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ASAMBLEAS INFORMATIVAS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

jjarteaga.canarias.ccoo.es | 23 Julio, 2009 23:43

El 23 de Julio tuve la ocasión de asistir a la asamblea de inmigrantes que el sindicato convocó en el Centro Cultural de Los Cristianos (Tenerife). Los días anteriores se celebraron también sendas asambleas en Fuerteventura y Gran Canaria. El objetivo de estas asambleas fue el de explicar a los trabajadores/as inmigrantes la reforma actualmente en trámite de la ley de extranjería y las últimas novedades en materia de normativa de inmigración. Estuvieron presentes en las mismas José Antonio Moreno y Nuria Rico de la Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones y Luc André Diouf, Secretario de  Migraciones de CCOO Canarias.

Para mí, fue muy gratificante el poder estar  en un acto como éste, con una sala abarrotada por un colectivo especialmente castigado por la actual crisis. Efectivamente, la población inmigrante residente en Canarias es uno de los colectivos donde la crisis está teniendo mayor incidencia por el tipo de contratación al que ha estado expuesto (contratación temporal) y por los sectores donde ha estado ejerciendo su actividad laboral: construcción y servicios. Aunque esta mayor incidencia no se refleja suficientemente en los registros oficiales del paro registrado en Canarias. Efectivamente, en Canarias, el número de desempleados registrados, al finalizar en mes de Junio, fue de 248.325, lo que supuso el 6,97% del total del Estado (3.564.889 personas). De ellos, el número total de parados extranjeros fue de 27.262 (10,98% del total), lo que supuso una reducción de 262 con respecto a Mayo. Los no comunitarios suponen 18.564 personas. 

El número total de beneficiarios de prestaciones por desempleo existentes a final del mes de Mayo fueron 161.463 (un 64,67% con respecto al total del paro registrado en ese mes). El número de beneficiarios extranjeros fue de 20.448 (el 12,86% del total de beneficiarios), de los cuales, 14.412 son no comunitarios. Probablemente, el porcentaje de extranjeros no comunitarios en situación de paro y sin prestaciones de algún tipo es mayor.

La inmigración ha sido un elemento esencial para sostener la creación de riqueza y el nivel de crecimiento experimentado en las islas. La crisis nada tiene que ver con ella y en estos momentos de dificultad no podemos desentendernos de los trabajadores inmigrantes que ya consideramos como parte de nosotros.  En los momentos difíciles, se pone a prueba los valores de solidaridad y de integración que preconizamos. 

En relación a lo anterior, quiero saludar como propuestas positivas las anunciadas por Zapatero en su última visita a Canarias en el sentido de una posible reforma de la ley del menor para facilitar el traslado de menores inmigrantes y la de facilitar la contribución de Canarias a la política exterior del Estado como plataforma atlántica para las actuaciones en materia de política de cooperación y relaciones económicas con África. CCOO Canarias celebra la mejora de relaciones entre el gobierno central y autonómico en estas materias y manifiesta su apoyo a la formación e integración de los menores inmigrantes no acompañados, compatible con el traslado solidario a otras CCAA. También apoya las reagrupaciones familiares de los menores en el marco de toda la Unión Europea y el retorno voluntarios de estos vinculados a medidas de formación e inserción en empresas europeas que operen en los países de origen.  

También apoyamos la implicación de las islas en las políticas de cooperación con África Occidental, entendidas en todas sus vertientes y no sólo en las relacionadas con las oportunidades de negocios para nuestros empresarios.  

Pero también hay que ocuparse de los inmigrantes residentes, fortaleciendo las políticas de integración laboral y protección social. En este sentido, confiamos que los acuerdos emanados del diálogo social autonómico y estatal sirvan también para ello, en la medida en que faciliten la puesta en marcha de medidas de choque para afrontar la recesión económica y aumentar la protección social de los sectores más castigados por la crisis y también permitan las transformaciones a medio y largo plazo que nuestra economía necesita. 

En cualquier caso, considero conveniente al respecto, tomar en consideración lo expuesto en el último párrafo de la valoración de nuestro sindicato del proyecto de reforma de la ley de extranjería:  "en el actual contexto de profunda crisis económica que incide especialmente en el mercado de trabajo y, dentro de éste, en los sectores más vulnerables y precarios, cabría valorar el desarrollo de medidas específicas sobre el empleo de trabajadores extranjeros que, con un régimen transitorio, evitasen por ejemplo la limitación tanto geográfica como sectorial de las autorizaciones de trabajo iniciales, esto es, la de todos aquellos que han venido a nuestro país en el último año y la evolución de su sector laboral ha dejado en situación de desempleo y que por dicha limitación no pueden cambiar de sector de actividad o también valorar los periodos exigibles de cotización a la Seguridad Social y necesarios para la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo, adaptándolos a la actual situación, en evitación de que extranjeros que ya se encuentran en España - incluso con sus familias que dependen documentalmente de ellos-  puedan caer en la irregularidad ".  

RESUMEN DE NUESTRA VALORACION DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERIA 

CCOO ha realizado una valoración crítica del proyecto de reforma de la actual ley sobre derechos y libertadas de los extranjeros en España, presentado por el Gobierno del Estado en Noviembre del 2008.                                                          

Por lo que respecta a la forma, el gobierno ha vuelto a reincidir en su peligrosa concepción del diálogo social, en la que tiene en cuenta a los principales interlocutores sociales sólo a efectos de información y consulta, limitándola, además, a las cuestiones relacionadas con el ámbito laboral y alguna cuestión de carácter social. 

Respecto al fondo, hemos de distinguir aspectos positivos y aspectos negativos.  

Dentro de los positivos señalaremos:

 

  1. La incorporación plena de los derechos fundamentales para todos los extranjeros en cuanto personas, independientemente de su condición de extranjeros. 
  2. La plena incorporación con rango de ley de la normativa comunitaria sobre reagrupación familiar y sobre residentes de larga duración  e investigadores. 
  3. La desaparición de la reciprocidad en lo relativo al derecho de sufragio y derecho al voto. 
  4. La equiparación a los efectos de la reagrupación de las uniones libres y pareja de hecho y asimismo resulta interesante el hecho de que a los extranjeros reagrupados se les expida junto con su residencia, la autorización para trabajar, si bien habrá de definirse en vía reglamentaria las condiciones de esa autorización. 
  5. El hecho de fijar, en aras al adecuado dimensionamiento y provisión de los mecanismos educativos, la obligatoriedad de comunicación entre administraciones a fin de prever la incorporación a los centros escolares de niños en proceso de reagrupación.
  6. La plena incorporación del contrato de trabajo del trabajador extranjero y su correspondiente alta en Seguridad Social como clave del sistema de migración laboral.
  7. La aparición del silencio administrativo positivo contemplada en la Disposición Adicional Primera en el plazo de un mes respecto a las solicitudes de modificación de la limitación territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales para trabajar.
  8. La compensación sancionadora que se produce con respecto a los empresarios y empleadores irregulares que serán sancionados conforme a la nueva ley no solo por emplear trabajadores extranjeros en situación de irregularidad sino también si no dan de alta en S.S.. o contratan trabajadores con autorizaciones no aptas para el sector o ámbito geográfico.
  9. La elevación a rango legal orgánico del proceso de determinación de la situación nacional de empleo así como la elaboración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
  10. El hecho de elevar a rango de ley la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, así como el procedimiento de determinación de la situación nacional de empleo y elaboración del catálogo, introducidos en el reglamento de 2004, a la espera de su mejora en el consiguiente nuevo reglamento. 

Entre los aspectos negativos, destacamos:

  1.  La constante “deslegalización” de muchos requisitos y detalles por una permanente y constante remisión al desarrollo reglamentario lo que genera indefinición legal y más que probable dispersión interpretativa.
  2. La aparición del factor “tiempo de residencia legal en España” como elemento modulador para el acceso a determinados derechos de carácter social.
  3. La restricción de la reagrupación familiar respecto a los ascendientes, limitándola para cuando sean mayores de 65 años y sólo cuando el reagrupante – a su vez- disponga de autorización de residencia de larga duración. Respecto a la exigencia de que el reagrupante disponga de un estatuto de larga duración, esto es, de más de cinco años de residencia legal en España, dicha previsión choca con el periodo exigible en el artículo 8 de la referida Directiva 2003/86 el cual prevé un plazo general de residencia legal previa para reagrupar de dos años, ampliable excepcionalmente a tres años: en el anteproyecto informado se esta exigiendo un plazo – injustificado- de cinco años lo que no concuerda con la normativa comunitaria.
  4. La ambigüedad de la frase final del artículo 18. 2 referente a la disponibilidad de recursos económicos “(…) sin necesidad de recurrir al sistema de servicios y prestaciones sociales”  dado que la amplia extensión del tal concepto puede acarrear otro espacio de indefinición e inseguridad jurídica.
  5. La reiterada ausencia en la concreción de qué se entiende por dichos ”medios económicos suficientes” a la espera de la redacción del reglamento  e idéntica situación respecto a qué se entiende por “alojamiento adecuado”, indefinición que ha generado discrecionalidad en su interpretación y litigiosidad en su aplicación.
  6. El texto del artículo 18.1 referente a cuándo se podrá ejercer el derecho a la reagrupación familiar refiere “cuando hayan obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial” lo cual puede inducir al error de que sólo en ese momento se puede instar la reagrupación y no en otros posteriores del itinerario jurídico-documental del extranjero residente en España, como así es.
  7. La ampliación del plazo de internamiento en casos de expulsión en línea con la Directiva de Retorno y la propuesta un poco más dura del PP, dado que la nueva redacción propuesta diferiría de la interpretación que el Tribunal Constitucional ha establecido para considerar ajustada a nuestra Constitución la figura del internamiento, toda vez que  el plazo de tiempo del internamiento – más extenso que el considerado por el Tribunal Constitucional como bastante, esto es, los 40 días- se prolonga hasta los 60 días, si bien todavía muy lejos de la previsión de la Directiva de Retorno referida cuyo plazo es de hasta los 18 meses.
  8. En un ámbito laboral entendemos como negativa la perdida de ciertos derechos laborales del trabajador extranjero en situación irregular, consolidados en línea jurisprudencial, especialmente en su caso respecto a las prestaciones por desempleo y la contradicción que puede suponer percibir una prestación (por ejemplo, una pensión por incapacidad) y permanecer irregular en España.
  9. La carencia de respuesta para el trabajador llegado a España legalmente con visado y con un contrato de trabajo el cual decae y no se prevén compensaciones o abono de gastos por parte del empresario correspondiente siendo el trabajador el único perjudicado y siendo precisamente la parte más débil y vulnerable.
  10. Resulta criticable que aun estemos esperando para la definición del concepto de alojamiento en condiciones de dignidad e higiene adecuadas previsto para los trabajadores extranjeros en régimen de temporada que tanta problemática esta originando en el ámbito agrario.
  11. Una novedad que merece ser mencionada es el hecho de que se imponga al empleador ilegal de extranjeros en situación irregular o al que no le de de alta en la Seguridad Social cuando tal obligación le fuese exigible, los costes de la repatriación de dicho extranjero, si bien cabe añadir que debería contemplarse - por un principio mínimo de equidad - el resarcimiento por cuenta de dicho empleador de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador que hubiera llegado – con los consiguientes desembolsos económicos por su parte - en virtud de un contrato de trabajo cuya resolución fuese incumplida por el empresario, así como la previsión expresa de que ese trabajador pueda permanecer en España con posibilidad de buscar otro trabajo en la misma provincia y sector de actividad.
  12. Llama la atención cierta voracidad recaudatoria de la administración toda vez que el hecho imponible en los procedimientos de extranjería pasa a ser de la resolución final de concesión a la mera solicitud del trámite correspondiente por lo que se obliga a los extranjeros a un abono anticipado independientemente del resultado del trámite comenzado y su finalización.
  13. También resulta preocupante la desaparición del Consejo Superior de Política Migratoria y sus sustituciones por la Conferencia Sectorial de Inmigración de la cual nada se dice sobre sus competencias, composición, etc.              

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Commentarios

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