos sílabas a la vez, porque en esta ocasión las dos centrales de la palabra anterior lo merecen) sino que también demuestra una absoluta abstracción de la realidad. Que en Canarias la bajada del consumo eléctrico fuera inferior a la bajada media que se ha producido en el resto del Estado, no tiene que ver con que en Canarias hubiera menos huelga, como manifiesta la patronal, sino con que en Canarias hay menos industria. La diferencia en la bajada del consumo en otros territorios se nota sobre todo en las primeras horas de la mañana cuando la industria no pega el tirón habitual.

Hablando de fracasos, que en Canarias no tengamos industria es un fracaso de la patronal. Recibiendo las mayores ventajas fiscales de toda Europa y anclada en las mismas prácticas empresariales del siglo XIX. Con las ayudas y las bonificaciones fiscales que gozan los empresarios canarios, los empresarios japoneses, por ejemplo, “harían dulces”.

Después de 35 años de democracia, una huelga general debería encajarse por la patronal con más normalidad. No debería preocuparles tanto que sus trabajadores y trabajadoras hagan uso de su derecho constitucional a la huelga, y no deberían intentar satanizarlo. Para preocupación, lo que sí es motivo de preocupación, y debería avergonzarnos a todas y a todos, a los empresarios más que a nadie, es que una gran cantidad de personas manifiesten abiertamente que no secundan una huelga por temor a perder su puesto de trabajo. Eso sí que es decimonónico, y demuestra dos realidades. La primera, que no nos hemos inventado los sindicatos que la reforma laboral les pone a los patrones el despido en sus manos sin tutelas y a precio de saldo. La segunda, que las relaciones laborales en el Estado español y en Canarias adolecen aún de un tremendo déficit democrático.

Lo más preocupante de todo, que esta falta de democracia en el ámbito empresarial, lejos de ruborizar a la patronal, la envalentona. La parte más positiva, que la clase trabajadora ha sabido responder y no ha terminado de hablar, eso les cabrea, y se les nota. Bienvenidas y bienvenidos al siglo XXI.

Pedro Costeras.

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La derecha europea promueve e impone, sin la menor contraposición alternativa de la socialdemocracia, un plan de ajuste para la reducción del déficit que limita completamente la posibilidad de crecimiento económico de gran cantidad de países. Sin embargo, en el Estado español las Comunidades Autónomas, lideradas mayoritariamente por el PP, exigen al Gobierno central mayores plazos para devolver su deuda. Todo un espectáculo.

 Para la derecha española este hecho constituye una contradicción que resultara escandalosa si en plena crisis estuviere vivo el debate y la contraposición de ideas en el campo económico, algo que, desde luego, no sucede. Esta contradicción, aunque no deja de ser un acto de gamberrismo político del PP, debería ser aprovechada por el Gobierno del PSOE para comenzar a poner en duda la viabilidad del plazo para la reducción del déficit público concertado en Europa. Un plazo absolutamente pernicioso para con las posibilidades de crecimiento, recuperación económica, y creación de empleo en el conjunto de los territorios del Estado español.

Aunque los planteamientos del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no son más que una exhibición de oportunismo, también es cierto que la respuesta a estas políticas equivocadas de la Unión Europea tendrá que venir desde abajo hacía arriba. En este sentido los mensajes de la ciudadanía son muy claros. El primer problema que requiere solución no es la reducción del déficit público, sino el paro. Los recortes a los derechos laborales y la destrucción masiva de empleo solo generan inseguridad y falta de solvencia que hacen caer a mínimos históricos el consumo interno, limitándose cada vez más la capacidad de crecimiento. Se generan preocupantes bolsas de pobreza a la vez que se reducen las prestaciones sociales. Sin embargo, Zapatero lejos de recoger el guante y comenzar a aplicar las respuestas de política presupuestaria, fiscal y financieras progresistas esperadas y necesarias, se limita a pedir responsabilidad a las comunidades autónomas para alcanzar el objetivo de reducir el déficit.

 Parece que Zapatero y Rubalcaba no han asimilado con mucho aprovechamiento el almuerzo con el Nobel de economía Joseph Stiglitz. El prestigioso economista les ha planteado algunas alternativas que el movimiento sindical y la respuesta social en la calle viene realizando desde mayo del año 2010 los unos, y desde mayo del 2011 los otros. “Es necesario jugar con la fiscalidad para recuperar el crédito”. “Es preciso utilizar instrumentos fiscales como vía para mejorar los recursos económicos”. Es decir, hay que generar ingresos y no solo reducir gastos. El Estado español para esto tiene margen más que de sobra con una presión fiscal muy inferior a la media europea. La reducción del déficit tiene que ser una preocupación, pero no la principal. Stiglitz lo ha dejado muy claro: “en España hay que centrarse en políticas de crecimiento económico”. En este sentido, entiendo que es absolutamente contradictorio eliminar los estímulos al crecimiento que supone la radical disminución de las inversiones, y el estrangulamiento de las comunidades autónomas y de los municipios. Le guste más o menos a la derecha política y económica, el sector público es el principal motor de la economía, y vaya si hemos notado o no su parón cuando se ha producido. Stiglitz ha desplegado una cantidad enorme de propuestas: “subir los impuestos a la gente con más recursos y reducirlos a la gente con menos recursos, incentivar los créditos a las PYMES, bajar impuestos a las empresas que creen empleo e incrementarlos a las que lo destruyan”.

En definitiva, utilizar herramientas fiscales para mejorar el crédito y aumentar el consumo. Todo el catecismo de lo que debería constituir la acción de gobierno de un gobierno socialdemócrata, pero que en España no es así ni de lejos, ni tiene pinta de comenzar a serlo. Ni aunque las Comunidades Autónomas de la derecha le pongan a huevo un cambio de rumbo. Ni que lo argumenten y propongan las organizaciones sindicales. Ni que se pida a gritos en la calle. Ni que almuercen con quien almuercen. Hay quien se iluminó cayendo de un caballo. Pero también los hay que ni por convicción ni por iluminación.

Pedro Costeras.

28 de julio de 2011.

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Ante esta especie de extraña situación de emergencia autoinducida que vive Europa en estos días y sobre todo estados como España, la reacción de los tiburoncillos que están aprovechando la ocasión para avanzar posiciones, importándoles un bledo el interés general, no se hace esperar. Estos elementos no están preocupados por el aumento de los costes financieros que implican las decisiones del Banco Central Europeo, o por la falta de estímulos a la inversión privada de unas administraciones públicas sin capacidad para reactivar las inversiones públicas, o por el bloqueo del crédito de una banca que se aleja por completo del papel que le toca jugar en un estado social de derecho. Estos dirigentes empresariales enfocan una y otra vez su preocupación hacia un único objetivo, que se reduzca aún más el valor del trabajo. Con una reforma laboral impuesta por el Gobierno central que les permite despedir sin necesidad de tener pérdidas económicas, sino solamente con reducción de los ingresos o para prevenir una situación económica adversa. Con un despido que pasa de 45 días por año a 20 días por año al generalizarse los despidos objetivos, de los cuales, además, 8 los pagamos entre todos con dinero público. Con una reforma de la negociación colectiva que da más poder a los empresarios para empeorar las condiciones de trabajo. Con todo esto, con todos estos regalos recién estrenados, no les duelen prendas para exigir más reformas que flexibilicen aún más el mercado de trabajo. Con todas estas reformas que abaratan y facilitan el despido, que abaratan el valor del trabajo, aún tenemos que oír más desfachateces, más llamadas a la realización de más reformas que flexibilicen aún más el mercado laboral  y, además, tenemos que oírlas en Canarias. En Canarias, donde con los salarios y los despidos más bajos del Estado hemos sufrido más despidos que en ninguna otra comunidad autónoma.

Estas políticas europeas, diseñadas contra la ciudadanía, no tienen más mecanismo de ajuste que la reducción de los precios y los salarios, mayores tipos de interés, más despidos, menos trabajo y menos renta para el trabajo que, además, se transfiere descaradamente hacia el capital. Son políticas imposibles que solo benefician a los especuladores. Se desintegra el gran pacto que supuso la implantación del keynesianismo tras el crack del 29, y su institucionalización tras la segunda Guerra Mundial. Se maquina concertada y descaradamente contra el estado del bienestar, y se resta soberanía a las instituciones democráticas a favor de los poderes económicos de una forma más que preocupante.

¿Hasta cuando, Catilina, abusarás de la paciencia nuestra?

17 de julio de 2011.

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Más allá de las vistosas escaramuzas que han pretendido animar el debate de investidura, y que han hecho correr ríos de tinta, conviene detenerse un momento y reflexionar acerca de si este espectáculo de acusaciones y descalificaciones mutuas debería ser prescindible. Desde luego no se parece, ni por asomo, a lo que los ciudadanos esperan cuando arrecia una crisis como esta. Despejada esta cortina de crispación, más relacionada con la afición melodramática que con la existencia cierta de diferencias de fondo insalvables, merece la pena destacar las llamadas al diálogo y al consenso de Paulino Rivero, a pesar de la holgada mayoría con la que consiguió la investidura. La invitación a la construcción de grandes acuerdos en el ámbito político institucional y también en el económico y social sobre enseñanza y educación, debe ser recibida de buen grado, teniendo en cuenta que también es preciso construir un gran consenso sobre la ley de función pública que el presidente daba por hecho en su discurso pero que aún está por construir desde la pasada legislatura. Así como para la reforma del REF para convertirlo en una potente herramienta económica más allá de las ventajas fiscales que deben vincularse al empleo. Pero por algún sitio hay que empezar, y el ofrecimiento se agradece.

También es un gesto positivo que Rivero se comprometiera a retomar el pacto social por la economía y el empleo para seguir profundizando en el consenso económico y social en la salida de la crisis. No obstante, ya en este pacto social consensuamos cual sería la prioridad al aplicar las políticas activas de empleo; las familias más necesitadas con todos sus miembros en paro. No se entiende, por tanto, que el presidente insistiera una y otra vez en que los beneficiarios prioritarios serían los residentes. Esto es una obviedad, todas las comunidades autónomas legislan y regulan para sus residentes. Tanto es así que esta insistencia no se asemeja a otra cosa que a un intento de exclusión que no suena nada bien. 

Hubo guiños al 15 M. Todos excepto la oposición más a la derecha se comprometieron a escuchar y reflexionar sobre el contenido de las protestas desde el respeto a las instituciones. Algo que se contradice con el desalojo esa misma madrugada de las personas acampadas.

Sigue siendo necesaria una reacción desde los territorios y los pueblos contra las políticas económicas erráticas de la Unión Europea y contra el déficit democrático que generan a favor de los mercados. Ahora las agencias de calificación consideran bonos basura a los emitidos por Portugal. Son las mismas agencias que han especulado hasta la extenuación con la deuda soberana de este país hasta llevarle donde está, aunque posiblemente ahora tengan razón; con las medidas de recorte impuestas por ellos mismos, por los mercados, Portugal ya no tiene posibilidades de experimentar crecimiento económico alguno, ni de aspirar a pagar la deuda. Con estas políticas, contra la ciudadanía, contra los pueblos, nuestros gobiernos equivocan la dirección, así no se construye más Europa. A pesar de los indicios positivos, del aparente giro más que moderado a la izquierda del Gobierno de Canarias, el panorama futuro no es bueno porque las dos fuerzas que comparten el nuevo gobierno, comparten también las políticas europeas de ajuste del gasto como si fueran un dogma de fe. Queda pués seguir insistiendo en la necesidad de que estos nefastos planteamientos de recorte del déficit a cualquier precio se revisen, y esperar que los guiños ofrecidos por el nuevo presidente de Canarias al diálogo social, al consenso, y el giro anunciado hacia la justicia social, se materialicen en hechos concretos. Sería muy deseable que se produjera algún arreglo en el ya conocido divorcio entre discurso y praxis política.

Que así sea.

Pedro Costeras

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Al presidente de la patronal la semana pasada no le gustaba ni la letra ni la música del decretazo con el que Zapatero se carga la negociación colectiva. Pero esta semana ya ha comenzado a admitir que la música le va gustando. Como para no gustarle. Otro regalito a la patronal. Una patronal que confiesa tener pánico a contratar. Pero no les debe dar mucho miedo despedir. En el Estado miembro con más paro, donde más se ha despedido de toda Europa, con una reforma laboral que les abarata y facilita más el despido, les da pánico contratar por lo complicado que, según ellos, sigue siendo despedir. Vivir para ver.

Es una mentira plantear que para crear empleo hace falta flexibilizar aún más los salarios y los despidos. Canarias es un ejemplo paradigmático de que esa teoría es falsa. Aquí tenemos los salarios más bajos de toda Europa, y los despidos más baratos de toda España. Según la sagrada teoría ultraliberal deberíamos ser la Autonomía donde menos se despidiera y más se contratara, pero ocurre todo lo contrario. Está tan de moda el pensamiento único que estos dogmas parecen irrefutables, pero así es cómo nos engañan.

Los cambios en los marcos laborales no crean empleo. Lo crea el crecimiento económico. Hace falta que los representantes de las instituciones empaticen con la ciudadanía que les ha votado, y reconozcan que las políticas europeas de recorte del déficit público a cualquier precio ocasionan una auténtica sangría social y limitan el crecimiento económico impidiendo la salida de la crisis.  Hacen falta inversiones públicas para estimular el crecimiento. Hacen falta reformas financieras para intervenir en el desbloqueo del crédito por la banca. Hacen falta reformas fiscales para que aporten más los que más tienen y perseguir el fraude. Hacen falta reformas del sistema energético, y apostar por la educación, por la formación permanente, y por la innovación para construir otro sistema productivo a medio plazo, no basado en la bandeja y el andamio, sino en la inversión de alto valor ¿Escuchan Ustedes a la gran patronal hablar de esto? Yo tampoco. Parece que están muy preocupados por salir de la crisis. O muy a gusto al avanzar posiciones. Y es que ya se sabe lo que pasa cuando el río anda revuelto.

Pedro Costeras.

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Resulta más que llamativo presenciar la curiosa forma que están teniendo los actores del bipartidismo de encajar una victoria y un fracaso electoral tan apabullantes la una como el otro. Los que pierden saben que lo hacen por aplicar las políticas de los que ganan, pero intentan convencernos de que la verdadera razón ha sido no explicarlas bien. Sin embargo, esto de explicar las políticas no parece que pueda ser la razón del fracaso, porque a los ganadores no les ha hecho falta explicar política ni propuesta alguna. No se fuera a dar cuenta el personal de que sus políticas son las mismas políticas que constituyen la causa del castigo destinado a los perdedores. Los que pierden están deseando que los que ganan se estrenen. Los que ganan, a pesar de hacerlo de la forma más aplastante de su historia, no derrochan euforia y, aunque intentan aparentar lo contrario, desean con todas sus fuerzas que Zapatero termine la legislatura para que siga haciendo las políticas de derechas que, de otra manera, aplicarían ellos mismos con el correspondiente coste. Una táctica de transferencia de costes que le ha salido muy bien al PP, y que podría resultar hasta cómica, de no ser porque los verdaderos costes de esa factura los estamos pagando los más débiles.

El PSOE ha aplicado para salir de la crisis las políticas de ortodoxia liberal de la derecha basadas en la reducción del déficit público a cualquier precio, renunciando a poner en marcha políticas presupuestarias que estimulen el crecimiento económico. Renuncian a incrementar los ingresos pero aumentan la presión fiscal a los más débiles con más impuestos indirectos. Renuncian a exigir un esfuerzo mayor a las rentas más altas, a recuperar alguna figura fiscal progresiva eliminada en periodo de bonanza, y a redoblar los controles contra el fraude fiscal. Privatizan las Cajas de Ahorros. Consideran que la negociación colectiva y el resto de los derechos laborales constituyen no más que una imperfección del sistema que hay que superar. Aplican unas recetas ultraliberales de no intervención que fueron las causantes de la crisis y que solo apuntan, como solución para corregir el ciclo, hacia la reducción de precios y salarios por la vía de la reducción del valor del factor trabajo, y la reducción a la mínima expresión de los servicios y prestaciones públicas. Todo ello al dictado de los mercados financieros a los que han inyectado 150.000 millones de Euros para su recuperación. A cambio de esta enorme aportación de dinero público, no solamente no se les impone ni una sola condición para que liberen el crédito a las pequeñas empresas y a las familias, sino que se aceptan sin rechistar sus condiciones. Han emprendiendo un proceso cuyo objetivo es liquidar el estado del bienestar, acompañando todo lo ya mencionado con una más que peligrosa cesión de soberanía desde las instituciones democráticas hacia los poderes económicos y financieros. Todo un espectáculo para un gobierno de izquierdas.

Aplicando estas políticas el PSOE ha cosechado, en las urnas la pérdida de un millón y medio de votos, y en la calle una auténtica explosión social. Una explosión  inesperada con decenas de miles de personas en las plazas de las principales ciudades reclamando justicia social, y rescatando los valores y los eslóganes de la revolución de mayo del 68. Aplicando estas políticas también ha conseguido dejar sin programa al PP, pero el PP tampoco lo ha echado mucho de menos. Es evidente que a Zapatero le han fallado los cálculos. Con tanto apretar a los de abajo para tranquilizar a los de arriba, a los mercados financieros, y a los empresarios regalándoles los despidos con la reforma laboral, ha llegado a las elecciones con los de arriba bien tranquilos y los de abajo bien fastidiados. Y ya se sabe, los de arriba tienen claro a quien votar, siempre lo han tenido, y más cuando están tranquilos, y los de abajo, cuando están inquietos y ahogados, castigan la decepción en las urnas y en la calle.

A Rajoy no le faltaban ganas de ganar pero tampoco le sobran las de gobernar. Al menos no en este momento. Él estaría exento de contradicciones para aplicar sus propias políticas. Ya criticó a Zapatero por no iniciar antes los recortes. Pero siempre es mejor dejar que los peores ratos los pasen los adversarios, y más con la respuesta social que se está gestando, con la que está empezando a caer.

Mientras tanto Zapatero, erre que erre, no pierde un minuto para aparecer la noche electoral acompañado de la Vicepresidenta Económica insistiendo en su plan de reformas. Pepe Blanco para arreglarlo dice al día siguiente que el problema ha sido no saber explicar sus políticas. Como si cuando te dan un directo en la mandíbula necesitaras que te explicaran que te acaban de sacudir. Y para terminar de cuadrar el plano, un día después aparece en escena Patxi López cambiando primarias por congreso. Pero no un congreso para cambiar políticas, sino más bien para cambiarle el paso a Zapatero en la sucesión. Consideran que lo que tienen es un problema de cartel, e insisten en que no hay otras políticas posibles para salir de la crisis. Podrían intentar recuperar el espacio político que le corresponde a la socialdemocracia con el diseño de otras políticas muy diferentes. Para eso deberían comenzar por el principio, por enfrentarse a las políticas de la derecha europea que hasta ahora han asumido como propias. Pero no parece que estén por la labor.

Los objetivos de reducción del déficit público al 3% en 2013 de la UE no son un dogma. No son más que el resultado de una convención, de un acuerdo que se puede cambiar. Hace falta controlar el déficit, pero es evidente que debe ser a otro ritmo para poder poner en marcha políticas presupuestarias que estimulen el crecimiento y el consumo. Además, esto que ahora se acepta como un dogma inquebrantable, paradójicamente, en otros momentos se ha aplicado de una forma mucho más flexible. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Consejo Europeo de Ámsterdam de 1997 ya establecía un déficit público máximo para los Estados miembros del 3%. Los ajustes en aquel momento de bonanza no implicaban consecuencias tan traumáticas como en la actualidad. Sin embargo, el ECOFIN acordó en 2002 medidas excepcionales de aplazamiento hasta 2006 para que Alemania, Francia, Portugal e Italia pudieran alcanzar este objetivo. La paradoja es que es ahora, cuando estos acuerdos de disciplina presupuestaria condicionan las posibilidades de crecimiento y recuperación, no se baraja como posible otra medida de aplazamiento.

Eso sí, en esta Europa ultraliberal los especuladores hacen el negocio del siglo con las deudas soberanas y el Banco Central Europeo no interviene para impedirlo, ni se lo piensa. Se permite la especulación hasta el límite de poner a los Estados en la picota. Hasta el punto de realizar costosísimos rescates con condiciones inaceptables para la ciudadanía afectada por los recortes. Unos recortes que limitan aún más la capacidad de crecimiento de estos Estados y su capacidad para pagar la deuda, generado aún más gasto y más déficit, haciendo inútiles los rescates. Ante estas  políticas económicas de las derechas europeas los socialistas europeos y el PSOE en particular, en vez de liderar alternativas, se lanzan con entusiasmo a la política de recortes que, además, dirigen únicamente a la clase trabajadora y a los sectores más débiles y más desprotegidos de la sociedad, alejándose así de su electorado y haciéndose el harakiri.  

No solo el PSOE, todo el socialismo europeo renunció hace décadas a dar la batalla económica, y ahora ya no pueden disimular que ellos no son una alternativa a la derecha europea. Ante la crisis del capitalismo carecen de propuestas para intervenir y democratizar la economía para ponerla al servicio de los ciudadanos, para humanizarla. Si comparten los mismos principios económicos, y solo se diferencian de la derecha en el debate por las libertades ciudadanas, esta mascarada quizás podría seguir pasando inadvertida en periodos de bonanza, pero se evidencia demasiado ante una crisis económica de estas dimensiones. Si la socialdemocracia no es la alternativa al ultraliberalismo, que muestra sin disimulos la peor cara del capitalismo, desaparece el telón, y el gran público entiende la necesidad de inventar otras alternativas. Probablemente esto, entre otras cosas, sea justamente lo que está ocurriendo en las calles y en las plazas.

Menuda resaca electoral. No recuerdo otra igual que esta.

Pedro Costeras

26 de mayo de 2011

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Muy interesante el movimiento de estos días en la calle. Un movimiento que llama la atención sobre la intercambiabilidad de los grandes partidos. A pesar de su aparente enfrentamiento, la derecha y los socialistas aplican en toda Europa las mismas políticas ultraliberales de recorte a los débiles que nos dejan indefensos ante los mercados financieros. Priorizan la reducción del déficit público por encima de todo. Por encima de las personas. Eliminan todos los estímulos al crecimiento económico, y reducen a la nada los servicios y las prestaciones públicas, considerando como receta mágica y única ante el ciclo económico la bajada generalizada del valor del trabajo. Para ello se disponen a reducir al mínimo los derechos laborales. Así de clarito. Se están cargando el Estado del Bienestar por el que hemos luchado durante décadas.

Se trata de una renuncia doble por parte de los dos grandes partidos, a los que en Canarias habría que incluir a Coalición Canaria, que asume estas políticas económicas sin ningún reparo. Una doble renuncia que pone en serios problemas al sistema democrático. Por una parte se renuncia a realizar políticas presupuestarias que impulsen el crecimiento económico. Por otra parte se asume una cesión de soberanía desde las instituciones democráticas hacia los poderes financieros.

Está siendo un fenómeno muy interesante la reacción social, y creo que hasta ahora solo hemos visto el principio. Lo que me parece menos interesante es la reacción de los poderes y de algunos medios de comunicación que intentan presentar a este movimiento como una amenaza antidemocrática. Como un movimiento anti-sistema. Ante esto, pienso que el sistema no es perfecto, y que debe ser posible perfeccionarlo. Por ejemplo para que el sistema electoral deje de perpetuar el bipartidismo. También habría que ver quién es más antisistema, si los que gobiernan a demanda de los mercados financieros, o aquellos que exigen la recuperación de la soberanía de las instituciones para la ciudadanía. No puede ser que votemos a nuestros representantes para que después nos gobiernen los mercados. Lo que si me parece preocupante es la represión con la que responde el Ministerio del Interior, disolver las protestas, como en Granada o en Madrid, es sencillamente impresentable.

La calle está diciendo que la democracia es mucho más que votar cada cuatro años. Que democracia también es participación ciudadana. La calle no está diciendo que no haya que votar. La calle está pidiendo que no se vote a los partidos que no dan la batalla económica. Que no hay que votar a los partidos que aceptan el comienzo de la dictadura de los mercados. La calle está diciendo que hay que votar a otras alternativas que prioricen los derechos y los intereses de las personas por encima de los intereses del mercado y de los bancos. La calle está diciendo que los ricos paguen más. Que se persiga el fraude. Que hace falta más control y más intervención hacia la banca. La calle esta diciendo que las personas son más importantes que la ortodoxia liberal. Y yo estoy de acuerdo. Yo también quiero menos mercado y más democracia.

Como ciudadano comprometido con la democracia personalmente seguiré apoyando a este movimiento, y el día 22 votaré. Pero no votaré a ninguno de los grandes partidos que han gobernado las instituciones en Canarias hasta ahora. Como persona de izquierda votaré a la izquierda, no a la supuesta izquierda que nos ha traído hasta aquí aplicando las mismas políticas que la derecha, sino a la izquierda que se rebela contra las políticas económicas que han vaciado de poder a nuestras instituciones para entregárselas a los poderes económicos.  

Nos vemos en la calle, y nos vemos en las urnas.

Pedro Costeras

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La encuesta de población activa nos dice que en el primer trimestre del año el desempleo ha descendido en Canarias en 2000 personas. La noticia no es mala si no fuera porque somos la comunidad autónoma con mayor índice de desempleo, y con 300.000 parados. Trescientos mil dramas personales por resolver que necesitan respuesta. Es verdad que por primera vez en bastante tiempo comienza a cambiar la tendencia en favor de la creación de empleo neto. Pero lo hace de forma muy insuficiente. A dos mil parados por trimestre solo conseguiríamos, en todo 2011, reducir el desempleo en  diez o doce mil personas. Se requieren otros ritmos de creación de empleo. Para ello es imprescindible que no se permita a los empresarios turísticos limitarse a hacer caja, sino que la recuperación del empleo en el sector debe guardar proporción con la recuperación de la ocupación hotelera.

Las políticas de ajuste del gasto al descenso de los ingresos, sin más, que realiza el Gobierno de Canarias, son las políticas de ajuste del Gobierno central y de la Unión Europea, todas ellas un error. Todas ellas al revés. Es preciso articular mecanismos de intervención en la banca para desbloquear el crédito, y una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos con mayor esfuerzo de los que más tienen, luchando contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En Canarias hay que recuperar impuestos que gravan más a las rentas más altas, que fueron eliminados en épocas de bonanza. Sin incrementar los ingresos para mantener las inversiones y las rentas de las familias en paro, será casi misión imposible imprimir el ritmo adecuado a la recuperación del empleo. Los indicadores de recuperación del turismo son buenos, pero las políticas económicas que se aplican son equivocadas, y van justo en la dirección contraria.

Siguiendo con cosas en la dirección contraria, la anulación de todas y cada una de las listas electorales de Bildu, me parece una decisión política que en nada contribuye a legitimar nuestro sistema democrático. En mi humilde opinión, el sentir mayoritario de la base social de la izquierda abertzale está provocando un proceso de debate interno, que se decanta hacia aquellos que más se alejan de la lógica de la violencia. Negarles la posibilidad de concurrir a las elecciones a pesar de su rechazo a todo tipo de violencia es transmitir, a este movimiento, que no existen caminos dentro del sistema democrático para defender sus planteamientos, y esto, creo que es un error de bulto.

Pedro Costeras

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Hoy me siento enormemente afortunado por haber podido compartir con las compañeras y compañeros de Comisiones Obreras de La Gomera los actos de celebración conjunta del día de la salud laboral y de conmemoración de la jornada internacional de reivindicación obrera del 1º de Mayo. 

Antes de comenzar los actos previstos participé con el compañero José Ignacio Algueró, secretario General de la Unión Insular de CCOO de La Gomera, en el programa “El Chinchorro” de la emisora de radio “Onda Tagoror”. Allí pudimos hablar, largo y tendido, sobre el significado histórico y actual del 1º de mayo, de la huelga general de septiembre, de la Iniciativa Legislativa Popular contra la reforma laboral, de la situación de la economía en Canarias, y de un amplio abanico de temas de actualidad económica y social. Me llamó mucho la atención ver como el compañero Jesús Simancas, “Sito”, se las ingeniaba para hacer las tareas técnicas y de locución a la vez. Pudimos ver como atendía a un oyente por teléfono en antena a la vez que atendía a otro fuera de antena, y una llamada por el móvil, mientras que mantenía el hilo de una conversación con nosotros, todo un alarde de habilidad, y de profesionalidad.

  

Todas las actividades se celebraron en la localidad sureña de Playa de Santiago, y dieron comienzo con una charla sobre prevención de incendios en la Casa de la Cultura a cargo de los compañeros de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Gomera. Después se realizó un simulacro de lucha contra incendios. Este ejercicio cada vez se iba complicando más y resultó ser, al final, un poco inquietante. El fuego siempre impresiona a los que no estamos habituados a él.

  

Me llamó mucho la atención que las autoridades insulares de La Gomera tengan tan descuidados los servicios de emergencias, al no existir consorcio ni servicio de extinción de incendios en las zonas urbanizadas, sí existe en el Parque Nacional. La labor, en muy precarias condiciones, de los compañeros bomberos voluntarios de La Gomera, es digna de admiración y reconocimiento por su enorme sacrificio y entrega altruista al servicio de la ciudadanía.

  

Los actos continuaron en la plaza de Playa de Santiago con la intervención del secretario General de CCOO de la Gomera y un pequeño saludo que transmití a las compañeras y compañeros en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO Canarias. Después realizamos una manifestación por el Paseo Marítimo con su correspondiente corte de tráfico por parte de la autoridad, que terminó con una paella de hermandad y actuación musical con baile incluido. Mucha camaradería y mucho compañerismo. Para mí un primero de Mayo diferente, pero muy bien enfocado, manteniendo todo su contenido reivindicativo, y todo su simbolismo y su liturgia obrera.

  

En la Casa de la Cultura se entregó una placa a la compañera Hilda que, después de muchos años de dedicación, deja sus tareas sindicales para iniciar su andadura en el mundo de la política municipal en su querido municipio de Vallehermoso, la patria chica de Guillermo Ascanio, el héroe de la clase trabajadora gomero y canario. Me dio cierta pena, me imagino que como al resto de los compañeros y compañeras, ver la despedida de un cuadro sindical como ella. Pero me alegro de haber podido participar en un acto de reconocimiento como este, y le deseo todo lo mejor en su nueva actividad. 

   

Hoy he tenido el honor de conocer personalmente a Ángel Suárez Padilla. Ángel fue el primer secretario General de CCOO en La Gomera, y representa a una generación de sindicalistas que lucharon en condiciones muy difíciles. Que se lo jugaron todo en un generoso alarde de sacrificio militante. Una generación de sindicalitas a los que debemos que hoy las CCOO sean lo que son. 

Las compañeras y compañeros de La Gomera me han acogido con una enorme generosidad. Siempre son muy gratas las conversaciones con José Ignacio. Con el que me unen, más allá de las cuestiones sindicales, otro tipo de afinidades como la pasión por la historia, y el compromiso con el pueblo saharaui, entre otras. He compartido ratos de complicidad y de compañerismo con otros compañeros y compañeras de la Ejecutiva Insular como Sole, Guadalupe, Ana y Manolo y, en general, no quiero olvidar a nadie, con todas y todos los compañeros.  

Quiero reconocer especialmente los cuidados y los detalles que me han dedicado los compañeros del Sindicato Insular de Comercio y Hostelería, en concreto a su secretario de Organización, Fernando, y a su secretaria General, Sole. 

Me voy de La Gomera habiendo vivido un 1º de Mayo muy entrañable, y deseando volver. 

Pedro Costeras.

30 de abril de 2011   

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“Hubo un momento en el que no fue posible un acuerdo para salir de la crisis en el ámbito político, pero sí lo fue en el ámbito social”. Así dijo, una vez más, en el Debate del Estado de la Nacionalidad el presidente de Canarias, Paulino Rivero. Y dice verdad el Presidente. Gobierno, sindicatos y empresarios firmaron en junio de 2009 el Pacto Social por la Economía y el Empleo. Un buen acuerdo. Lo lamentable, es la mala interpretación, y el escaso cumplimiento que de este pacto ha hecho el Gobierno. Y lo también lamentable, es lo poco presentable que resulta su reiterada utilización política por parte de Paulino Rivero. 

Este pacto incluye medidas económicas tendentes a contribuir a la reactivación de la economía. Medidas sociales destinadas a paliar la situación de las personas que peor lo pasan durante la crisis, y políticas activas de empleo para contribuir a reactivar la contratación. No obstante, el Gobierno no solamente ha cumplido escasamente lo pactado, sino que ha administrado con muy poco acierto el enorme caudal de estabilidad y confianza que aporta la consecución de acuerdos de concertación social. 

En lo concerniente a las políticas sociales pactadas para pagar Prestación Canaria de Inserción a las familias que carecen de ingresos, en los Presupuestos de 2010 y 2011 la dotación de esta Prestación ha estado un 80% por debajo de lo necesario. Las políticas activas de empleo no han tenido ningún éxito, y han vulnerado los principios pactados de priorizar a las familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos, así como también se ha vulnerado el principio de que las subvenciones a la contratación no pudieran realizarse en empresas con despidos para evitar la sustitución de trabajadores. En lo que se refiere a las medidas económicas, el Gobierno incumple el acuerdo de pactar la reforma del Régimen Económico y Fiscal, primero con los agentes sociales en Canarias, antes de llevar la propuesta al Gobierno Central y a la UE. Incumple porque se han llevado, y se llevan, a cabo negociaciones en el ámbito político e institucional sobre el REF sin que los agentes sociales de Canarias, sindicatos y patronales, conozcan ni hayan participado en  la elaboración de propuestas. 

No es presentable que el Gobierno de Canarias pretenda, también en este Debate del Estado de la Nacionalidad, y por tercera vez consecutiva, apuntarse el tanto de la concertación y el diálogo social. No es presentable porque este Gobierno no solamente no cumple lo que pacta, sino que devalúa la propia concertación y el diálogo social dejando sin valor, unilateralmente, los acuerdos que suscribe con los agentes sociales. Y no es presentable porque este Gobierno de Canarias en el mundo del trabajo actúa con interés de parte, reduciendo los recursos con los que cuentan los sindicatos, con el único interés de favorecer a la patronal. Es algo así como la segunda vuelta de la reforma laboral. Primero se facilita y abarata el despido. Después se deja a los sindicatos sin recursos humanos para defender a la clase trabajadora.  

En definitiva, no puede apuntarse el Gobierno como un triunfo la consecución de determinados acuerdos con los sindicatos cuando, después, este mismo Gobierno incumple esos mismos acuerdos. No puede el Gobierno apuntarse como un triunfo la consecución de acuerdos con los sindicatos cuando, después, este mismo Gobierno ignora deliberadamente las atribuciones que la Constitución reconoce a los sindicatos, y se les despoja, desde el gobierno de Canarias, de sus recursos humanos para que realicen éstas funciones constitucionales. Todo esto no parece la mejor manera de reivindicar el diálogo social. Todo esto no parece presentable. 

Pedro Costeras.

25 de febrero de 2011.

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“Cuando un sindicalista de Comisiones Obreras llega por la mañana al sindicato viene preparado para todo”. Esa fue la primera lección que me enseño Felipe Martos. Yo era un joven secretario de Acción Sindical del Sindicato Insular de Transportes de Gran Canaria, con 26 años, y así fue como me estrené al día siguiente del Congreso en el que me eligieron en el año 1992. Sin preparar nada. Sin previo aviso. Reunión con el Consejero de Transportes del Gobierno de Canarias. Fue mi primera reunión institucional. No pude tener mejor maestro.

Felipe fue un sindicalista de batalla. Se encerró con los camioneros en un tinglado del Puerto de La Luz y las Palmas, y cuando salieron de allí se organizó la huelga de Transporte más dura de las que se recuerda en el sector. Así se consiguió, en los años 80, el primer Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías de la provincia de Las Palmas. Felipe me contó una vez, emocionado, cómo las familias de los camioneros habían participado en aquella asamblea, y cómo habían contribuido a que se iniciara la huelga. Una de tantas. Así se escribió la historia del sindicalismo en Canarias. Huelga a huelga. Convenio a convenio.

Felipe Martos fue un hombre profundamente de izquierdas, militante del Partido Comunista de Canarias, imprimía ideología en todas sus acciones en el mundo sindical desde la transición. Fue el primer secretario General de Comisiones Obreras Canarias elegido en el Primer Congreso del año 1978, en Tenerife. Él dirigió el sindicato en los años duros de la transición. Con él en la dirección del sindicato se consiguieron los primeros convenios colectivos, se hicieron las primeras elecciones sindicales de 1978, se hicieron realidad las huelgas generales de 1985 y 1988, que fueron un gran éxito en Canarias. En 1988 se comenzó la senda de la unidad de acción sindical con UGT, fueron los principios de un camino realmente fructífero para el sindicalismo canario. Fruto de esa unidad de acción sindical, en 1990 se firmaron los primeros acuerdos de concertación social. Esto marcó un hito en la historia de las relaciones laborales en Canarias, en la actualidad se negocian los quintos acuerdos de Concertación Social. Fruto de esta cadena de acuerdos que comenzó Felipe Martos son el Consejo Canario de Relaciones Laborales o el Tribunal Laboral Canario. Aquellos Primeros acuerdos de Concertación Social  abrían un importante camino de diálogo con los sucesivos Gobiernos de Canarias. Una trayectoria histórica que el actual Gobierno Canario debería tener más en cuenta antes de suspender unilateralmente acuerdos de Concertación Social, devaluando un proceso de diálogo con 20 años de historia.

Felipe Martos estuvo invitado al 8º congreso de CCOO Canarias. En el que se cerraba un círculo histórico con la presencia de todas las personas que habían dirigido esta organización desde la secretaría general. Su última participación en un acto sindical se produjo en el Congreso Constituyente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Canarias. Allí nos dedicó unas palabras en las que reconocía con orgullo el trabajo realizado en los últimos años en las Comisiones Obreras Canarias, y cómo éstas habían crecido y habían cambiado desde su primer congreso del año 78. Terminaba recitando, emocionado, los versos que Agustín Millares Sall compuso para este Primer Congreso: “las dos ces y las dos oes de Comisiones Obreras recorren toda Canarias, recorren España entera”. Compañero Felipe, las dos ces y las dos oes de Comisiones Obreras están de luto, se inclinan ante Felipe Luis Martos Bueno, secretario General de CCOO Canarias entre los años 1978 y 1992.

Por desgracia queda atrás el que, probablemente, haya sido el mejor sindicalista de Canarias. Felipe deja una huella imborrable en la memoria del movimiento obrero isleño, y en la de todos los que le conocimos y compartimos con él episodios de camaradería, de lucha, y de trabajo sindical. Como sindicalista que pertenece a una generación posterior a la suya, solo puedo sentir agradecimiento por su dedicación y su entrega. Felipe Martos fue la persona que me captó para integrarme a trabajar en la dirección del sindicato en Canarias, hace ya 22 años. Él fue mi amigo, mi mentor, y mi maestro. Muchas gracias, compañero, por todo lo que me ensañaste. Me quedo con la sensación de que te vas demasiado pronto, y de que me quedaban aún algunas clases magistrales más por recibir. Pero la vida es como es, y da golpes tan duros como este. Aún así me quedo con la mejor de las lecciones, esa que nadie me podrá arrebatar. El recuerdo entrañable de la amistad, y de una vida entera dedicada a la lucha sindical.

Hasta siempre, Felipe, compañero.

Pedro Costeras.

18 de febrero de 2011.

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En mayo no se celebrarán en Canarias las elecciones autonómicas más democráticas de todo el conjunto del Estado. En ningún otro sistema electoral se produce como en Canarias que el 86% de la población elija solo al 50% de los diputados y diputadas, y que el otro 50% de los representantes sea elegido únicamente por el restante 14% de la población. Un déficit democrático que no puede pasar desapercibido. Se prima así el criterio de territorialidad, quedando el criterio de proporcionalidad, elemental en el sufragio universal, completamente devaluado.

En ningún sistema electoral de ninguna otra comunidad autónoma existen como aquí dos barreras electorales. Y en ninguno de los casos estas barreras superan el 5% ni exceden el ámbito de la circunscripción. En Canarias, aunque las circunscripciones son insulares, los votos obtenidos tienen que superar dos límites, el 6% regional y el 30% insular. Toda una rareza que no está enfocada a imprimirle una cierta dosis de exotismo a nuestro sistema, sino a convertir el Parlamento de Canarias en un coto vedado a las minorías. Minorías que no son tan minoritarias, pero que se encuentran con un sistema electoral confeccionado a la medida del selecto club de las tres opciones tradicionales que copan el poder. Todo muy bien diseñado para evitar la presencia en el Parlamento autonómico de los partidos obreros. Partidos que con un sistema más proporcional tendrían la oportunidad de demostrar que hay otra forma de hacer política al margen de ignorar a los humildes para beneficiar a los poderosos.

Requiere nuestro sistema electoral algunas mejoras. De lo contrario, los únicos partidos con opciones en este sistema pueden correr el riesgo de institucionalizar una forma de hacer política poco sensible con la mayor parte del electorado, cautivo por la idea del voto útil entre lo memos malo. Un ejemplo de esta falta de sensibilidad para con la mayoría es la Ley de Presupuestos de Canarias de 2011. Esta Ley no solo recorta servicios básicos como Educación y Sanidad, sino que reduce ilegalmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos pactadas en la negociación colectiva, y pretende también desarmar a la parte más débil de la clase trabajadora canaria arrebatándole los recursos de sus organizaciones representativas. En la Constitución Española los sindicatos son reconocidos como actores esenciales de la estructura del régimen democrático, exactamente igual que los partidos políticos. Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias se pretende asestar otro duro golpe a la parte más débil de la sociedad. Es algo así como la segunda vuelta de la reforma laboral. Primero se abarata y facilita el despido. Después se reducen los recursos humanos de las organizaciones sindicales para que puedan llegar cada vez a menos empresas, facilitando así los abusos patronales.

Fuimos los sindicatos, principalmente Comisiones Obreras, las organizaciones que luchamos decididamente, con un altísimo coste personal para nuestros militantes, contra la dictadura de Franco. Siempre defenderemos a las instituciones democráticas, pero todas las instituciones democráticas deben reconocerse mutuamente en el papel que desempeñan desde la lealtad.

La legitimidad de las organizaciones obreras se origina en las elecciones sindicales, donde no existe más que la barrera del 5%. No existe Ley Dont que valga, ni ningún tipo de ventaja en el recuento y asignación de resultado para las opciones que parten de una situación mayoritaria. En el ámbito sindical se trata de representación proporcional pura y dura. Eso sí, tenemos también un enorme déficit democrático, rémora lamentable del reciente pasado franquista. En las empresas con plantilla inferior a  6 personas no existe derecho a representación sindical alguna. Aún así, todos los sindicatos hacemos el mayor de los esfuerzos por llegar a estas pequeñas empresas, más del 80% en Canarias. Utilizando para la defensa de los más débiles los recursos que obtenemos en las grandes empresas y en la Administración. Justo los recursos que el Gobierno de Canarias pretende cercenar ahora. La medida no supone ahorro presupuestario alguno, pero tiene un enorme coste social con un descarado interés de clase. Desarmar a los débiles para armar a los poderosos.

Pedro Costeras

11 de febrero de 2011

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La clase trabajadora mediante la movilización ha conseguido desbaratar los planes del Gobierno central de jubilar obligatoriamente y de forma generalizada a toda la población a los 67 años. Al contrario, se ha impuesto el criterio de jubilación flexible propuesto por los sindicatos para ir prolongando, de forma paulatina y no traumática, la edad real de jubilación hoy fijada en 63,8 años.

Ya en la reforma de las pensiones del año 2001 introdujimos el concepto de jubilación flexible con el fin de aumentar la edad real de jubilación que en aquel entonces se encontraba en 62 años y medio. Con la instauración de aquel método conseguimos su incremento progresivo y no traumático en 1,3 años a lo largo de una década, entre 2001 y 2010. Justo el mismo ritmo de incremento de la edad de jubilación que se presenta con el nuevo sistema de jubilación flexible recién pactado. Un sistema de jubilación flexible que permitirá que dentro de 16 años, en 2027, más de la mitad de la población activa pueda seguir jubilándose con menos de 67 años. Algo de lo que el Gobierno no quería ni oír hablar hace apenas unos días. Un nuevo sistema de jubilación flexible que contribuye a racionalizar el gasto en pensiones. Pero distribuyendo ese esfuerzo de forma inversamente proporcional al tiempo trabajado, permitiendo la jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión a las personas que cuenten con las carreras más largas, 38,5 años cotizados, reforzando así la contributividad del sistema. Mientras que, a la vez, se introducen mecanismos de garantía para el reconocimiento de periodos de cotización por nacimiento de hijos y por la participación en programas formativos para favorecer a las carreras más cortas y discontinuas. Un nuevo sistema de jubilación flexible que establece, de forma paulatina, una gama de jubilación entre los 63 y los 67 años. Facilitando la jubilación anticipada desde los 63 años con coeficientes reductores de la pensión sin necesidad de pasar por el paro ni de acuerdo alguno con la empresa, requisitos que sí se precisaban antes. Y que contempla también jubilaciones desde 61 años ante situaciones de crisis en la empresa.

La reforma pactada de pensiones en nada se parece a la propuesta inicial del Gobierno, que pretendía bascular únicamente en el recorte de los gastos, imponiéndose finalmente el criterio sindical de actuar sobre la racionalización del gasto, el incremento de los ingresos, y la atenuación de comportamientos perniciosos para la sostenibilidad del sistema.

En relación al aumento de los ingresos se incluyen importantes compromisos para que se incrementen las bases máximas de cotización. Actualmente el 10% de los cotizantes tienen ingresos superiores a 3.200 euros, pero solo cotizan por esa cantidad. También se incluyen compromisos para la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación del sistema, la integración de regímenes especiales, así como el compromiso de ir igualando las pensiones medias del régimen especial de trabajadores autónomos a las pensiones medias del régimen general. Algo para lo que resultará imprescindible que estos pequeños empresarios autónomos coticen más y durante más tiempo de lo que lo hacen en la actualidad. En la corrección de este comportamiento va a tener una especial eficacia la prolongación progresiva del periodo de cálculo de 15 a 25 años durante un periodo transitorio de 10 años.

Debido al espectacular descenso que se produce en las retribuciones medias por edad a partir de los 55 años, el incremento paulatino del periodo de cálculo traerá consigo un incremento de las pensiones medias. Así ha sucedido desde que en la reforma de pensiones pactada en 1996 se incrementara este periodo de cálculo de 8 a 15 años. La ampliación del periodo de calculo, al incluir todos los años menos los dos últimos revisión del IPC, beneficiará en la expectativa de pensión a las personas cuyos incrementos salariales hayan podido estar por debajo de este índice, y resultará neutra para las que hayan tenido incrementos en torno al mismo, causando ligeros descensos en las cuantías de la expectativa de pensión únicamente de las personas que a lo largo de su carrera de cotización tuvieran, de forma reiterada, incrementos salariales por encima del IPC. Esta aproximación debe hacerse siempre manejando el concepto de expectativa de pensión, ya que las pensiones reales en el futuro no serán en ningún caso inferiores a las actuales. No es aceptable ni ajustada a la realidad la idea de que esta racionalización del gasto pueda suponer recorte o disminución alguna en las pensiones futuras, ya que estas seguirán aumentando aunque a un ritmo menor que el actual.

La reforma de pensiones pactada no tiene absolutamente nada que ver con lo que el gobierno quería imponer al dictado de los mercados. Ante la imposición de una reforma basada únicamente en una reducción inmediata del gasto con la generalización de medidas injustas, el Gobierno y sus mercados se han tenido que conformar con una reforma basada en la racionalización del gasto con medidas centradas y progresivas, el incremento constante de los ingresos, y la atenuación de comportamientos adversos. Estos son los resultados de seguir aplicando, de forma responsable y diligente, el binomio presión-negociación, ocupando la posición central en el mundo del trabajo que a las grandes organizaciones obreras les corresponde.   

Pedro Costeras

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Los agentes sociales y el Gobierno firmamos el 2 de febrero un pacto social y económico que no puede entenderse sin la huelga general del 29 de septiembre, y mucho menos sin el aviso de otro posible conflicto generalizado ante las propuestas iniciales del gobierno sobre pensiones y sobre reforma de la negociación colectiva.

En el pacto social se adelantan las bases para la futura reforma de la negociación colectiva comenzando por alejar el fantasma de la eliminación de la ultraactividad. Es decir, se abandona la idea de que cuando termine la vigencia de un convenio se pierdan todas las conquistas alcanzadas de cara a la negociación del convenio siguiente. Se acuerda que los convenios colectivos de empresa tengan un protagonismo mayor. Pero se acuerda también que éste sea fruto del consenso en los convenios sectoriales de ámbito superior. Convenios sectoriales que son la única garantía mínima para las plantillas de las pequeñas empresas y que patronal y gobierno querían eliminar de un plumazo. También en este acuerdo de negociación colectiva se aclara que el principio de flexibilidad interna en el seno de las empresas debe realizarse desde el acuerdo y la participación de la representación de los trabajadores. Algo a lo que la patronal se resistió en el anterior intento frustrado de concertación social, en el que entendía la flexibilidad interna únicamente como un embudo para modificar, en el ámbito de la empresa, los acuerdos de la negociación colectiva a voluntad e interés único del patrón.

Aunque no se configure como una de las reformas de mayor calado estructural, como sí lo son otras de las pactadas, recuperar una prestación económica para paliar la situación de las personas que peor lo están pasando tiene un gran contenido social en la actual coyuntura, y también una importante e inmediata proyección económica. Con la nueva prestación de 400 Euros para las personas en paro sin subsidio se le hace corregir al Gobierno una concesión a los mercados financieros que no solamente era absolutamente injusta, sino que dejaba fuera del círculo del consumo a más de 600.000 personas, lo cual en nada contribuía a mantener la actividad económica.

El otro día escuchaba en un programa de televisión a un dirigente patronal de Canarias decir que en realidad este acuerdo económico y social es un acuerdo de pensiones, y creo que tiene alguna razón. Cuando hablamos de la sostenibilidad del sistema de pensiones los sindicatos siempre hemos planteado que hay que hablar también de los empleos futuros. De cómo debe ser el mundo del trabajo y el modelo productivo y energético en las próximas décadas. Los empresarios insisten mucho en que el futuro del empleo depende del mercado de trabajo, pero nunca la creación de empleo dependió, en ninguna parte del mundo, tanto del mercado de trabajo como de la naturaleza y estructura del modelo productivo. Por esta razón los sindicatos hemos insistido en incluirle al pacto social importantes compromisos para desarrollar acuerdos en materia de política industrial y energética, así como un plan de choque que impulse la entrada en el trabajo de los colectivos que mayor problema están encontrando para esto, jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Se ponen así las bases para trabajar sobre el futuro del mundo del trabajo. Un futuro que debe bascular en torno a empleos en sectores articulados con inversiones más productivas y de mayor valor, que generen derechos y salarios suficientes para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.

Quedan sin embargo abierto el conflicto en lo que tiene que ver con la reforma laboral impuesta unilateralmente por el Gobierno. Una reforma laboral más diseñada para facilitar y abaratar el despido que para la creación de empleo, que los sindicatos no vamos a asumir, y que cambiaremos, si impera la razón en el Parlamento, cuando tenga que volver a tramitarse esta Ley como consecuencia de la Iniciativa Legislativa Popular que estamos poniendo en marcha Comisiones Obreras y UGT.

Frente a los augurios de colapso del sistema, que repiten cíclicamente los que llevan varias décadas intentándolo privatizar, se sigue garantizando el derecho a percibir una pensión que constituya la renta principal y suficiente de los y las actuales y futuros pensionistas. Todo ello mediante un fortalecido del sistema público de reparto, teniendo que alejarse el Gobierno de las tentaciones de confluir hacia un sistema mixto con participación de la banca privada. Algo que daría hasta escalofríos viendo cual ha sido la evolución de la banca en estos últimos años, y comparándola con la fortaleza demostrada por nuestro sistema público de pensiones durante los peores años de la crisis económica.     

Pedro Costeras

3 de Febrero de 2011

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